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Vuelta la burra al trigo… Una medida “anticíclica” para avivar un conflicto sin solución de continuidad

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación hizo correr la propuesta durante la semana pasada siendo conscientes de la respuesta que obtendría. La industria alimenticia estuvo de acuerdo, y el rechazo del “campo” fue casi unánime.

Por Pablo Casals

Supuestamente, el “Fondo Anticíclico Agropecuario” que impulsaría la cartera dirigida por el ministro Domínguez, consistiría en una bolsa de $ 14.000 millones para subsidiar los productos finales como ser la harina, el pan, los fideos, los pollos y los cerdos. Es decir, compensar al sector de la cadena agropecuaria ligado ligado a la “industrialización” de los bienes primarios.

De esta manera, se intentarían “compensar” el costo de algo más de 3 millones de toneladas de trigo y de 1,5 millones de toneladas de maíz, que sirven de materia prima directa para los panificados, la industria del fideo; y de alimento para pollos y cerdos según el caso.

La “compensación” obraría en el sentido de “descalzar” los precios del mercado interno de los de exportación. El “Fondo” estaría integrado por “aportes” del sector exportador de cereales a granel.

Como cada vez que se intentó una medida de estas características, es probable que sucedan tres cosas.

Primero, que tanto los molinos harineros y los productores avícolas y porcinos, no pagarán la tonelada de cereal al mismo precio que se vende en el mercado internacional, pero no garantiza que los montos finales de la harina o los pollos retrocedan o se estabilicen. Lo más probable es que el precio al consumidor prosiga en aumento, porque las diferencias de rentabilidad quedan atrapadas en las cadenas logísticas de distribución y en oligopolio supermercadista.

Segundo, las empresas exportadoras de cereales a granel no va a “pagar más impuestos” por cada tonelada y al mismo tiempo perderán “ganancia”. La diferencia, será transferida al precio interno de la mercadería. Eso significa que, como el precio interno depende del valor internacional de la tonelada de trigo o maíz, la “diferencia” la pondrá el productor primario que cobrará “menos dinero” por cada tonelada vendida al exportador. Para el caso de los pooles de siembra y arrendatarios, esa “diferencia” será transmitida directamente al contrato de arriendo y a los diferentes servicios de parte de contratistas.

Tercero, el eterno y permanente conflicto que sufre Argentina tendrá un nuevo capítulo. El país seguirá careciendo de soberanía e independencia en materia de planificación productiva, gestión y dirección de cadenas de producción y distribución; y fundamentalmente, política de precios sostenes y de referencias a nivel interno.

En cuanto a las repercusiones, las mismas se dieron en la lógica tradicional. Los sectores ligados a la industria de la alimentación, ven con buenos ojos la implementación de la medida, porque les otorga “previsibilidad a la actividad”. Sin embargo, las entidades reunidas en la denominada “Mesa de Enlace” pusieron el grito en el cielo: “aumento indirecto de las retenciones”; “políticas confiscatorias”; “intervencionismo e interferencia al mercado”, fueron nuevamente algunos de los comentarios “clásicos” provenientes del sector.

Pero la idea del “Fondo Anticíclico…” tiene un episodio anterior que vale mencionar. El viernes 17 de diciembre pasado, mediante la Resolución 276/21, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, fijó los cupos de exportación para la presente campaña, estableciéndolos en 41,6 millones de toneladas de maíz y 12,5 millones de toneladas de trigo que podrán ser destinadas a los mercados internacionales.

Estas cantidades, según la normativa, no comprometerían el normal abastecimiento al mercado interno de trigo y de maíz. Es decir, con la Resolución, se establecen «volúmenes de equilibrio para el mercado interno». Y aclaró el Ministro: “están sujetos a revisión durante la segunda quincena de enero”. Es por ello que por estas horas, mágicamente, la campaña 2021-2022 de trigo tendría casi unos cinco millones de toneladas de rinde adicional a lo que se venía anunciando…

En fin…

Más allá de cualquier sospecha, suspicacia o especulación, existe un gran e histórico conflicto sin solución de continuidad, que el Estado recrea permanentemente con este tipo de iniciativas, y del cual podemos destacar estos rasgos:

Por un lado, por omisión, se genera una situación donde el sector exportador – multinacionales en su mayoría – y la “Mesa de Enlace” – patronales agropecuarias -, quedarían en el papel de “víctimas de la improvisación estatal”, al interferir en los negocios que “mueven a la Argentina”. Es decir, que algunos se aseguren desde el supuesto lugar de perjudicados, el lugar de ser el primer eslabón de la gran cadena de valor global de la industria agropecuaria, en detrimento principalmente de la calidad de vida de la mayoría del pueblo argentino.

Por otro, como las “políticas anticíclicas” tiene un techo cada vez más limitado porque el Estado argentino no domina ni regula soberanamente ningún aspecto de la cadena de valor, es una iniciativa que arranca mal y terminará peor. El certificado del “¿vieron que no se puede?” es la próxima parada del este tren fantasma. La medida sólo servirá para juntar un poco de guita de cara al segundo semestre del 2022… “Y después vemos…”

Para finalizar, una opinión.

La única forma para que este problema tenga una solución racional, debe implicar de mínima, que el Estado controle y ejerza una de las actividades estratégicas de toda cadena de valor: los fletes, el almacenamiento, la maniobra y la transferencia de cargas y mercaderías. Es la única manera donde todo Gobierno tendrá certeza sobre volúmenes de producción, tasa de actividad, montos de facturación, y fundamentalmente qué se produce, dónde se produce y en qué condiciones. Mientras tanto, de no cambiar, se seguirá bailando la misma cueca.

No se asuste: la nacionalización del comercio exterior la dejamos para la semana que viene. Feliz año nuevo.

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