Días atrás, se multiplicaron los festejos y homenajes conmemorando los 200 años de presencia argentina en Malvinas, y por ende de ejercicio de soberanía tanto en las islas como en el Atlántico Sur. Hace algunas semanas también tuvieron lugar una serie de actos recordando los 115 años de presencia ininterrumpida por parte de Argentina en el continente antártico. Sin embargo, de forma inverosímil, todavía se discute la necesidad – o no – de un cruce soberano desde Santa Cruz a Tierra del Fuego. Redacción

La Constitución de la Nación Argentina establece en su espíritu, que la soberanía sobre el territorio nacional es un ejercicio impostergable. Cada vez que se conmemora algunas de las tantas gestas de nuestra historia, se declaman a viva voz los legítimos derechos sobre el Atlántico Sur, sus islas, la Antártida Argentina; y también la necesidad de fortalecer el desarrollo de la Patagonia. Pero, a la hora de los bifes, el novio no aparece.

Una de las tantas causas postergadas por los sucesivos gobiernos argentinos en contra de su propio pueblo es el cruce por aguas argentinas, desde la provincia de Santa Cruz hasta la provincia de Tierra del Fuego. Aunque parezca mentira, eso todavía no existe en forma concreta, aunque haya una ley que lo establezca y reglamente, sendos presupuestos para la realización de las obras y construcciones navales necesarias, y un fideicomiso de 100 millones para pagarlas.

Para quién no esté al tanto, quién hoy pretenda llegar a Tierra del Fuego puede hacerlo por dos vías: por avión – pagado costosisimos pasajes –; o por Chile, usando el servicio de cabotaje Punta Delgada-Bahía Azul (también caro, de mala calidad, con demoras injustificables, y el permanente maltrato de los carabineros trasandinos).

El cruce por aguas argentinas a esta altura es una de las banderas fundamentales que debe levantar el federalismo nacional. Para una Argentina marítima que permanentemente declama desde su Poder Ejecutivo los derechos soberanos sobre el Atlántico Sur, que posee su centro geográfico en la isla de Tierra del Fuego, y que desde hace más de 180 años que posee parte de su territorio invadido por el Reino Unido, no es cosa menor consolidar la posición nacional en esa región.

Tierra del Fuego debe constituirse como base aeronaval por su ubicación estratégica que une los dos continentes que conforman el territorio argentino y por la posición del enclave en términos geopolíticos, si se mira un mapa planisferio como si fuera un tablero de juego. ¿O creen que es casualidad que Inglaterra no resigne la invasión de la zona? ¿O que otorgue licencias de pesca ilegales a otros países para que saqueen recursos argentinos?

La ley, el fideicomiso y el presupuesto

La ley 26.776/12 de Cruce por Aguas Argentinas hace justicia con el pueblo argentino residente en Tierra del Fuego – principal rehén de la situación – y constituye un avance soberano sobre el control del Estrecho de Magallanes y de nuestro mar. La norma establece que el cruce debe implementarse “entre los puntos operativamente más apropiados en orden a la menor distancia posible”; es decir entre Cabo Vírgenes (Santa Cruz) y Cabo Espíritu Santo (Tierra del Fuego).

La ley también dispone que el cruce debe tener una “conexión marítima” entre ambas provincias “a través de buques porta rodantes”. Respecto de cómo costear las obras obras, en 2015 el entonces Ministro de Economía de la Nación Axel Kicillof asignó vía Fideicomiso 100 millones de dólares (Decreto 1423/2015) y fue incluído en el Presupuesto Nacional para 2016 (Ley 27.198).

Atento a toda esa normativa vigente, en octubre de 2015, el Astillero Río Santiago emitió un presupuesto de obra a pedido del Foro Naval Argentino, que incluía el diseño de las embarcaciones adecuadas para el cruce de acuerdo a las condiciones de navegación de la zona, varadas estáticas, e infraestructura portuaria necesaria, para una demanda no menor a: 90 camiones, 8 colectivos y 150 automóviles diarios, más 725 pasajeros asociados a dichos vehículos. Magnitudes que se duplican con la operatoria de otro buque similar, que navegue en forma simultánea y en sentido contrario.

El presupuesto también contempla la demanda inmediata de 10 mil puestos de trabajo (3.000 en Ensenada, sede del Astillero; y 7.000 en Santa Cruz y Tierra del Fuego asociados a los dos puertos). El presupuesto, proyectado a dos embarcaciones, no superaba los 70 millones de dólares. Por lo cual, sobraría dinero en el Fideicomiso para construir los puertos necesarios.

Es sabido también que las actuales autoridades provinciales de Tierra del Fuego y de Provincia de Buenos Aires (responsable del Astillero) poseen toda la documentación, planos, fundamentos y los números expuestos. Por tanto es sólo voluntad política lo que estaría faltando. Sin embargo, el interés del capital privado es lo que se opone a los derechos soberanos del pueblo argentino. Atento al daño histórico y permanente que sufre la población fueguina, y la resignación de exprofeso de ejercer control sobre el territorio nacional por parte de los sucesivos gobiernos, la no concreción del Cruce por Aguas Argentina es, a estas alturas, un crimen de Lesa Patria.

Fuentes: Info Veloz / Foro Naval Argentino / Boletín Oficial de la Nación