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Quienes dicen haber accedido a la “letra chica” del proyecto de acuerdo con el FMI, afirman que el mismo no contempla medidas en contra de las leyes laborales. Sin embargo, a la vista de los rumores y operaciones en danza respecto de la reducción de la jornada de trabajo, es evidente que no hace falta que el Fondo se meta en el asunto: con algunos proyectos de ley de los argentinos, basta y sobra. Están vistiendo de seda a la reforma laboral.

Por Pablo Casals

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que establece los parámetros oficiales respecto de la situación de empleo, el 44,44% de la Población Económicamente Activa (PEA) es asalariado registrado; el 47,41 posee condiciones de empleo irregular o insuficiente; y el 8,15% es desocupado. En buen romance, casi 6 de cada 10 argentinos en edad de trabajar, está desempleado y tiene una situación laboral de mala hacia abajo. No vamos a analizar la composición del número de asalariados registrados porque seguramente encontraríamos falencias; y ni que hablar del apartado siguiente.

Creamosle al INDEC, y visualicemos que de alrededor de 26.350.000 personas en edad de trabajar en Argentina, los asalariados registrados representan 11.710.000; los de condiciones irregulares o empleo insuficiente 12.490.000; y los desocupados puros llegan a los 2.150.000.

Además, sean en blanco o en negro, los salarios promedio alcanzan los $ 50.000, algo menos de US$ 237 dólares reales. No es que nos guste especialmente llevar todo al parámetro de la moneda norteamericana, pero resulta que su valor, ha sido lo único que se ha mantenido constante en Argentina.

A propósito de esto, días atrás publicamos una nota donde dábamos cuenta que tanto desde el Gobierno como desde el ámbito privado, se admitía que el 40% de la actividad económica nacional estaba en situación informal. Es decir, en el mejor de los casos, no paga impuestos; por lo tanto, no puede registrarse oficialmente, más allá de que se sepa que existe: la informalidad, como el delito de contrabando, es parte constitutiva del capitalismo y Argentina no es la excepción.

En esa nota afirmábamos que de registrarse ese porcentaje de informalidad, nuestro país tendría en lugar de 480.000 millones de dólares de PBI, contaría con US$ 675.000 millones.

En el actual cuadro de situación, un trabajador registrado promedio, obtiene ganancias anuales de alrededor de 3.100 dólares (lo que gana mensualmente un estadounidense promedio). Sin industrializar la economía, pero formalizando el mercado de trabajo, el ingreso anual de los trabajadores de triplicaría.

Todo esto viene a cuento, porque desde hace varios días se viene batiendo el parche, sobre una posible modificación a la Ley N° 11.544. La misma estipula que la jornada de trabajo no puede exceder las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Es decir, 8 horas de lunes a sábado; 9 diarias de lunes a viernes, más tres de cumplimiento los sábados.

Obviamente, dentro del trabajo formal rigen en Argentina otros regímenes de trabajo, traccionado fundamentalmente por los Convenios Colectivos, donde se estipulan 40 o 44 horas semanales, según la rama y la actividad. También hay actividades que por su propia dinámica poseen otros sistemas como la pesca, la minería, una parte del trabajo agropecuario; etc. Como vimos, solamente el 44% de los argentinos tiene reglas claras en materia laboral. Es resto, en el mejor de los casos, es un misterio.

Así las cosas, hay sectores que proponen reducir la jornada de trabajo, y las fundamentaciones provienen de países, donde no poseen un 66% de trabajo en negro o desocupación, sino de naciones donde promedian el 80% de ocupación plena, 15% de subocupación, y lo restante es desempleo intermitente, porque la condición de países industriales en el marco del capitalismo así lo requieren y así regulan el mercado de trabajo y la baja de salarios. Pero en Argentina las cosas son diferentes.

Sin embargo, Héctor Recalde -ex diputado nacional por el Frente para la Victoria- por ejemplo, dio una nota a Página 12 días atrás, mencionando que se debe «insistir en que hay que bajar la duración de la jornada» laboral, porque la reducción de la carga horaria «aumenta la productividad y baja los accidentes de trabajo», además de que “podría abrir nuevas fuentes de empleo”.

Otro de los que fomenta la medida es Juan Pablo Chiesa -referente porteño de Aptitud Renovadora-, que argumenta que la reducción además de beneficiar a la productividad, reduce costos, desarrolla la creatividad y crea mejores condiciones de vida. Dice además que ya se implementó en países como Islandia, Noruega, Japón, Suecia, Alemania – Recalde, se refería a Bélgica -.

Según Chieza, que se presenta como abogado laboralista, existe un concepto definido como “calidad de vida – calidad de trabajo”, con el cual se podría “aumentar la productividad y generar mayor empleo genuino, permitiendo al mismo tiempo la reducción de conflictos laborales y una mejor calidad de vida para los empleados”. Para ello también propone un proyecto de ley de “contracción” de la jornada laboral de 48 horas distribuidas en cinco días de trabajo. Es decir: dos jornadas de 9 horas y tres de 10.

Las supuestas pruebas irrefutables radican en que “pueden verificarse sus virtudes en países desarrollados en los que se incrementó un 20% la productividad en las empresas con trabajadores más felices. Los gastos de consumo de electricidad disminuyeron un 25,1% y las impresiones de papeles fueron 58% menores, en comparación con el año inmediato anterior. Además, las empresas tienen una notable reducción de costos, servicios, disminución de gastos de consumo de energía, y otros asociados a la presencialidad”.

Chieza concluye, en que “está demostrado que un empleado satisfecho es un empleado que produce más y mejor. Es por ello que debemos adecuarnos a esta nueva realidad para lograr armonizar la vida laboral y la vida privada de los trabajadores, sin detrimento económico alguno para los empresarios”.

Es cierto, no incrementa los costos empresarios; los reduce. También achica su obligación como empleador. Ciertos beneficios laborales se calculan en base a cantidad de días trabajados; no en horas: antigüedad, aguinaldos, vacaciones, licencias varias, entre otras. No es lo mismo liquidar cargos por un empleado de que trabaja 25 o 26 días al mes, que aquél que lo hace 18 o 20.

Lo que la propuesta busca es lisa y llanamente reventar al que trabaja: que realice la misma tarea, en menos días y por la misma plata.

Tal vez en Suecia funciones de maravillas y en algunos edificios de oficinas de Capital Federal también. Pero en el mundo real, donde los sueldos no alcanzan y las condiciones laborales son pésimas, donde 6,5 de cada 10 personas tiene una condición laboral inexistente o indeterminada, y donde el trabajo que hay es repartir cosas en bicicleta, proponer igualdad de condiciones laborales en términos suecos, es pretender vestir se seda a la reforma laboral que se viene.

Fuente: Ley N° 11.544 / Página 12 / Ámbito Financiero

1 Comment

  1. Martín Ayerbe dice:

    Bien Pablo Casals. Sin pleno empleo los trabajadores estamos divididos en castas.

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