Se declaró la emergencia agropecuaria en el Chaco

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Se declaró la emergencia agropecuaria en el Chaco

Días pasados, mediante una Resolución ministerial de la cartera de Agricultura nacional, se dió se declaró la emergencia agropecuaria para la provincia del Chaco. El plazo de la misma es de seis meses y apela a que las instituciones bancarias acerquen medidas accesibles para los productores afectados. Algo que encamina al mayor endeudamiento del sector. Redacción

A causa de la falta lluvias que afecta principalmente a los departamentos de General Güemes, Almirante Brown, 9 de Julio, Chacabuco, 2 de Abril y Santa María de Oro, traerá aparejadas consecuencias críticas para el sector agropecuario dada la reducción del área de siembras y mortandad de animales. Según la información brindada por las dependencias de Agricultura y producción del gobierno de esa provincia, la cantidad de hectáreas que se pondrán a la producción de reducirían a una cuarta o quinta parte según la zona. El girasol por ejemplo, que involucró en campañas anteriores entre 200 y 250 mil ha., en esta temporada apenas superaría las 50.000.

En cuanto a la ganadería la escasez de agua y pasturas tendrán como consecuencia la mortandad, dificultades en la preñez y parición, y los menores pesos de los terneros al nacer.

Meses después de la solicitud provincial, el Ministerio de Agricultura de la Nación declaró la emergencia agropecuaria para la provincia del Chaco (Res. 225/2020). La misma se extenderá hasta el 1° de abril de 2021 para las explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas afectadas por sequía en todo el territorio provincial.

Los productores afectados, deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos. Luego, la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios analizará el listado, e intercedería ante las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que arbitren los medios necesarios para que los productores agropecuarios gocen de los beneficios previstos.

El plazo de seis meses que comprende la declaración es insuficiente teniendo en cuanta los ciclos y dinámicas propias de la actividad agropecuaria. Distinto sería si el Estado Nacional y su par provincial impulsaran políticas para garantizar precios sostenes a la producción, coberturas securitarias, y tomara control de los contratos y la trazabilidad de la producción.

Fuente: Boletín Oficial de la Nación / Agencia Télam

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