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El Gobierno bonaerense designó días atrás la Comisión Asesora para la construcción del Canal Magdalena. Sus integrantes, de probadas “condiciones y aptitudes necesarias” respecto del tema, tendrán como objetivo realizar lo necesario para que la obra se concrete. Sin un puerto de aguas profundas al ingreso de la cuenca, ni flota mercante de bandera nacional que opere las cargas, la lógica manda una profundización de la situación actual y abaratamiento de la dependencia.

Por Pablo Casals

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires conformó finalmente la denominada Comisión Asesora Canal Magdalena (CACM), tal como se había preanunciado durante el pasado mes de julio. El objetivo de la misma es impulsar y estudiar la realización de la obra de acondicionamiento del canal natural de acceso desde el océano a la cuenca del Plata, que corre paralelo a la costa bonaerense.

Desde el Ejecutivo provincial, afirman que el antiguamente denominado “canal sur”, sería una obra que le permitiría a la provincia de Buenos Aires y al país, conectar su sistema fluvial con el sistema marítimo de aguas profundas. La situación actual – y desde hace décadas – dicta que dicha conexión se realiza a través de aguas uruguayas.

Esta Redacción ha cubierto ampliamente el tema. El planteo de la obra del canal sin un puerto de aguas profundas en el ingreso a la cuenca capaz de canalizar la transferencia de los movimientos comerciales, no hará más que abaratar la operatoria multinacional que mantiene de rehén el producto del trabajo argentino.

Dada la condición actual de sumisión a las alianzas entre empresas trasnacionales del comercio de granos y subproductos, los conglomerados exportadores de los principales centros industriales del mundo – junto a sus socios importadores locales -, más las empresas navieras que manejan cerca del 85% del flujo internacional de cargas, facilitar el acceso por una vía de mayor navegabilidad y de menor costo operativo, consolidaría más aún la situación de semicolonialidad que mantiene nuestro país.

El debate viene de larga data, aunque la postura de la construcción de un puerto de aguas profundas en la boca del Río de la Plata es absolutamente minoritaria -y subestimada-, la evidencia de que el camino elegido por las autoridades provinciales no es la correcta en función de los objetivos propuestos es cada vez más grande.

No hay un solo dato de la realidad que muestre como factible, que una vez que se facilite el ingreso y egreso a la cuenca por el canal sur, el comercio regional continental atlántico, pase a tener mayor preponderancia en el litoral marítimo argentino, relegando a los puertos brasileros. Lo que sucederá en el mejor de los casos, es que la habitual tarea de completamiento de carga de los buques extranjeros que salen de los enclaves del gran Rosario hacia Quequén y Bahía Blanca, sea más rápida y más barata. Es decir, asegurarles a las multinacionales exportadoras y a las alianzas navieras, mejores resultados económicos de los que propone Montevideo.

No hay mucha soberanía que digamos en el planteo, pero bueno…

Volviendo a lo de la Comisión Asesora, a través de la Resolución 474/24, se estableció que el objetivo de la misma, es el de desarrollar propuestas y planes de acción vinculados al canal, pero también podrá brindar asesoramiento en materia de obras de dragado y en asuntos portuarios conexos a la navegación, entre otras cosas.

La Comisión está integrada por  Julio Alak (intendente de La Plata), David Leonardo Angueira (intendente de Punta Indio), Francisco Banegas (ATE Ensenada), Eduardo Barcesat (abogado constitucionalista), Carlos Bertola (ex Coordinador de Pesca Artesanal nacional), Fabián Cagliardi (intendente de Berisso), Raúl Calamante (CTA bonaerense), Julio César Castro, Cristina de los Ángeles Lembeye, Oscar de Isasi (ATE nacional), Antonio Di Tomaso (UOM La Plata), Gabriel Enrique Felizia (puerto Mar del Plata), Oscar Giardinelli (docente, escritor y periodista), Francisco Gliemmo (ingeniero), Mario Godoy (CTA), Lisandro Hourcade (intendente de Magdalena), Joel Vinicius Sverdlik (abogado), José María Lojo (puerto La Plata), Juan Héctor Nieves (CGT regional La Plata), Rodolfo Ojea Quintana (ex Comisión Administradora del Río Uruguay), Hernán Orduna (ex Unidad Ejecutora Especial Temporaria Canal Magdalena), Néstor Piccone (psicólogo y periodista), Graciela Rosso (ex intendenta de Luján y ex diputada nacional), José Alberto Sbattella (economista y docente), Mario Secco (intendente de Ensenada), Jorge Taiana (ex canciller y ex ministro de Defensa), Alejandro Tassone (doctor en ciencias geológicas), Horacio Tettamanti (ingeniero naval), Julio César Urien (Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua), Pedro Wasiejko (Astilleros Río Santiago), Diego Weinberg (biólogo), José Luis Montalvo (ingeniero civil), Guillermo Bianchi (ingeniero civil e hidráulico), Augusto Costa (Ministerio de Producción) y Juan Cruz Lucero (Ministerio de Producción).

Las 35 personas designadas – según la norma -, “reúnen las condiciones y aptitudes necesarias, en razón de su formación y experiencia” para cumplir esas metas.

En fin…

Hay que vivir y dejar vivir…

Fuente:  Gob. PBA / Archivo

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