El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, anunció que prorrogará hasta el 30 de noviembre de 2023, la concesión de las instalaciones de la ex Junta Nacional de Granos a Terminal Quequén S.A.. El gobernador Kicillof tiene servida una situación, que podría transformar la situación de subordinación total del Estado provincial – y nacional también -, optando por la conformación de una empresa testigo estatal que ejerza la actividad. Tiene un año de juego, para tomar una decisión que además de soberana es netamente política.

Por Pablo Casals

Finalmente el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ) resolvió prorrogar la concesión de las instalaciones de la Ex Junta Nacional de Granos al conglomerado de empresas que conforman Terminal Quequén S.A.. Así, la situación continuará en los mismos términos hasta el 30 de noviembre de 2023. El actual contrato, que data de 1992, venía el próximo 22 de noviembre.

Según trascendió, tanto Jorge Álvaro – presidente del CGPQ – comenzaría a trabajar en la confección de los pliegos licitatorios que supuestamente estaban listos meses atrás. La decisión de esta línea de avance, habría sido tomada por el gobernador Kicillof, el ministro Costa, y el titular del ente portuario.

Las versiones más fuertes, sumadas a los antecedentes inmediatos de la gestión en cuanto a su accionar ante este tipo de situaciones, indicarían que el nuevo llamado a licitación perseguiría la obtención de un mejor canon para la caja estatal.

En la actualidad, el consorcio recibe 16 centavos de dólar por tonelada elevada. Originalmente, la “tarifa” era de 40 centavos de dólar, pero una serie de maniobras del concesionario, la “pesificación asimétrica” de 2001/2002, y sucesivas vistas gordas de Directorios anteriores fueron suprimiendo el porcentaje hasta la situación vigente del 40% efectivo. Lo que corre por el ambiente portuario es que la intentona será llevar el canon al valor de U$S 1. Es decir, aumentar el canon “real” en 84 centavos de dólar por tonelada elevada.

Ahora bien, no es la única alternativa que tanto Kicillof, como Costa y Álvaro tienen en la mano. La semana pasada, durante la visita del gobernador a Quequén para la inauguración de un jardín de infantes, el mandatario se reunió con integrantes de la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén y escuchó su propuesta.

El planteo de la organización es tan simple como concreto: impulsa la creación de una empresa estatal provincial que maneje el elevador de granos de la ex Junta Nacional. Es decir, una empresa “testigo” que tenga participación y ejerza la actividad de exportación en todas sus etapas.

Las lectoras y lectores saben cuál es la postura de la redacción ante estas cosas: el ejercicio del comercio exterior de la única actividad con escala global que posee Argentina es la exportación de granos, oleaginosas y derivados primarios (harinas, aceites y pellets). Por lo tanto, es para el país – y las provincias que lo componen – una actividad de carácter estratégico.

Una empresa testigo permitiría además del ejercicio de la actividad, la regulación de la misma ante el complejo agro exportador que está hegemonizado por las exportadoras multinacionales, subsidiarias locales y afines. Argentina, o la provincia de Buenos Aires, en tanto estado soberanos, no poseen ni una pala carbonera para revolear el cereal a una cinta y de allí a la bodega.

Una propuesta soberana al respecto es que como mínimo, el Estado bonaerense preste el servicio de acopio, acondicionamiento, calificación, maniobra y elevación. La de máxima, es que ejerza la actividad atendiendo todos los eslabones de la cadena. Y la tiene servida.

Tal como ha explicado a medios locales, regionales y nacionales Miguel Bayón – uno de los integrantes de la Asamblea – las instalaciones de la Junta en Quequén, que fueron concesionadas a Terminal Quequén S.A., están en manos de las firmas que componen esta última. A saber: Glencore S.A. (Viterra); Cofco S.A., Bunge S.A. y las compañías locales Curcija S.A., Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Centro de Acopiadores de Cereales de Necochea y la Sociedad Rural.

En criollo y para que quede claro: la operan (y facturan) los ingleses, los yanquis, los chinos, los fondos financieros especulativos, la tradicional oligarquía argentina, y algunos de sus alcahuetes vernáculos.

Terminal Quequén maneja el 40% de las cargas que salen de Puerto Quequén; lo que implica aproximadamente el 6,5% del volumen nacional de exportaciones agropecuarias. Algo así como 4.000 millones de dólares a cotización promedio de valor exportado.

Según ha explicado la Asamblea, si ha podido establecer que existe una subfacturación del 30% que se canaliza con diferentes maniobras, tanto en Quequén como en el complejo exportador nacional. Hemos explicado reiteradas veces por esta Redacción, la sub-declaración de producción y transporte de materia prima agropecuaria. Recuerden, el mismo presidente Fernández no pudo negar que como resultante de la campaña 2020/2021, había 50 millones de toneladas de las que se desconocía su paradero.

Tratando de ordenar los elementos sobre la mesa, entendemos que la posibilidad de conformar, al menos en Puerto Quequén, una empresa testigo es una posibilidad que la Provincia tiene servida. Dicen que Kicillof no estaría de acuerdo con ello, porque no posee cuadros técnico-políticos para afrontar el desafío. Si bien, dudamos de ello porque los cuadros existen, cierto es que tampoco se han preocupado por formarlos. En todo caso, hay un año para hacerlo.

Veremos.

Fuentes: Consorcio de Gestión de Puerto Quequén / Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén / medios de la ciudad de Necochea.