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El Gobierno anunció la privatización de Belgrano Cargas y Logística SA. La decisión del Ejecutivo Nacional se conoció a través de la conferencia del vocero presidencial, y de los inefables comunicados de “La Oficina del Presidente”. La “novedad” se desprende del régimen de entrega del patrimonio argentino reglamentado con la llamada “Ley Bases”.

Por Pablo Casals

Durante la jornada de ayer, el Poder Ejecutivo Nacional a cargo de Javier Milei dio a conocer la decisión de privatizar de la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima. De esta manera, se someterían al régimen de concesiones 7.600 km de vías férreas y su infraestructura complementaria, que como se ha dado cuenta en estas páginas en varias oportunidades, el Estado Nacional destinó recursos públicos en los últimos años para su reactivación, aunque nunca impulsó una política firme para la logística de cargas ferroviarias.

Según se supo, el proceso licitatorio quedaría en manos de la denominada Agencia de Transformación de Empresas, dependencia a cargo de Diego Chaher.

En la habitual rueda de prensa, el vocero Manuel Adorni fundamentó la iniciativa del Ejecutivo, asegurando que durante 2023, “el Estado puso 112 millonetis de dólares en esta empresa, dinero que salió de cada uno de nosotros, de todos los argentinos”, y remató la sentencia aduciendo que el deficiente estado del sistema ferroviario de cargas data desde hace medio siglo.

Hay algo en los dichos del vocero que goza de veracidad: el proceso económico productivo -y siempre político- iniciado durante la última dictadura cívico militar que el actual Gobierno reivindica y enaltece, dio impulso al vaciamiento y posterior desmembramiento del sistema logístico nacional, del cual el ferrocarril de cargas era un vector fundamental.

Tales políticas no tuvieron una decisión firme de recuperación durante el gobierno de Raúl Alfonsín; lo cual justificó la célebre frase erigida durante el menemismo: “ramal que para, ramal que cierra”. Consigna que el dos veces primer mandatario, Carlos Menem, y su continuador -Fernando De la Rúa-, cumplieron a rajatabla.

Ya en el siglo XXI, si bien algunos gobiernos impulsaron tibiamente algunas políticas de reactivación del vector ferroviario, nunca abandonaron la concepción primarista del modelo productivo; como tampoco se emprendió con agresividad un plan para recuperar los fletes de carga y su expansión sobre el territorio nacional.

Siguiendo la lógica liberal colonial, la inversión pública sobre el sistema de cargas ferroviarias, siempre apuntó a que una vez reactivado, su explotación y operatividad sea traspasada al capital privado, a cambio de poseer cierta presencia en el paquete accionario. Tal sucesión de desaciertos, nos trajo hasta acá.

De esta manera, a partir de ahora, el proceso queda a merced de la ejecución de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía quien adelantó el inicio de las privatizaciones.

Chaher, su titular, comunicó que “el Estado no es empresario, por eso todas las empresas del Estado se van a abrir a capitales privados y se someterán a procedimientos para restringir y finalizar completamente la participación estatal en las mismas”.

Asimismo, pondrá en práctica aquél deseo tan ponderado por el massismo y el exmandatario Alberto Fernández: marchar hacia una infraestructura de “acceso abierto”. Para que se comprenda el significado de esa propuesta, haga de cuenta el lector que la vía férrea es una ruta concesionada, donde múltiples empresas de transporte de cargas y pasajeros, utilizan la misma a cambio de un canon de uso -o peaje-.

Hasta el momento, el Belgrano Cargas operaba tres líneas ferroviarias y cubrían 7.600 kilómetros. Según el anuncio, se impulsarán siete concesiones -una por vía-, “con derecho a cobro de peaje y que incluirá el traspaso de los empleados afectados a la misma. Dos concesiones de locomotoras que permitirá incentivar la competencia que incluya a sus respectivos conductores, dos concesiones de vagones y dos concesiones de talleres que incluyan a los empleados asociados”, detalló el funcionario.

Para finalizar el asunto, el comunicado de la cuenta Oficina del Presidente en la red X (ex Twitter) sentencia la decisión con la siguiente frase: “Se terminó el Estado Empresario”.

Se terminó el símbolo del bienestar del pueblo argentino, y el vector fundamental del Proyecto Nacional.  Milei le pone el moño al proyecto semicolonial que no presentó interrupciones desde 1975 en adelante.

Fuente: Poder Ejecutivo Nacional

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