Si bien hasta el momento, y luego de dos meses de decretada la prórroga por parte del Gobierno Provincial, sólo se inscribieron 150 productores para acogerse al beneficio. El Ejecutivo confía en la rápida aprobación y puesta en funcionamiento de la ley impulsada en la Legislatura santafesina.

Redacción

Tras decretar la Emergencia Agropecuaria para todo el territorio provincial, desde el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, informaron que hasta la fecha, el número de inscriptos para los beneficios que plantea la legislación que impulsa el Ejecutivo, es prácticamente «insignificante». Sólo habrían completado los formularios y acercado los certificados correspondientes cerca de 150 productores.

El gobierno provincial había declarado el estado de emergencia agropecuaria a partir del 1º de noviembre en el departamento General López, y estableció la prórroga de la emergencia en el resto de los 18 departamentos provinciales hasta el 31 de mayo del 2023.

Según la provincia, para solicitar los beneficios que plantea el Decreto, los interesados deben constar que sus predios o explotaciones se encuentran afectadas por la sequía, adjuntando el contrato según corresponda, y estar inscriptos en Registro Único de Producciones Primarias (RUPP) en el distrito que van a presentar la declaración jurada de Emergencia Agropecuaria.
Mientras tanto, el gobierno provincial impulsa un proyecto de ley que ya obtuvo media sanción en el Senado de Santa Fe, y espera un resultado positivo en Diputados el próximo 31 de marzo. Según se informó desde la cartera de Producción, el objetivo de la nueva norma es que beneficie “al que produce, invierte, genera empleo y toma el riesgo”.

Así, el nuevo proyecto se basa en un sistema que aborda las distintas fases de la gestión de riesgos de emergencia y/o desastre agropecuario y fue consensuado con las denominadas “entidades intermedias”; aunque en el listado figuran las asociaciones patronales del agro mayormente vinculadas a las grandes empresas exportadoras: Sociedad Rural Argentina; CARSFÉ; CONINAGRO; FAA; MEPROLSAFÉ; AFA; AAPRESID; las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe; el Colegio de Médicos Veterinarios y Agrónomos; y los organismo estatales INTA y SENASA.

Según se dio a conocer oportunamente, las propuestas del proyecto incluyen condonación o prórrogas del Impuesto Inmobiliario Rural; incorpora condonación o prórrogas de la patente de un vehículo afectado a la actividad agropecuaria. Asimismo, prevé asistencia financiera para la realización de inversiones destinadas a “la prevención de la ocurrencia de eventos adversos sobre la producción”, con el objeto de dotar al productor “de herramientas para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de producción”.
Según el Ejecutivo santafesino, para llevar adelante estas políticas de prevención y reducción, el proyecto contempla la creación de un Fondo provincial, integrado con el 40% del Impuesto Inmobiliario Rural, luego de la coparticipación a municipios y comunas.

Fuente: Gobierno de Santa Fe / Legislatura de Santa Fe