La Sociedad Rural Argentina está haciendo correr entre los productores una carta tipo para que reclamen el cobro del “precio lleno” por la mercadería que venden a la cadena exportadora. Una acción institucional de doble juego que nunca le salió mal y que tiene 150 años de vigencia: jugar a dos bandas.
Redacción
Desde lo pura y exclusivamente legal pero que dista bastante de ser lo real, el Poder Ejecutivo Nacional no podría cobrar el tributo por derechos de exportación, dado que dicho plazo venció el pasado 31 de diciembre. Una extensión al mismo estaba planteada en el proyecto de ley de Presupuesto para este año 2022, pero al ser votado negativamente por el Congreso, el tema de las retenciones entró – en términos jurídicos-, en la ilegalidad.
Sin embargo, las mismas se continúan cobrando y se cobrarán también en el futuro, mientras los distintos gobiernos observen a la actividad agropecuaria desde una mirada netamente fiscalista, y siempre estén corriendo detrás de las empresas multinacionales que manejan el mercado mundial de granos y sus socios y rehenes internos.
Uno de ellos, la Sociedad Rural Argentina, anda como siempre, repartiendo concejos a dos bandas. Por un lado, llama a que los productores se vuelquen a las rutas, y paralelamente judicializar el cobro de retenciones. Por otro lado, andan recomendando cómo hacer para cobrar el precio “lleno”; es decir, sin el descuento del ya mencionado impuesto.
Lo hemos explicado en notas anteriores: las “retenciones” las debe pagar la empresa exportadora; que le compra granos a las firmas acopiadoras y éstas a los productores primarios y/o cooperativas – la cadena tiene una serie de complejidades más, pero ese es el esquema madre que la define a su interior -. Sucede desde siempre que la exportadora les transfiere el costo de las retenciones a las que están más abajo y por lo tanto el acopiador cobra menos por tonelada; y los productores mucho menos todavía.
¿Qué está haciendo la Rural entonces? Distribuyendo una carta tipo por todas las seccionales del país, solicitando que cada productor o empresa agropecuaria en forma individual le reclame ala exportadora que le pague la mercadería al “precio lleno”.
¿Por qué decimos que juega a dos bandas? Porque es una maniobra destinada a acumular papeles para que después las exportadoras presionen sobre el Gobierno Nacional sobre el grado de “descontento” que prima en “el campo”. Si eso no funciona, la Sociedad Rural Argentina tendrá margen de maniobra, para decir que el sector agropecuario está a merced del capricho de las multinacionales exportadoras y que el Ejecutivo nacional no las limita ni las controla.
Ambos argumentos son muy ciertos; pero nadie le cree. Sucede que la Sociedad Rural jamás en su historia jugó un papel protector de los intereses nacionales, sino que siempre bregó porque sus propios intereses, sean los objetivos de la Nación.
Ha sucedido también, que la garantía que el mundo posee de que Argentina seguirá con voluntad de ser el vientre cautivo de las cadena global agroindustrial, es que el Gobierno mantenga su mirada netamente fiscalista y “deje hacer”, sin mediar, controlar o ejercer la actividad de exportación. Solamente recaudar.
Y no mucho más; si no nos cree, escuchenlo a Domínguez.

Fuente: AgroFy