Ruanda: bajo la fachada de la democracia de consenso

25 años después de que el Diálogo Interruandés diera origen a la “democracia de consenso”, ha llegado el momento de revisar y renovar el sistema.

Por Denise Zaneza*
En el Día Internacional de la Democracia, las naciones se unen para celebrar los valores fundamentales que definen a las verdaderas sociedades democráticas: el estado de derecho, la participación ciudadana activa, las instituciones independientes y un profundo respeto por los derechos humanos. Sin embargo, en Ruanda, bajo el liderazgo del presidente Paul Kagame, estos principios siguen siendo en gran medida teóricos. A pesar de la retórica de Kagame sobre una “democracia única” adaptada al contexto de Ruanda, una narrativa que a menudo se repite en plataformas internacionales como en la recién concluida Cumbre de 2024 del Foro de Cooperación China-África durante la cual expresó que “cada país debe trazar su propio camino que se alinee con su contexto, historia y aspiraciones únicos”. La realidad sobre el terreno contrasta marcadamente con estos ideales. Ruanda ofrece un ejemplo preocupante en el que la apariencia de progreso y gobernanza democrática enmascara un régimen profundamente represivo.

El gobierno de Ruanda afirma que opera bajo una “democracia de consenso”, un sistema acordado durante el diálogo interruandés que tuvo lugar en 1999 y que supuestamente está adaptado al contexto único del país posterior al genocidio. La idea detrás de este modelo es promover la unidad y evitar la política divisiva mediante la toma de decisiones por consenso en lugar de por mayoría. Sin embargo, la forma en que esto se pone en práctica viola la Constitución de Ruanda, que consagra principios democráticos como el pluralismo, elecciones justas y libres y el derecho a la participación política.

En realidad, la denominada democracia de consenso de Ruanda es un mecanismo para reprimir la disidencia y mantener el control del poder del partido gobernante. Silencia efectivamente las voces de la oposición, dejando poco espacio para un discurso político genuino o para la competencia. De ese modo se socavan las disposiciones de la Constitución en materia de democracia, derechos humanos y libertades civiles, reduciéndola a un mero documento con escasa incidencia en el panorama político real.

La verdadera democracia prospera gracias a la participación activa de sus ciudadanos. Sin embargo, en Ruanda, esto es muy deficiente y el país se encuentra muy por debajo del promedio del África subsahariana en cuanto a “voz y rendición de cuentas”. En Ruanda, la oposición política no sólo se ve desalentada, sino que a menudo se enfrenta a graves intimidaciones, acoso e incluso encarcelamientos.

Un claro ejemplo es el de Diane Rwigara, activista y empresaria. Tras anunciar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2017, fue descalificada, sometida a una campaña de desprestigio e incluso encarcelada. Fue absuelta una vez concluidas las elecciones.

Otro ejemplo clave es el de Christopher Kayumba. En septiembre de 2021, poco después de fundar un periódico en línea llamado “The Chronicles” y establecer una organización política, Kayumba fue acusado de violación. Estuvo detenido durante 17 meses, durante una larga y agotadora batalla legal. Fue absuelto del cargo. Pero la experiencia parece haber tenido un efecto amedrentador: Kayumba no ha hablado abiertamente sobre política desde su liberación.

Estos casos ejemplifican cómo el gobierno de Ruanda reprime sistemáticamente el disenso, utilizando el sistema legal como herramienta para sofocar la oposición política y disuadir a otros de desafiar el statu quo.

Los pocos partidos de oposición que existen están cooptados por el gobierno o funcionan bajo severas restricciones, lo que hace casi imposible la participación ciudadana significativa. Este ambiente sofocante no sólo contradice el espíritu de la democracia, sino también la letra misma de las garantías constitucionales de Ruanda.

En Ruanda, los poderes judicial, parlamentario y ejecutivo están profundamente interrelacionados y funcionan más como herramientas de la élite gobernante que como instituciones independientes que defiendan el imperio de la ley. En lugar de actuar como frenos al poder, sirven para reforzar el control autoritario del presidente Paul Kagame sobre el país.

Quienes se atreven a desafiar o se percibe que cuestionan la narrativa del gobierno son detenidos rutinariamente bajo cargos vagos o inventados. Muchos nunca reciben un juicio justo, y algunos enfrentan consecuencias nefastas, incluida la desaparición o incluso la muerte mientras están bajo custodia de las autoridades. Tomemos el caso de Boniface Twagirimana, un miembro destacado del partido de oposición FDU-Inkingi, quien desapareció misteriosamente de una prisión de alta seguridad en 2018, mientras las autoridades afirman que se escapó. Hasta el día de hoy, se desconoce su paradero, y muchos creen que fue asesinado mientras estaba detenido. Su caso es emblemático de un patrón más amplio de detenciones arbitrarias y desprecio por los derechos humanos básicos.

La muerte de Kizito Mihigo, un popular cantante de gospel, ilustra aún más el control que el régimen tiene sobre el sistema judicial. Mihigo fue arrestado en 2020 por supuestamente intentar huir del país y fue encontrado muerto en su celda poco después. Las autoridades afirmaron que se trató de un suicidio, pero la falta de una investigación exhaustiva e independiente no hace más que subrayar la cultura de impunidad que prevalece en Ruanda. Como destaca el informe de Human Rights Watch “Join Us or Di” , las fuerzas de seguridad del gobierno ruandés han recurrido sistemáticamente a ejecuciones extrajudiciales y desapariciones para eliminar cualquier amenaza percibida al régimen de Kagame.

En algunos casos, Ruanda llega al extremo de incumplir sus obligaciones internacionales. El caso de Victoire Ingabire, una figura destacada de la oposición, es un claro ejemplo de cómo Ruanda violó el sistema jurídico internacional. En 2010, Ingabire fue detenida y condenada a 15 años de prisión por cargos de terrorismo y amenaza a la seguridad nacional, con motivaciones políticas. El gobierno ruandés ignoró un fallo de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que la absolvió de todos los cargos.

Además del poder judicial, el parlamento de Ruanda también carece de independencia y funciona más como una institución que se limita a dar visto bueno a las políticas de Kagame que como un organismo que representa la voluntad del pueblo. Los debates críticos sobre importantes cuestiones nacionales, como los abusos de los derechos humanos o el trato a los presos políticos, brillan por su ausencia en las sesiones parlamentarias. Los parlamentarios, muchos de los cuales deben sus cargos a su lealtad al partido gobernante, se abstienen de desafiar al ejecutivo, lo que afianza aún más el régimen autoritario de Kagame.

En este sistema, el poder ejecutivo ejerce un poder sin control y Kagame controla casi todos los aspectos de la gobernanza ruandesa. Esta consolidación de la autoridad no deja margen para el funcionamiento independiente de otras ramas del gobierno. Las leyes se aplican de forma selectiva para atacar a los críticos de Kagame, mientras que sus partidarios permanecen inmunes a la persecución, incluso cuando se los implica en abusos graves.

Ruanda cuenta con una de las tasas más altas de representación femenina en el parlamento, una estadística que a menudo se elogia como una señal de progreso. Sin embargo, este logro oculta un problema más profundo: el parlamento ruandés está lejos de ser independiente, ya que la gran mayoría son miembros del partido gobernante . Funciona más como un órgano que se limita a dar su visto bueno al ejecutivo que como un control de su poder.

A pesar del alto porcentaje de mujeres en el parlamento, su presencia no contribuye a promover la democracia ni los derechos humanos. Estas parlamentarias rara vez, o nunca, se pronuncian en contra de los abusos de los derechos humanos o cuestionan las acciones del gobierno. La alta tasa de representación femenina es, por lo tanto, una fachada que se utiliza para reforzar la imagen internacional de Ruanda y, al mismo tiempo, ocultar la realidad de su gobierno antidemocrático.

Ninguno de los casos mencionados ha sido debatido en el Parlamento, lo que pone de relieve la falta de independencia del órgano legislativo de Ruanda. Esta ausencia de debates críticos sobre cuestiones urgentes de derechos humanos es una clara indicación de que los parlamentarios ruandeses no tienen libertad para actuar de forma independiente, sino que se ven limitados por los intereses del partido gobernante.

Las elecciones de 2024 en Ruanda han vuelto a poner de manifiesto el profundo déficit democrático del país. La victoria aplastante, casi estalinista, que se adjudicó Paul Kagame refleja los patrones de elecciones anteriores, en las que los resultados estaban predeterminados y las voces de la oposición silenciadas. Este resultado no refleja un proceso democrático genuino, sino la continuidad de un régimen que utiliza las elecciones como fachada para mantener el control, sofocando cualquier competencia política real o disenso.

A los líderes de la oposición como Victoire Ingabire, Bernard Ntaganda y Diane Rwigara se les prohibió participar. Los tres habían sido objeto de acoso, encarcelamiento y recursos legales con el fin de impedir que planteara cualquier desafío político serio.

La exclusión de los candidatos de la oposición genuina garantiza que los resultados de las elecciones sean una conclusión inevitable, lo que afianza aún más el dominio del FPR. Un proceso de este tipo no puede considerarse una elección libre o justa, sino más bien una continuación del régimen dictatorial de Ruanda bajo el disfraz de la democracia.

Los informes de organizaciones internacionales como Freedom House y Human Rights Watch pintan un panorama sombrío de las credenciales democráticas de Ruanda. Freedom House califica constantemente a Ruanda como un país “no libre”, citando severas restricciones a los derechos políticos y las libertades civiles. Human Rights Watch ha documentado numerosas violaciones de los derechos humanos, incluida la represión de los medios de comunicación, la detención arbitraria y la persecución de opositores políticos.

Estos informes ponen de relieve la urgente necesidad de que la comunidad internacional reevalúe su compromiso con Rwanda. La situación actual en el país no es sostenible, y el apoyo internacional continuo sin rendición de cuentas no hace más que envalentonar al gobierno ruandés para persistir en sus prácticas represivas.

La democracia genuina, caracterizada por elecciones libres y justas, participación política abierta y medios de comunicación independientes, amenaza el control del poder de Paul Kagame de varias maneras. La democracia incluye la competencia y el disenso, dos elementos que el gobierno de Kagame ha suprimido históricamente. También encarna la separación de poderes y podría exponer abusos de los derechos humanos y otras fallas del gobierno de Kagame.

Mientras el mundo conmemora el Día Internacional de la Democracia, es esencial que la comunidad internacional mire más allá de la imagen cuidadosamente cultivada de Ruanda y enfrente las crudas realidades de su gobierno. La fachada democrática del país no debe confundirse con prácticas democráticas genuinas. Los líderes ruandeses deben rendir cuentas y la comunidad internacional debe exigir reformas significativas que prioricen el estado de derecho, los derechos humanos y la participación ciudadana auténtica.

En el pasado, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, se ha enfrentado a presiones de los financiadores occidentales, en particular de Estados Unidos y el Reino Unido, para que impulse reformas democráticas. Durante el Examen Periódico Universal de Ruanda de 2021, el Reino Unido emitió una declaración pública en la que instaba al gobierno ruandés a fortalecer la gobernanza democrática , lo que incluye fomentar la libertad de prensa y garantizar unas elecciones más transparentes.

De manera similar, cuando el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, estuvo de visita en Ruanda en 2022, expresó públicamente su preocupación por las violaciones de los derechos humanos y la necesidad de que Ruanda amplíe las libertades políticas para abordar cuestiones como la detención de críticos del gobierno como Paul Rusesabagina. Washington enfatizó la importancia de proteger la libertad de expresión y crear más espacio político para los partidos de oposición. Si bien estas presiones reflejan un interés occidental más amplio en promover los derechos humanos y las normas democráticas en Ruanda, es necesario hacer mucho más.

De la misma manera que Rwanda adoptó una forma de democracia de consenso mediante el diálogo interrwandés en 1999, ahora es el momento de revisar y renovar ese sistema y abordar las debilidades que se han manifestado en los últimos 25 años. Es necesario, en efecto, celebrar un nuevo diálogo interrwandés que reúna a funcionarios gubernamentales y a la oposición política, así como a la sociedad civil de dentro y fuera de Rwanda, para acordar un marco político que aborde cuestiones como la exclusión política, la falta de participación ciudadana y el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho que caracterizan la democracia de consenso existente que se ha practicado en Rwanda en los últimos 25 años.

En conclusión, la falta de democracia en Ruanda no es sólo un problema interno, sino una preocupación mundial que exige una acción inmediata. La comunidad internacional debe apoyar al pueblo ruandés en su lucha por una democracia verdadera, una en la que se escuche su voz, se respeten sus derechos y sus dirigentes rindan cuentas. Sólo mediante esfuerzos colectivos Ruanda podrá encarnar verdaderamente los valores de la democracia, no sólo hoy, sino en el futuro.

*Denise Zaneza, activista de derechos humanos dedicada a defender la paz, la democracia y el estado de derecho en Ruanda y la región de los Grandes Lagos en general. Artículo publicado originalmente en Argumentos Africanos.

Fuente: PIA