El Gobierno buscó avanzar en la transición hacia un sistema energético más “sostenible y resiliente”, según el Plan Nacional de Transición Energética a 2030 presentado recientemente. Recomendamos especialmente que lean el apartado final “AgendAR observa”, en el cual el autor de la nota realiza un análisis por demás interesante.

Redacción

Este programa estableció la visión, objetivos y metas para orientar el desarrollo energético del país, teniendo en cuenta los desafíos y barreras existentes.

El documento destacó la importancia del sector energético para el desarrollo de las sociedades modernas, pero también reconoció el impacto ambiental negativo de la explotación de recursos fósiles. En 2019, el sector energético fue responsable del 78% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La Argentina fue responsable de solo el 51% de sus emisiones totales.

A pesar de que el país se encontraba por debajo del promedio mundial en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, era fundamental para el país transformar su matriz energética hacia fuentes más limpias. Esta transición era crucial para cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París y brindaba oportunidades de crecimiento económico.

El plan propuso medidas de política energética adicionales y complementarias a las ya implementadas, considerando el trabajo conjunto con el sector privado y público. Además, se señaló la importancia de actualizar el plan en función de los cambios en el contexto nacional e internacional, así como los avances tecnológicos.

En el documento se destacó que la Argentina contaba con una gran diversidad climática y acceso a recursos energéticos, como gas de esquisto, petróleo de esquisto, energía solar, eólica, hidroeléctrica y nuclear. Estos recursos ofrecieron la posibilidad de desarrollar una matriz energética más sostenible y de calidad.

El país había establecido el principio de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas”, reconocido en el Acuerdo de París, para guiar sus esfuerzos de descarbonización. En este sentido, la Argentina había logrado reducir su contribución a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, siendo el sector energético responsable de solo el 0,4% de las mismas.

El plan también destacó la importancia de considerar el carácter federal del país y la gran extensión territorial, lo que requería la participación activa de los gobiernos provinciales y municipales en la implementación de políticas energéticas.

Además, se subrayó la necesidad de garantizar el acceso a recursos energéticos en todo el país, especialmente en zonas rurales y provincias con menor acceso a la red de distribución de gas natural. Resumió varias líneas de acción clave.

En primer lugar, se destacó la importancia de un plan consistente y sostenible para el sector hidrocarburífero. Los recursos gasíferos del país se consideraron aliados en la transición energética, ya que no solo contribuyeron a la seguridad energética y la estabilidad macroeconómica, sino que también ofrecieron gas como combustible de transición en el contexto de la reducción de emisiones.

El aumento en la producción de gas natural permitió abastecer la demanda local, sustituir combustibles líquidos con mayor impacto climático y reducir la dependencia de las importaciones de gas natural y GNL.

Segundo, se enfatizó el desarrollo de todas las fuentes bajas en emisiones. La Argentina contaba con excelentes recursos renovables, como la irradiación solar, el viento, los flujos de agua y la bioenergía. Estos recursos naturales permitieron aprovechar diversas tecnologías en diferentes regiones del país para potenciar la generación de energía renovable. Además, se mencionó el papel de la energía nuclear como una opción baja en emisiones.

Seguido, se propuso una visión de desarrollo económico y productivo para el país. “La transición energética puede ser un motor de transformación económica y social, promoviendo el crecimiento económico, el desarrollo de la industria local y la creación de empleo de calidad. La Argentina tiene el potencial de convertirse en un exportador neto de recursos energéticos y desarrollar toda la cadena de valor de tecnologías energéticas” destacó.

Por último, se hizo referencia a la importancia de una política comprometida para un consumo consciente, racional y eficiente de la energía. La eficiencia energética se consideró el “quinto combustible” y fue clave en la transición hacia una matriz energética más sostenible. Se propusieron iniciativas concretas de eficiencia energética en sectores clave como la industria, las edificaciones, el transporte y el sector residencial, junto con un cambio de comportamiento y conciencia en todos los sectores y comunidades.

Para llevar a cabo este proceso, se sugirió una planificación dinámica a corto, mediano y largo plazo, basada en la mejor evidencia disponible y coordinada entre los sectores público y privado. Dada la constante evolución de las tecnologías y propuestas de descarbonización, la planificación debió ser flexible y tener en cuenta la incertidumbre relacionada con los costos y el acceso a minerales críticos, entre otros elementos clave.

El Plan Nacional de Transición Energética a 2030 propuso un escenario integral que combinó políticas de demanda y oferta para cumplir con los objetivos establecidos en la segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) revisada. En cuanto a la demanda, se plantearon políticas en el sector transporte que incluyeron un mayor uso de gas natural (GNC y GNL) y una mayor participación de vehículos eléctricos. También se buscó mejorar la eficiencia en el uso de electricidad y gas natural.

En términos de oferta, se esperó un mayor requerimiento de gas natural y una menor dependencia del petróleo, junto con una mayor participación de las energías renovables en la generación eléctrica, alcanzando el 57% para 2030. La generación de energía renovable se limitó a las tecnologías contempladas en la Ley N° 27.191 (Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica) y representó el 30% de la matriz energética. Es importante destacar que este escenario se analizó en función de su sostenibilidad y se presentó de manera imparcial como insumo para la toma de decisiones de la Secretaría de Energía.

Los supuestos utilizados en la elaboración del escenario y los principales resultados proyectados para el período 2022-2030 fueron:

Se consideró un crecimiento del PBI a largo plazo del 2% anual.

Se esperó un crecimiento cercano al 1,5% anual en la demanda eléctrica.

La demanda de gas natural y combustibles experimentó un crecimiento de alrededor del 1,1% y 2,3% anual, respectivamente.

La producción de gas natural para abastecimiento local se proyectó que creciera entre un 2,4% y 3% anual de 2022 a 2030. La producción de petróleo para abastecimiento local se esperó que aumentara entre un 3,4% y 6% anual en el mismo período.

Se previó un crecimiento de 53 millones de vehículos en el parque automotor. Se estimó que el 27% de los autos y vehículos medianos funcionarían con GNC, además de la conversión a GNC de los buses de corta distancia.

Se contempló un aumento en el uso de biocombustibles, con una participación del 12,5% y 15% para biodiésel y bioetanol, respectivamente.

Se proyectó una población de 49,4 millones de personas para 2030, con un crecimiento anual del 1%. Los hogares alcanzaron un total de 17,3 millones, y se esperó que el 68,5% de ellos tuviera acceso a gas natural.

Se estimó una reducción en la participación de la generación eléctrica de fuentes térmicas, pasando del 59% en 2022 al 35% en 2030.

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AgendAR observa – Daniel E. Arias

Previsiblemente, un plan a puro gas de Vaca Muerta y renovables, pero sin obligación alguna de fabricar molinos o componentes fotovoltaicos en el país, porque se da por buena la ley 27.191 del gobierno de Mauricio Macri.

Esa ley le da cantidad de privilegios tarifarios, impositivos y de prioridad de despacho a los dueños de los parques eólicos (capitales petroleros reciclados) y les permite importar equipos enteros, sin una tuerca argentina. De yapa, les crea un fondo del estado (el FODER) para garantizar su tasa de ganancia, aún si con tarifas premium preacordadas no pueden cumplir sus compromisos de pago al exterior. Es una ley que exterminó en el rubro eólico a tres fabricantes nacionales (IMPSA, NRG e INVAP) y creó deuda, pero no ocupación.

En cuanto a la calidad de la electricidad que fabrican los molinos, es idéntica a la del recurso: ni el viento sopla toda vez que el SADI (Sistema Argentino de Conexión) pide despacho, ni éste pide despacho cuando sopla el viento.

Esto lleva al despilfarro de gas de dos modos: hay que tener centrales de ciclos combinados en «parada caliente», funcionando (y contaminando) sin entregar potencia a la red porque CAMMESA está obligada a comprarle prioritariamente a los parques eólicos, si tienen oferta. A algún otro oferente spot de electricidad más barata se le deja de comprar, quevacé, todo sea por la ecología. Este gasto de gas al cuete los cultos lo llaman «respaldo caliente» y es el lado oscuro de la eólica del que los ecologistas no hablan, y los dueños de los parques tampoco. No les conviene.

El otro lado oscuro es que el viento no sólo es intermitente sino impredecible en el orden de minutos. Cuando el factor de penetración eólico de una red es alto, si se cae el viento se necesitan muchas centrales en respaldo caliente para conectarse rápido a la red y rellenar el bache sin pérdida de tiempo, o hay riesgo de apagón.

Las granjas solares, generalmente situadas en desiertos de alta heliofanía, son más predecibles: rinden potencia nominal al mediodía, poca en los crepúsculos, nada de noche. Necesitan respaldo caliente, pero no tanto. Los equipos son chinos. El valor agregado local… ¿cómo te explico?

Lo cierto es que con un exceso de penetración de fuentes intermitentes e impredecibles, una red como el SADI que debe mantener una tensión domiciliaria de 220 Volt y una frecuencia de 50 Hertz empieza a irse de parámetros, y hay que estar poniendo y sacando de despacho máquinas menos aleatorias, las de semibase o las de base, para que a los usuarios no se les empiecen a quemar las heladeras y a los industriales los motores eléctricos. Eso es tirar la plata y, de yapa, vivir cortejando el apagón.

Se entiende que no se hable de una mayor apuesta hidroeléctrica. Hay que construir de una vez por todas las represas sobre el Santa Cruz, el último y único río verdaderamente caudaloso del país que no ha sido represado, y en una provincia mayor que Polonia, pero sin industria transformativa alguna, y cuya población cabe en el estadio de River Plate.

Sin embargo, las represas Cepernic y Kirchner adolecen del tremendo defecto de tener financiación china y algunas constructoras chinas, lo que molesta sobremanera al Departamento de Estado. Por algo el expresidente Mauricio Macri las paró. Los megavatios y el desarrollo industrial local que iban a generar, «te los debo», como decía el que te dije.

Este plan tiene ese «te los debo». Pero hay más «te los debo».

Las represas en un río de gran caudal y buena caída, como éste, regulado además no directamente por los deshielos sino por un lago gigantesco como el Argentino, son un recurso «de base», que da potencia nominal (la máxima de las turbinas) en forma pareja 24×7 y casi todo el año, deducidos los tiempos de mantenimiento, que son ínfimos.

El problema es que en la Argentina empieza a sobrar potencia «de pico», con bajo factor de disponibilidad, como las dos renovables mencionadas, pero lo que falta para un desarrollo industrial es potencia de base. Y ya que el plan de Massa habla más de cumplir los Acuerdos de París que con las necesidades locales, entonces no debería hablar demasiado de combustibles líquidos ni de gas. Que es la verdadera apuesta de este plan, su nivel de défault.

Y ya que estamos hablando de la verdad pelada, si el proyecto de cualquier gobierno extractivista y nada fanático del valor agregado industrial es vivir de rentas, cada millón de metros cúbicos de gas que debamos dedicar a respaldo caliente de renovables es un millón de metros cúbicos que no exportaremos, sea por caño a Chile o a Bolivia, o como gas licuado y por barco. ¿Eso cierra?

Por supuesto que con Vaca Muerta tenemos hidrocarburos para un rato. Pero si se instaura algún impuesto mundial a la emisión de carbono por cabeza de habitante, vamos a estar en el horno. Si eso no sucede pero en cambio se inundan Shangai, Chengdu, Mumbai, Danang, Haiphong, Jakarta o Surabaya, Calcuta o Chennai, no es imposible que China, Vietnam, Indonesia o la India, aunque tengan el techo de vidrio por cómo le pegan al carbón y al petróleo, empiecen a poner tarifas aduaneras unilaterales sobre el carbono emitido de sus proveedores de, por ejemplo, alimentos. Y entonces va a haber que volverse el mago Mandrake para venderles soja a estos muchachos.

Pero la guinda en la punta del helado es esta notable declaración de noñez, cobardía o falta de entendimiento: «Además, se mencionó el papel de la energía nuclear como una opción baja en emisiones». Se mencionó…

Si fuéramos tan tontos de creer que el negocio nuclear es vender megavatios/hora (los más baratos del SADI, by the way), hablar de las centrales nucleoeléctricas como «una opción baja en emisiones» es ignorar que es LA MÁS BAJA en emisiones. Hasta la Agencia Internacional de la Energía de Naciones Unidas reconoce que emite menos carbono por megavatio/hora que la eólica y la solar.

¿Es más cara de instalar, entonces? ¿Acobarda mucho la inversión inicial?

Sí, absolutamente. Pero una central nuclear bien hecha dura 80 o 100 años, con modernizaciones y relicenciamientos, más o menos lo que una hidroeléctrica en un río de poco sedimento (como el Santa Cruz). En cambio, una eólica, solar o central a gas, tan baratas de instalar, duran respectivamente 20 años, 20 años y 25 años con toda la furia. Después tirala y comprate otra.

Pero a diferencia de lo que nos pasó con las máquinas que funcionan a hidrocarburos o con fuentes renovables, en las que terminamos volviéndonos meros compradores, tenemos 72 años de trayectoria independiente e industrial en nuclear. Y aunque NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina SA) es el proveedor más barato del SADI, el negocio principal de nuestro programa nuclear no es vender electricidad, Es vender tecnología.

Somos los exportadores más respetados del mundo en reactores: a través de la firma INVAP le vendimos reactores a Perú, Argelia, Egipto, Australia, Holanda y Arabia Saudita, y la campaña sigue. Y si se trata de centrales nucleares de potencia, nuestra centralita compacta CAREM, cuyo prototipo está en construcción en el predio de las Atuchas I y II, despierta interés en Egipto, Kenia, Filipinas, Indonesia y en los Países Bálticos.

Entendemos que si Massa evita hablar de centrales nucleares es porque no quiere cruzarse con los EEUU y con China, ya que la que tendríamos que construir a continuación, según planes, es una Hualong-1 de 1120 MW la China Nuclear National Corporation.

Pero también existen planes -y acuerdos firmados en 2014 entre China y Argentina- según los cuales tenía dos años de prioridad una CANDU como Embalse, pero de 700 MW y diseño y construcción puramente argentinos, sobre la Hualong-1. Están firmados en tinta sobre papel, refrendados por el Congreso Nacional, y siguen vigentes. ¿Qué sentido tiene entonces no hablar de esta última central nacional? ¿Sentido diplomático? ¿O es que Massa es otro dirigente argentino más que no descubrió ni redescubrió el átomo? Tenemos una burguesía cada vez más pre-tecnológica.

Como más que en planes para la tribuna creemos en la plata, se sabe que a NA-SA se le avisó bajo cuerda que se olvide de centrales nuevas de aquí a tres años. Para el ecosistema industrial nuclear argentino, que comprende unas 120 empresas entre gigantescas, medianas y PyMES, y miles de ingenieros, técnicos y obreros montajistas especializados y con experiencia nuclear, esto es terrible, la dispersión. Estamos liquidando recursos humanos que nos permitirían pasar de exportar reactores a centrales de potencia, un mercado miles de veces mayor.

De todos modos si este plan habla de plata, ya que no de tecnología, capacitación industrial propia y trabajo calificado, esos 700 MW de una CANDU nacional sustituirían la quema de 1200 millones de m3 de gas por año, que quedarían libres para exportación. ¿Eso al menos se entiende?

Si con esto Massa cree que se va a reducir la tajada térmica del SADI sin terminar las represas sobre el Santa Cruz y sin construir una CANDU -que China ofreció financiar al 85%- no está haciendo bien las cuentas. Si cree que se puede llegar en 2030 a un 57% de producción real renovable, no hizo ninguna, no lee los diarios, no se enteró de que la economía alemana se fue al bombo por cerrarse la opción nuclear y creer que su industria puede vivir de renovables, y este documento entonces es una colección de lugares comunes y un saludo a la bandera. No se lo cree ni él.

Cuando sea presidente, si sucede, verá qué hace. No me tranquiliza.

Fuente: AgendAr