Mediante el Decreto presidencial publicado ayer, se anunció la intervención de todos los medios de comunicación pertenecientes al Estado Nacional. El mecanismo tiene las mismas características que otrora adoptaron los procesos de privatización de las empresas estatales insignia en la década del ’90: empresa que no se vende se liquida.

Redacción

Ayer por la mañana, mediante el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional anunció la intervención de las sociedades del Estado Educ.Ar, Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos por el plazo de un año. Según el texto del Decreto 117/2024, dicho periodo podría ser prorrogado por única vez con sola decisión de la Jefatura de Gabinete de ministros.

Los fundamentos eran los esperables y ajustados a la tradición privatista del núcleo liberal conservador semicolonial argentino – llamados también “neoliberales” -. Se empara en la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 el diciembre de 2025, postuladas tanto en el DNU 70/2023 y en el proyecto de Ley “Bases…”, o “Ley Ómnibus”.
Así, en el marco de una nueva reforma del Estado que enuncia “una profunda reorganización de las empresas públicas», se otorga la misión a cumplir para el interventor designado y su adjunto, que tiene una serie de especificaciones.

En principio, se le confieren a los interventores las mismas facultades que en los estatutos de los medios públicos mencionados, se otorgan a sus Directorios y presidencias – que como tales quedan disueltos -. Asimismo, los funcionarios deberán «elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo».

Eso implica la modificación de los Estatutos de Personal, régimen de administración de fondos, y de ser necesario aprobar un nuevo itinerario presupuestario que obedecerá a la proyección de tales medias a corto plazo. Lógicamente, la modificación de los criterios de destinos de partidas, afectarán a las distintas dinámicas de contrataciones de obras, bienes y servicios; entre ellas sus cambios de denominación.

La normativa especifica asimismo, que los interventores tendrán la facultad de «modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva». Lógicamente, esto incluye auditorías integrales sobre el estado de las instalaciones, los bienes recepcionados, y la revisión de compras y contrataciones.

Por supuesto, en aras de cumplir con la misión encomendada, la “optimización de la gestión administrativa”, obliga a “designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas».

Entre el conjunto de indicaciones, figuran además que el interventor tendrá facultades de representación de las sociedades; y que el jefe de Gabinete de ministros, «dispondrá los ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional a efectos de atender los requerimientos que surjan como consecuencia del presente acto».

En criollo, la decisión sobre los fondos, los destinos presupuestarios, y las normas complementarias que sean necesarias a partir de la aplicación del Decreto, quedan a cargo de Presidencia por intermedio de la Jefatura de Gabinete; y con lo cual la figura de los interventores es meramente ejecutiva. Todos los medios estatales, pasan a manos del mismo boliche.

Debe tenerse en cuenta que en Radio y Televisión Argentina (RTA), están contenidas la Televisión Pública; Canal 12 de Trenque Lauquen; Radio Nacional y sus casi 60 emisoras distribuidas en todo el territorio nacional, incluida Antártida Argentina; más el servicio que presta Radiodifusión Argentina en el Exterior mediante sus canales de onda corta.

Los interventores designados en la normativa para Radio y Televisión Argentina, son el abogado Diego Martín Chaher como titular, Sebastián Marías como adjunto. Ambos además, cumplirán la mismas función ad-honorem en la Agencia Télam, la productora Contenidos Públicos y de Educ.Ar. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro del Interior, Guillermo Francos.

Como reflexión final vale hacer una comparación. Dada la configuración que tiene el mundo en sus esquemas de poder y reparto, para cualquier nación es suicida no contar con una serie de herramientas soberanas que – mal que le pese a los liberales conservadores – deben estar en manos estatales.

Enumeraremos algunas de las principales: bancos, marina mercante, medios de transporte internos, industria siderúrgica y metalmecánica, generación de energía eléctrica, producción hidrocarburos y combustibles, medios de comunicación, y una política de fomento, desarrollo, y distribución de todas las actividades productivas que se desarrollen dentro del territorio.

Todo país que carezca de un Estado que no ejerza cualquiera de esas actividades, a primera vista y cuanto menos, está cediendo soberanía política e independencia económica. Por ende, también justicia social. Repase el párrafo anterior, y analice cuál de todas esas actividades aún – aunque sea con dificultades – ejerce el Estado Nacional.

Pocas, ¿no?

Bueno… También vienen por ellas.

Fuente: B.O. / Télam