Argentina posee una economía totalmente primarizada, sin niveles integrales de agregado de valor industrial, y con una matriz energética dependiente de los capitales extranjeros. El problema a esta altura va más allá de las emisiones de carbono. Lo que nos aqueja es la situación de rendición.

Redacción

Va en consonancia con la denominada “agenda Kulfas” que el presidente Fernández remarca cada vez que tiene oportunidad. En esa danza, están bailando un número importante de gobernadores. No es un misterio que eso suceda porque el oficialismo tiene su rumbo puesto allí: para ellos Argentina es un país que tiene o produce materias primas y que no debe agregar valor industrial. Para eso están los otros países que casualmente son los que realizan las “inversiones” de las que tanto se habla. El resultado ya lo conocemos; el despojo es permanente.

No es casual entonces que unos cuantos mandatarios provinciales cuando se repasan sus discursos hayan metido el tema de las energías renovables en prácticamente todos los aspectos. Si hacen memoria, en 2020 -antes de la pandemia-, sucedió lo mismo con la “agenda de género”. La apertura en 2021, fue atípica porque todos hicieron un repaso general del quebranto dejado por la pandemia. Pero si hacemos el ejercicio de buscar para atrás, veremos que siempre sucede los mismo: hay una línea exterior que implica dinero y relaciones a cambio de sujeción; y hacia allí se camina para una buena convivencia y concreción de negocios.

Así, la gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabella Carreras, en la apertura de las Sesiones Ordinarias de la Legislatura, confirmó el envío del proyecto de ley que regulará el llamado a licitación para la generación de Hidrógeno Verde, para dar marco legal a las inversiones que realizarán los australianos en Sierra Grande. Ese proyecto va en serio. A propósito de él, es que se acordó rápidamente con el Gobierno nacional, convertir al puerto regional en Zona Franca.

Por su parte, el Gobierno Nacional, también anunció que presentará un proyecto de ley para el sector del hidrógeno verde para promover las inversiones. Estaría incluida en el marco de acuerdos con el FMI, y también, fortalecería la cartera de obras y proyectos de IMPSA. La firma, originalmente perteneciente a la familia Pescarmona, fue “rescatada” por el Estado Nacional, para convertirla en la nave insignia del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP); el fondo fiduciario público controlado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que conduce Matías Kulfas (a su vez Director de la empresa). De esta forma, el 63,7% del paquete accionario de de IMPSA pasó a propiedad de la Nación, el 21,2% de las acciones pertenecen a la Provincia de Mendoza. El resto de la propiedad se reparte entre las familia Pescarmona (5,3%) y un Fondo de Capital constituido por los acreedores de la empresa previo a su rescate que integran el BID, Export Development Canada, la Corporación Andina de Fomento, el Banco de la Nación Argentina, el BICE y otros brazos articulares de la familia Matte, junto con el Mellon Bank y Dreyfus de Estados Unidos.

Lo que se intenta es retrotraer la situación a 2007 cuando regía la ley de promoción del hidrógeno, que tenía 15 años de vigencia, pero jamás fue reglamentada y por eso cayó. Pero ahora, como la línea internacional manda sobre esas alternativas, todo el mundo se puso a trabajar.

Ocurre lo siguiente: según los especialistas en el tema, desarrollar un proyecto de estas características para que sea rentable, requiere unos diez años de trabajo. Al mismo tiempo estiman que luego de 2030, las inversiones en ese sentido se justificarán económicamente. Por lo cual, dado que las multinacionales también planifican, es el momento indicado para generar los marcos legales, e invitar a esos capitales a probar su tecnología en Argentina. De allí que, el mensaje gubernamental sea el clásico “se trata de una industria de capital intensivo, con amortizaciones que pueden darse a 20 años, por lo que estudian algún régimen de garantía de acceso a divisas, para dar previsibilidad a la hora de invertir o importar”. De libro…

En Río Negro por ejemplo, la consigna oficial es “las acciones para mitigar los efectos del cambio climático son un eje estructurador de nuestro plan de gobierno. Buscamos proyectos que, además de permitirnos desarrollar económicamente la provincia, tengan un impacto global beneficioso en materia ambiental”. De allí que avanzarán con el Hidrógeno Verde que promete la australiana Fortescue (cuyo representante nacional es el ex jugador de rugby Agustín Pichot) en Sierra Grande.

Pero, según el discurso de la gobernadora, “nos hemos puesto en una vidriera mundial, y muchas empresas acercan a Río Negro consultas e intenciones formes de invertir que hay que analizar, evidentemente hay espacio para muchos proyectos y la provincia tiene mucha capacidad y se ha puesto a la vanguardia en la materia a nivel país, a nivel Latinoamérica y a nivel global inclusive”. Tomá mate con chocolate…

Hay más… Mucho más… El Consejo para el Cambio Estructural, que depende del ministerio de Kulfas, apunta a poder dar con el pinet que las consultoras internacionales le dan a la Argentina: que para 2050, el país sea el proveedor de al menos el 5% de la demanda mundial de energía derivada del hidrógeno verde. Eso, en guita se llama: un potencial de ingreso al país de 100 mil millones de dólares y un potencial de ingreso por exportaciones de US$ 15.000 millones anuales a futuro.

Estos números hoy pueden ser seductores porque es el momento de abrochar los negocios. Pero en términos de planificación, en 2050 Argentina tendrá cerca de 70 millones de habitantes. Salvo que nos condenen a la hambruna total desde ahora, esos montos para entonces no moverán el amperímetro y es probable que el pasivo humano-ambiental crezca exponencialmente.

Fuente: MDPN / Gob. De Río Negro / IMPSA