Sobre nevado, hundido

El Gobierno Nacional, en muestra de su desinterés por la actividad productiva de las provincias que no signifiquen una posibilidad de negocios para las multinacionales dominantes de agronegocios, minería y energía, dio de baja el FRAO. La preocupación en la cadena ovina llega incluso a los productores más grandes.

Redacción

El pasado jueves, a través de la Resolución 650/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional anunció la eliminación del “Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO)”. Entre los argumentos, se afirmó que “el dinero era manejado sin ningún tipo de transparencia”. Cosa que desmienten los propios productores.

Desde el Gobierno se argumentó que la medida fue tomada a partir de un informe técnico elaborado por la Secretaría de Bioeconomía, “del cual surge que las condiciones que motivaron la creación del ‘Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO)’ no se encuentran dadas en el contexto actual”.

La propia Vocería de la Nación, a cargo de Manuel Adorni, explicó que el FRAO “manejaba 3.000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia” y sostuvo que “desde su creación (hace ya más de 20 años) tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector”. Asimismo, aseguró que el Ejecutivo “ayudará al sector afectado por las inclemencias climáticas”.

De hecho, como se recordará, tres semanas atrás el Gobierno anunció que se enviarían $1.300 millones a las provincias patagónicas afectadas por la ola de frío polar, entre las que estaban Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Según las fuentes, de tales fondos Santa Cruz recibió $500 millones, para destinar a la compra de alimento para el ganado ovino y combustible con el fin de que la maquinaria pueda abrir caminos. Chubut recibió $300 millones, la mitad destinada al alquiler de maquinaria y la otra mitad a la compra de alimentos para el ganado ovino. En el caso de Río Negro, se remitieron 200 millones de pesos para la compra de alimentos para ganado ovino.

El parte oficial agrega que el resto del dinero que conformaría la partida prometida, fue destinado a cubrir gastos logísticos y combustible de las Fuerza Aérea Argentina.

Por otra parte, el Gobierno anunció que los recursos que constituían el Fondo pasarán a manos del tesoro nacional, quién asumirá las responsabilidades transitorias tanto en materia de cobro de acreencias, bienes, derechos y juicios que tuviese el fondo fiduciario; y se estipuló un plazo de 90 días corridos desde la publicación de la resolución para que sea instrumentado el traspaso.

Con estas noticias, el malestar de los productores se acrecentó. Desde la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas, la Federación de Rurales de Chubut y la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro – todas integrantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)-, plantean la necesidad de una Ley Ovina.  

Pero además, la derogación del mencionado Fondo “es un pecado que puede acarrear efectos desbastadores para la actividad». Asimismo, alegaron que la ley que data de 2003, ha sido para el sector, una herramienta que ha permitido el crecimiento, consolidación y formalización de las majadas. Además, contribuyó gratamente en la posibilidad de dotar a la actividad de infraestructura, a las mejoras genéticas, y era un mecanismo netamente transparente.

Por otra parte, sentenciaron que la decisión deriva de un profundo desconocimiento y “centralismo que no tiene la capacidad de ingresar minuciosamente a los territorios profundos para ver cómo una excelente herramienta pudo transformar y hacer crecer la actividad ovina en el país».

Finalizando, las entidades argumentaron que, durante los últimos años, el sector sufrió un profunda descapitalización y falta de rentabilidad, a lo que se suma la situación climática extrema. Afirmaron que, en los últimos 12 meses, las asistencias económicas fueron equivalentes a 45 peros por animal y un promedio de $ 33.000 por productor. Asimismo, el 90 % de los proyectos aprobados y pagados, son préstamos y por lo tanto con devolución, no son subsidios». Como bien dice la resolución gubernamental, es dinero que vuelve al erario Nacional.

Fuente: PEN / BO / Todo Agro