Las alternativas para la región amazónica, y las transiciones para alcanzarlas, deben enfrentar la imposición de nuevos territorios que son enclaves globalizados de extracción de recursos naturales que están carcomiendo ambientes y comunidades.

Por Eduardo Gudynas*

La destacada relevancia de la Amazonia, lejos de disminuir, no deja de aumentar. Esa enorme región, que cubre más de siete millones de kilómetros cuadrados, en ocho países y una colonia francesa, alberga ambientes de enorme importancia ecológica pero también económica ante la demanda de recursos naturales. Allí se superponen problemas sociales y ambientales que han sido denunciados repetidamente, desde la pobreza a la deforestación, desde la invasión de mineras y petroleras a la violencia.

Esas y otras cuestiones serán debatidas en el próximo Foro Social Panamazónico, que tendrá lugar en Bolivia en junio próximo, y también en el encuentro de los gobiernos en el marco de la Convención de la Diversidad Biológica, en Colombia, en octubre (Ver pág. 15). Por lo tanto es oportuno repasar algunos aspectos de la coyuntura actual en la región desde la perspectiva de las alternativas al desarrollo y las posibles transiciones para alcanzarlas.

Los Estados amazónicos: empujes y estancamientos

Los gobiernos de los países amazónicos históricamente han tenido responsabilidades directas en las distintas crisis que se padecen en esa región, lo que ha sido denunciado por años. Pero a diferencia de otros momentos, en la actualidad uno de los gobiernos amazónicos mantiene un discurso diferente. Se pretende dejar atrás los extractivismos en hidrocarburos y carbón, se propone un abordaje más amplio sobre la problemática amazónica (asociando factores ecológicos y económicos), y está abierto a iniciar transiciones (enfocándose en combustibles fósiles). Ese es el caso de la administración de Gustavo Petro en Colombia. Al menos en el pasado reciente, ningún gobierno amazónico ha ofrecido un discurso de este tipo, y por ello debe ser bienvenido.

Pero como ha sido advertido varias veces, por un lado están las intenciones y dichos presidenciales, pero por otro lado, no siempre hay claridad en las ideas que sustentan esas aspiraciones, en las acciones que son necesarias, así como en la capacidad de actores políticos y técnicos en concretarlas, sin olvidar que las ambiciones ciudadanas son mucho más radicales1.

Esas aspiraciones colombianas deben lidiar con la de todos los demás países amazónicos. En ese frente puede diferenciarse, por un lado, la postura de Brasil, donde hay actores que comprenden la urgencia de transiciones y alternativas, y por el otro lado, la de los demás Estados, los que persisten en minimizar o desatender la Amazonia.

En el caso brasileño, la presidencia de Lula da Silva, encierra distintas tendencias, está enmarcada en una coalición que incorpora partidos de centro e incluso centro derecha, y debe lidiar con los llamados “bolsonaristas” tanto en gobiernos estaduales como en el Congreso. De todos modos, no puede olvidarse que en su campaña electoral, Lula rechazó el llamado que había lanzado Petro para una coordinación postpetrolera entre Colombia, Brasil y México. En más de una ocasión, como candidato y luego como Presidente, Lula se manifestó a favor de continuar con la explotación de hidrocarburos, y siempre apostó por “desarrollar” la Amazonia.

Sin embargo, en ese gobierno de debe destacar la presencia de Marina Silva, una vez más al frente del Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático. Ella es amazónica, conoce la situación de la región, y no puede negarse su experiencia, preparación y vocación. Silva no tiene un discurso que proponga abandonar los extractivismos de combustibles fósiles, pero ha dejado en claro que entiende esa cuestión. Su ministerio respaldó, por ejemplo, la decisión de impedir nuevas exploraciones petroleras en la desembocadura del Río Amazonias por sus impactos ambientales, y eso desembocó en una controversia con el presidente Lula. Es más, la Ministra de alguna manera reconoció ante el propio Petro, en una mesa redonda en el reciente Foro Económico de Davos, que su gobierno discute las implicancias de una moratoria petrolera en la Amazonia, pero que eso involucra cuestiones que van más allá de las consideraciones ambientales. Tampoco es menor el papel de Sônia Guajajara, la nueva ministra de pueblos indígenas, con posiciones que servirían para explorar alternativas.

En otros temas hay más coincidencias. Por ejemplo, Colombia y Brasil detuvieron los planes de militarización de la gestión territorial amazónica que se habían lanzado bajo las administraciones de Duque y Bolsonaro. También concuerdan en la necesidad de mejorar la gestión ambiental en la Amazonia, y en especial en detener la deforestación. Pero de todos modos, Brasilia no apoya los discursos de transiciones que parten desde Bogotá.

Entretanto, los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Guyana y Suriname, aunque no tienen posturas idénticas, pueden agruparse en un conjunto que carece de planes y gestiones efectivas para la Amazonia, que no logran detener la deforestación ni controlar los incendios, toleran la contaminación de suelos y aguas, y permiten la diseminación de los extractivismos. No discuten alternativas al desarrollo, e incluso las pueden considerar peligrosas al interpretarlas como obstáculos al provecho económico.

Algunas diferencias en ese grupo deben ser apuntadas. En Ecuador, la actual administración de Daniel Noboa debe lidiar con una situación que no se repite en ningún otro país, ya que allí, en 2023, tuvo éxito una consulta ciudadana para detener la explotación petrolera en la región amazónica de Yasuní. A pesar del contundente respaldo de casi el 60 por ciento de los votos, se suman señales de que la administración nacional intentará postergarlo o incumplirlo. Es difícil determinar cómo avanzará esa contradicción, ya que el país está convulsionado por una ola de violencia y escándalos de corrupción que dominan la atención ciudadana.

En el caso de Bolivia, en la década pasada el gobierno mantuvo un enérgico discurso sobre la protección de la Madre Tierra, la plurinacionalidad y la indigeneidad, pero como es sabido, en su gestión apostó por más extractivismos, generándose múltiples conflictos con comunidades locales y organizaciones de base. Se toleró y hasta se apoyó el avance de los extractivismos en hidrocarburos y minerales, incluyendo la minería de oro, incluso dentro de áreas protegidas, y se padecieron severas crisis como las de los incendios forestales en 2019.

Más recientemente, Bolivia deriva en una lenta pero persistente crisis política, con implicancias especialmente judiciales y económicas, agravándose por la fractura en el seno del Movimiento al Socialismo (MAS). La consecuencia de esto es que las disputas políticas están enfocadas en quienes controlan los proyectos extractivos pero no en discutir si estos son social y ecológicamente aceptables o no, si contribuyen al Vivir Bien (como mandata la Constitución), o si permiten mejorar la situación amazónica o la empeoran.

La situación en Perú es en cierto modo similar. El anterior presidente, Pedro Castillo, respondía a un plan de gobierno extractivista y hostil a la participación ciudadana; la actual presidencia de Dina Boluarte cayó en más represión y autoritarismo. La consecuencia es que los problemas amazónicos siguen su marcha, e incluso empeoran por la inacción gubernamental.

Finalmente, en Venezuela distintos analistas y líderes ciudadanos han denunciado la proliferación de múltiples actividades en la Amazonia, tal como ocurre en los otros países. La particularidad es que la administración de Nicolás Maduro ha desplegado a los militares, tanto en la represión y desplazamiento de personas, como en encaminar extractivismos formales. Su apetencia extractivista queda en claro por el conflicto de este país con su vecino, Guyana, al disputarse las concesiones petroleras.

En resumen, entre estos seis gobiernos podrán encontrarse llamados genéricos, a veces con sentido de publicidad u oportunismo, que se refieran a la Amazonia, su riqueza ecológica o repitiendo lemas como ser el “pulmón” del planeta. Pero carecen de planes y acciones concretas para detener problemáticas de fondo como el deterioro ambiental, la pobreza y la violencia, y sus gestiones ante urgencias como los incendios forestales o la invasión de la minería de oro, son insuficientes. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), que sería el organismo clave para acordar y coordinar respuestas, es desatendida y hasta olvidada por los propios países. Ninguno de esos gobiernos se alineará con los llamados de Bogotá a una transición que deje atrás la dependencia en combustibles fósiles e, incluso, mantendrán distancia de muchas posiciones brasileñas (como la de realmente intentar controlar la deforestación, mientras que no hay intenciones de hacerlo, por ejemplo en Bolivia o Perú). No sólo eso, sino que no están siquiera dispuestos a explorar las posibilidades de una transición.

La imposición de nuevos territorios

Existe una abundante información sobre la problemática amazónica, desde las advertencias por la pérdida de biodiversidad, a la desigualdad y la pobreza, y en especial aquella que golpea a los pueblos indígenas2. No es posible aquí abordar en detalle todos esos frentes, pero un análisis de coyuntura permite alertar sobre un proceso que no siempre resulta evidente y en el que los gobiernos tienen responsabilidades directas.

En efecto, en la Amazonia persiste, y en varios sentidos se están agravando, procesos de radicales y sustantivas transformaciones territoriales. Sobre los viejos territorios, sean aquellos que responden a pueblos indígenas o comunidades campesinas, o los que se deben a arreglos administrativos como municipios o departamentos, se imponen nuevas territorialidades. Estos son extrovertidos, en el sentido de estar asociados y ser dependientes de agentes, mecanismos y flujos globales. Sus ejemplos más dramáticos son la diseminación de enclaves de emprendimientos mineros, petroleros o agrícolas.

Los territorios prexistentes tenían distintos vínculos con las zonas que les rodeaban, mientras que estos nuevos, precisamente por ser enclaves, están desconectados o están débilmente relacionados con los espacios vecinos; algunos de ellos incluso están cercados y resguardados por fuerzas de seguridad. Estos enclaves, en cambio, reciben insumos desde el exterior y los recursos naturales que extraen son exportados hacia otros continentes; frecuentemente mediados por empresas transnacionales, más allá que en algunos rubros o países pueden ser estatales o estar asociadas a compañías nacionales.

Esta nueva territorialización responde a agentes y dinámicas por fuera de la Amazonia, incluso más allá de las capacidades de regulación de los propios gobiernos. Inciden en ellos las subas y bajas de los precios de las materias primas, la disposición de capital de inversión, las trabas o aperturas comerciales, y el apetito de consumo de países como China o de las naciones industrializadas. Por ejemplo, el récord histórico del aumento del precio internacional de referencia del oro, por encima de los dos mil dólares la onza, que acaba de ocurrir en marzo de 2024, es un factor que fatalmente disparará aún más ese tipo de minería en la Amazonia. Los gobiernos locales o nacionales no controlan ese tipo de dinámicas.

Desde la mirada de las comunidades locales, esos enclaves significan muy pocos beneficios económicos y laborales, y se pierden prácticas ancestrales tales como la pesca, recolección, caza y agricultura adaptada a esos ecosistemas tropicales. Es también una territorialización que le es impuesta: ocupa los espacios desconociendo los territorios antes existentes y sus habitantes, y además, se bloquea la capacidad de esas comunidades en incidir, controlar o rechazarlos. Esa imposición puede seguir vías pretendidamente legales, como ocurre con las concesiones mineras o petroleras que se deciden en las capitales de los países amazónicos. Pero también puede ser ilegal, en lo cual el ejemplo más alarmante ocurre con la expansión de la minería de oro aluvial, que invade los territorios de muchas comunidades y los ocupan empleando la violencia.

De estos modos, la re-territorialización extrovertida crea lo que podría describirse como “huecos” en los espacios amazónicos, ya que al extraer o aspirar sus recursos, esos enclaves destruyen la continuidad de sus ecosistemas. Son huecos tanto sociales como ambientales, ya que pueden ser pasivos ambientales, como ocurre con sitios deforestados y contaminados con mercurio, los que difícilmente pueden ser restaurados, o por comunidades que son desplazadas o se dispersa a sus integrantes. La secuencia de paisajes y ecosistemas queda interrumpida por los enclaves, y éstos incluso pueden confluir en amplias superficies, como ocurre con el arco de deforestación amazónica que avanza desde el sur.

Bajo esta dinámica es como si la Amazonía fuese en realidad gestionada desde los centros financieros y comerciales. Los gobiernos nacionales no tienen capacidades para modificar o amortiguar esos factores, ya que prevalecen los mercados internacionales y la globalización. Pero a pesar de todo, los gobiernos y sus grupos de apoyo empresariales, apoyan ese tipo de inserción internacional, y por ello, los Estados terminan siendo funcionales a estas situaciones. Así se condenan las regiones amazónicas que quedan subordinadas a esas dinámicas globales.

Es cierto que distintas comunidades locales se han resistido a esas imposiciones de territorios que expolian sus ambientes e, incluso, han estallado conflictos sociales de distinta intensidad. Pero es sabido que las respuestas gubernamentales predominantes han sido las de apoyar la permanencia de los enclaves, y no han dudado en reprimir a las comunidades locales y hostigar a las organizaciones ciudadanas.

La importancia de esta cuestión radica en que los gobiernos no advierten esta dinámica, y si lo hacen no lo consideran un asunto de gravedad. Si bien por lo general minimizan las cuestiones amazónicas, cuando las abordan, se enfocan en problemas puntuales o locales, tales como la deforestación en un sitio, incendios salidos de control o un alzamiento indígena. Pero no parecen comprender que todos esos son síntomas de una enfermedad más profunda, la que radica en esa subordinación a la globalización como proveedores de los recursos naturales. Esa es una condición que se sufre desde cada país pero que se articula y potencia en su conjunto a nivel de toda la cuenca amazónica.

En las concepciones políticas más simplistas, no han faltado actores políticos o empresariales que consideren que la Amazonia está vacía o casi vacía, que debe ser “civilizada” y que para ello deben explotarse sus bienes naturales. Esperan multiplicar las exportaciones con la esperanza de obtener dineros para financiar el gasto del Estado, cubrir los déficits presupuestarios, y pagar la deuda externa. Bajo esa perspectiva, esta territorialización extrovertida es bienvenida, y no han dudado en promoverla.

Queda de este modo expuesto un dramático vacío. Esa reterritorialización amazónica es uno de los problemas más severos y complejos que afecta a toda la región amazónica. Sin embargo no solamente no se reconoce la cuestión, sino que cualquier acción ante ella requiere establecer estrategias y acciones coordinadas entre los gobiernos. Eso hace que, desde el punto de vista de unas transiciones enfocadas en alternativas al desarrollo, sea esencial recuperar la autonomía ante la globalización.

El contexto de las alternativas

A diferencia de lo que ocurre con los gobiernos, en algunos sectores de la sociedad civil existen múltiples propuestas alternativas, originadas en la propia región, y que revisten enormes potenciales. Aunque un análisis de coyuntura sobre las expresiones ciudadanas requeriría otro artículo, deben mencionarse algunos ejemplos. Entre ellos, el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza tal como se aprobó en Ecuador, o la aplicación de moratorias, como la enfocada en la región de Yasuní, para emprendimientos que tienen impactos severos, que se consideran inaceptables o intolerables, y que no tienen resolución tecnológica. Ocurre otro tanto, con la experiencia peruana en organizar una plataforma ciudadana que reclame alternativas a los extractivismos. Esas y otras ideas muestran propósitos y orientaciones en las alternativas, y al tener eso en claro, es posible diseñar estrategias de transición para alcanzar tales fines. Es importante tener esa condición presente ya que en la actualidad, al proliferar el uso del término transiciones, no siempre está claro hacia dónde se quiere transitar, lo que a su vez está afectado por imprecisiones y confusiones en conceptos3.

Teniendo presentes esas condiciones, es posible ofrecer algunas reflexiones sobre las alternativas. Desde una perspectiva regional, aquí se entiende que la reterritorialización hacia la globalización es la condición más grave que se enfrenta. Muchos de los problemas que se identifican como severos, como por ejemplo la deforestación o la minería de oro, sin duda lo son. Pero en casi todos los sitios son consecuencia de esa condición. El que prevalezcan las reacciones a los síntomas pero sin llegar a enfrentar las razones de fondo, no recibe la atención necesaria, y es urgente dejarlo en evidencia. Es que las alternativas, para ser realmente efectivas deben lidiar con las raíces de los problemas, como puede ser la condición subordinada.

Teniendo eso presente, la retórica del actual gobierno colombiano ofrece opciones para poner en discusión las alternativas desde otras posturas. Es cierto que sus acciones aún son insuficientes para resolver los problemas, pero sirven como base de apoyo para que la sociedad civil pueda sumarle sus propios aportes, con planes más precisos y organizados, como pueden ser los de garantizar los derechos de la Naturaleza en toda la Amazonia.

Finalmente, debe asegurarse la más adecuada identificación de los principales, y desde allí se deben articular las alternativas de cambio y los modos de alcanzarlas. Por ello es necesario no quedar encapsulados a los modelos de transiciones organizados en otros continentes, con realidades muy distintas a las amazónicas, para atender seriamente lo que se ha pensado y ensayado desde la propia Amazonia. Como tampoco puede repetirse el autolimitarse por obediencias o simpatías políticas. Las alternativas necesitan sumar tanto en independencia como en rigurosidad crítica.

 *Investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) e investigador asociado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

NOTAS

1 E. Gudynas, “Transiciones: una necesaria intención de cambio atrapada en una maraña de confusiones”, periódico desdeabajo Nº299, febrero 2023.

2 Véase por ejemplo los informes en RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada), en https://www.raisg.org/es

3 Sobre las distintas alternativas y sus implicaciones en: Desarrollos alternativos. Alternativas al desarrollo. Una guía ante las opciones de cambio, E. Gudynas, Ediciones desde Abajo, 2023.

Fuente: Desde Abajo / CLAES / Nodal