A raíz del no cumplimiento por parte de Mendoza de lo establecido oportunamente por la Corte para liberar el cauce del río; y de algunas inconsistencias de la propia sentencia marco, la provincia elevará el reclamo ente la CIDH. La adhesión cuyana al RIGI agrava una situación que ya tiene casi un siglo.
Redacción
La provincia de La Pampa anunció que se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como paso posterior a la sentencia no satisfactoria respecto de las reclamaciones sobre la cuenca del río Atuel, elevada oportunamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) en su litigio contra Mendoza.
La noticia fue difundida en el marco del acto llevado a cabo a propósito de la recepción por parte del gobierno pampeano, del informe final de un trabajo que se realizó a través de la Consultora de la Universidad Nacional de La Pampa, vinculado a las alternativas para acudir ante los organismos internacionales con el objetivo de efectivizar los derechos reconocidos en la Sentencia de la Corte, por el que Mendoza debe garantizar un caudal de 3,2 m3/s en el ingreso del Río Atuel a la provincia.
Así, el gobernador Sergio Ziliotto, firmó, junto al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez -que encabezó el equipo de investigación-; el presidente de la Fundación Chadi-Leuvú, Alberto Golberg; y el titular de la Asamblea Permanente por los Ríos Pampeanos, Roberto Rodríguez, la demanda que contiene los datos del estudio, los antecedentes del caso, y las actuaciones de la CSJN.
En el acto, Ziliotto dijo que la demanda que se elevará a la CIDH, “es un paso más, 77 años después de lo que fue su primera alerta de Don Ángel Garay le hacía llegar al presidente de la Nación de que había un río que se había cortado, y ya empezaba a manifestar la consecuencia de ese río”. Si bien la CSJN dio reconoció el reclamo pampeano, no esgrime soluciones suficientes para restituir el río a la provincia -que de fondo es lo que importa-, lo cual conllevó una serie de idas y vueltas entre el Ejecutivo Nacional y ambas provincias en litigio. Además, dado que Mendoza aún no cumple con lo establecido en la sentencia, la situación se prolonga en perjuicio de La Pampa.
Al respecto, Ziliotto se refirió al estudio encargado, afirmando que “la Universidad planteó que teníamos la obligación de salir del ámbito de nuestro país, ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sabemos si alguna vez la historia una provincia estuvo en rebeldía ante una sentencia de la Corte por más de cuatro años. Eso nos lleva a nosotros a hacer lo que estamos haciendo, y a ponernos en alerta permanente”.
El mandatario hizo referencia al proceso de adhesión al RIGI que atravesó a la provincia de Mendoza, donde se habilitaron las condiciones para incentivar la actividad minera. Desde los ojos de Ziliotto, tanto el RIGI como los argumentos mendocinos de adhesión “como mínimo soslayan, y no sé si avasallan, las competencias provinciales en la disposición libre de nuestros recursos naturales”.
El mandatario fue concreto respecto de este tema: “el principal insumo que tiene la minería es el agua. El RIGI pone como beneficio de las empresas el acceso ilimitado prioritario, y el principal insumo del agua en Mendoza es el agua de La Pampa, entonces tenemos que ver también en qué estamos retrocediendo en ese sentido”.
Fuente: Gobierno de La Pampa
