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Vuelve a tomar impulso el proyecto que busca incentivar las inversiones en el sector agropecuario. El mismo no tiene condiciones de entrega de soberanía tan insultantes como su gemelo recientemente aprobado. Ocurre que el RIGI del campo, ya tiene casi treinta años de camino recorrido.

Redacción

¿Se acuerda del asunto de la “vaca viva”? ¿Aquello que hace algo más de un mes plantearon algunos diputados respecto que el RIGI estaba orientado fundamentalmente a la minería e hidrocarburos, cuyo estandarte es el yacimiento Vaca Muerta, y pero que el RIGA se encargaría del plano agroindustrial?

Sabemos que todo pasa rápida y vertiginosamente; es lógico que tal vez no se recuerde. Pero bueno… volvieron a la carga los muchachos.

Según un comunicado difundido por CONINAGRO, se están acelerando las reuniones con el bloque de diputados nacionales que lidera Miguel Picheto (Hacemos Coalición Federal) y con la Comisión de Agricultura en la Cámara baja que preside el radical entrerriano Atilio Benedetti.

El objetivo es poder discutir en el recinto lo más rápido posible el proyecto de creación del Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA), una ley que “inyectaría” estímulo a las inversiones agropecuarias y agroindustriales en todo el país.

Desde los bloques de legisladores que empujan la iniciativa, hay confianza de poder tratarla próximamente en la Comisión de Agricultura; y que además, se están tendiendo puentes con la Comisión de Presupuesto – liderada por Espert -, “ya que es fundamental para que la iniciativa pueda salir”; afirmó uno de los protagonistas.

El proyecto se aplica a la producción de todos los cultivos extensivos y economías regionales. Están contemplados en forma explícita: legumbres y hortalizas, frutas y verduras, cultivos perennes, semillas híbridas de cereales y oleaginosas, cría de ganado, engorde, ganados ovinos, camélidos, caprinos, porcinos, producción de leche, aves de corral, producción forestal y servicios vinculados.

También abarca a la molienda de granos y los servicios requeridos para la producción agroindustrial en su conjunto, incluyendo acopio y generación de energía aplicada al sector.

Es decir, aquello que en un país sudamericano que no pretenda continuar en la condición semicolonial ejercería una entidad estatal como podría ser un Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) de este siglo, el proyecto que impulsa el RIDA, pretende entregar esa conducción al capital privado, tal como en otras actividades se propuso y se llevó adelante con el RIGI.

Es más, si nos ponemos finitos y quisquillosos, el RIDA está vigente en Argentina hace tres décadas, sólo que aún – para el mercado – un tanto “desorganizado”. A lo cual, el texto que circula en Diputados viene a “corregir” la situación.

¿Qué proponen?

El grueso de la propuesta retoma lo que se había impulsado durante los meses previos a la campaña presidencial de 2023 a través del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), mediante el cual incluso se hizo circular un extenso trabajo que tenían en carpeta los candidatos del PRO.

El resultado electoral fue el que ya conocemos. La propuesta del CAA no fue recogida por actual gobierno, y dada la excusa del RIGI, el sector volvió ala carga con el tema, a través del RIDA.

El objetivo de la iniciativa es “promover el incremento de la inversión y el empleo, el impulso de la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales”. También intentaría “procurar el aprovechamiento integral de la biomasa y su transformación en bioproductos de alto valor agregado y potenciar la producción de alimentos listos para consumir, productos agroforestales, tecnologías y servicios para el agro”.

El RIDA se propone por tres años, con opción a dos más; y entre los beneficios que se propone para atraer inversiones, se encontrarían una serie de beneficios fiscales, como ser la amortización acelerada de inversiones para deducir del Impuesto a las Ganancias – con el texto que lo regula vigente – en un plazo de dos años. 

Otro punto s que los sujetos alcanzados por el réimen tendrán “estabilidad en los beneficios otorgados luego de adherirse a la Ventanilla Única de la Administración Pública Nacional, mientras cumplan con las verificaciones de las exigencias fijadas por la norma”.

Entre los requisitos a cumplir, se postularían las condiciones de incremento de la producción en al menos uno de los siguientes indicadores: volumen de ventas, volumen de producción física, volumen de exportaciones físicas, cantidad de personal ocupado e inversiones realizadas.

La propuesta del RIDA, encierra un “gesto de buena voluntad” de parte del sector, como ser la no discusión de un “incentivo fiscal a la generación de empleos” y la reducción de las retenciones a la producción agropecuaria. Temen que ambos puntos sean condicionantes para la plena discusión de la Ley.

Ya ve el lector que no se inventa nada. De salir favorable el proyecto en el Congreso, dará mayor margen de maniobra a los “grandes” de la actividad – pooles de siembra, grandes arrendadores y las exportadoras -; dejando campo minado para los productores y prestadores de servicios más chicos.

En criollo, es acelerar el proceso de concentración agropecuaria que se viene desarrollando desde mediados de la década del ’90.

Fuente: CONINAGRO / CAA / NAP

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