Un Senador santacruceño presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de regalías mineras como forma de contrarrestar la avanzada semicolonial que implicará la vigencia del RIGI. Los detalles.

Redacción

En el marco de la discusión en el Senado Nacional respecto de la “Ley Bases”, el senador por la provincia de Santa Cruz, José María Carambia, presentó un proyecto para modificar el régimen de cobro de regalías mineras.

El mismo, se impulsa como parte de los cuestionamientos de parte de los bloques en la Cámara Alta, en función del Capítulo de la “Ley Bases” que instrumenta el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Entre otras consideraciones, el planteo del Senador del “Moveré” – partido distrital de la provincia patagónica -, se basa en que con el RIGI las provincias deberán regalar recursos estratégicos, para las cuales las empresas interesadas “van a invertir igual”. Sentenció además, que las provincias – dueñas de los recursos a partir de lo estipulado en la reforma Constitucional de 1994 – “no somos competentes sobre las regalías”.

Más allá de las posturas políticas respecto de lo que manda la Constitución, lo cierto es que Santa Cruz tiene mucho para aportar en el tema minero. Las empresas extranjeras que explotan oro y plata en la provincia efectúan cerca del 50% de las exportaciones mineras nacionales. Según cifras oficiales, en 2023 Argentina realizó ventas externas en rubro por cerca de 3.900 millones de dólares.

Por otra parte, en la justificación del proyecto, Carambia planteó que el RIGI es “un abuso”; pero que además pretende “incentivar en parte las inversiones mineras, pero la minería ya tiene el incentivo de la Ley 24.196 que le pone un techo de un 3% de regalías y un techo sobre todo a las provincias”. El Senador, ejemplificó comparativamente que en Chile sólo por el litio las regalías van desde el 8 al 40%, o Canadá que impone en su país el 16%.

Recordemos que la mayoría de las empresas que sostienen grandes explotaciones mineras en Argentina son de origen canadiense y australiano. Firmas que, al contrario de lo que establecen las legislaciones de sus propios países, pugnan y presionan permanentemente sobre nuestras provincias para obtener mayores ventajas respecto del cobro de dichas regalías. Uno de los mecanismos es el “canje” de determinada cantidad de años de regalías y otras tasas por la realización de obras.

La legislación nacional vigente plantea que el importe de regalías mineras se encuentra establecido en el tres por ciento (3%) sobre el valor de ‘boca Mina’ del mineral extraído, transportado o acumulado y previo a cualquier proceso de transformación. Además, salvo excepciones, tales regalías se pagan contra Declaración Jurada de las empresas explotadoras, por lo cual el mecanismo deja lugar a dudas respecto de su transparencia al no existir mecanismos de control lo suficientemente exhaustivos.

Según Carambia, ese porcentaje planteado por la ley vigente, “era congruente en el contexto económico que vivía la República Argentina”, al momento de su sanción – mayo de 1993 – donde para el Senador era “necesario fomentar y atraer inversiones para una actividad que, por aquel momento, no se encontraba desarrollada a gran escala en el país”.

Tanto la divulgación del propio Carambia como la realizada por algunas de las fuentes, el proyecto impulsado por el Senador santacruceño, propone modificar el porcentaje de las regalías mineras, por un sistema que establezca que “las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al 30% sobre el valor ‘boca de mina‘ del mineral extraído”.

Es decir, se estira en diez veces el “techo” de tales impuestos, aunque no se impondría un piso mínimo para las mismas. Por lo cual, si bien permite un margen de maniobra mayor a la hora de las negociaciones con las firmas inversoras, lo que se termine fijando por contratos dependerá asimismo del margen de maniobra que cada provincia posea por sí misma.

Un viejo dirigente chubutense propietario de tierras sobre las cuales se realizaron y tuvieron lugar importantes inversiones externas para la explotación minera, plateó hace dos décadas que – a pesar de todo –, ni a la provincia ni al país le convenía la explotación extranjera de esos recursos si de mínima no dejaban entre un 10 o 15% de regalías, y que el control de explotación en boca de mina debía realizarlo el Estado.

Lo ideal para cortar con la dependencia y el despojo de recursos naturales es que el país y las provincias explotan por si mismas los recursos y su trasformación se realice en nuestro aparato productivo nacional. Comparado con esto, la propuesta del chubutense sería inaudita; y la propuesta del Senador santacruceño sería insultante.

Sin embargo, en el actual contexto de entrega que promete agudizarse si es que el RIGI se convierte en Ley, lo que plantea Carambia es una mejor alternativa. Esta en definitiva les pide a las multinacionales que paguen más por el despojo irrecuperable del patrimonio natural estratégico de la Nación.

Visto el escenario y más allá de lo que termine sucediendo en el Congreso, tenga en cuenta el lector la posición de debilidad sobre la que está parada Argentina en términos soberanos.

Nos pasan como alambre caído.

Fuente: Senado Nacional / La Opinión Austral / Archivo