La semana giró en torno a la ratificación de la Legislatura rionegrina del denominado “Consenso Fiscal” impulsado por el Gobierno Nacional durante abril de 2018, y firmado por el Ejecutivo provincial el 13 de octubre de ese año.
Agencia UNO Viedma
Pongamos los términos en contexto: cuando el equipo económico que asesora a la Casa Rosada, advirtió que la temperatura en términos financieros y productivos avecinaba un profundo deterioro hacia el mercado interno y la industria; cuando asimismo se acordaban nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional; y cuando las corridas cambiarias se mostraban como efectos estructurales y permanentes del actual modelo, se llamó a los gobernadores a negociar un nuevo Pacto Fiscal.
Meses más tarde se suscribió el denominado “Consenso”.
Desde ese momento a esta parte, en Río Negro pareciera que nadie se dio por enterado que dicha iniciativa nacional, debería ratificarse o rechazarse por la Legislatura. Desde el oficialismo, aseguran que el contexto (la campaña hacia el 7 de abril) no era el apropiado para tratarlo, porque había que diseñar alternativas de aplicación.
Desde la oposición se lo considera un dislate, porque cómo puede ser que a cuatro meses de las elecciones presidenciales – donde ese Consenso podría descartarse a partir del 10 de diciembre según los resultados de las urnas -, lo tiren a la cancha sin negociarlo previamente con los principales sectores de la oposición provincial y los gremios estatales.
Ambas posturas son inverosímiles porque distan de la normativa vigente. Lo correcto es pensar que, tanto de un lado como del otro, se hicieron los distraídos lo más que pudieron.
Funcionarios y dirigentes de fuste deberían haber tenido el tema en la retina; al igual que la prensa. En aras de conservar la institucionalidad tantas veces citada para salir del paso ante algún entrevero, desde un Poder Ejecutivo no se puede tomar el tema, tirarlo a la chancha, diciendo que no tiene aún no tienen todas las condiciones necesarias para evaluar el impacto económico de tal “Consenso”. Tampoco está bien que la oposición en el Parlamento provincial, hable de atropellos cuando se sabía un año antes de los alcances del acuerdo; y sobre el cual ni siquiera en la reciente campaña hicieron referencia. ¿O acaso apostaron a que no se iba a impulsar el proyecto de ley de ratificación en el presente contexto político? ¿No tenían, al menos una respuesta preparada?
La dirigencia gremial también tiene su parte. Los gremios estatales debieron generar medidas de protestas y acciones judiciales una vez suscripto el acuerdo por el gobernador. ¿Qué, la paz social negociada los limitaba para pedir la palabra y decir “ojo, agua va”?
El “Consenso Fiscal” tiene varios puntos que involucran a las gestiones provinciales. Los más renombrados fueron la quita progresiva hasta su desaparición del impuesto a los Ingresos Brutos; cambio de condiciones sobre la llegada y aplicación de los recursos de la Coparticipación Federal y los Aportes del Tesoro nacional (ATN); entre otros.
Pero el lío vino por el impuesto a las ganancias que se aplicará a un segmento de los trabajadores estatales. Empleados en relación de dependencia con el Estado que perciben un salario. Si es salario; no es ganancia. Por lo tanto no correspondería la aplicación del impuesto en dichos casos.
Distinto es el caso de los funcionarios de la Planta Política del Ejecutivo; los Legisladores, colaboradores y asesores; y los funcionarios judiciales designados por el Consejo de la Magistratura. A todos ellos sí les corresponde pagarlo. Obtienen ganancias por su función de Estado, no están vinculados a él bajo relación de dependencia.
Sin embargo, los argumentos, reclamos y consignas, fueron por el lado de lo mencionado en los primeros párrafos. Bien de tribuna; propio de la cancha.
Resultado: empate. La ley se aprobó, pero se aplicará luego de que cambie el gobierno nacional. Todos contentos, menos el laburante. Éste estirará unos meses la incertidumbre.

Fuente: Agencia UNO Viedma