La monserga del mercado libre es puro grupo, y parece que la Ley de Semillas caminaría para adelante. Vilella cumpliría con el compromiso asumido. Lo que no hicieron ni Basterra, ni Buryaille, ni Etchevere, ni Domínguez (x 2). Si lo hace, es el gol del campeonato, y la usura semillera llegará para quedarse.

Redacción

Ayer se conoció quién ocuparía la dirección del Instituto Nacional de Semillas (INASE). Vilella, quién está a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, hizo trascender el nombre y se espera la comunicación de su designación formal. Se trata de Claudio Dunan, uno de los miembros de AAPRESID, también cuadro académico del complejo agropecuario formado en Agronomía de la UBA y en la Universidad del CEMA, y fundador de Bioceres.

En criollo, un hombre que proviene del mismo corral que el secretario de AGyPN, que desde 2011 forma parte de la mencionada Bioceres SA.

La firma tal vez les suene: fue la que promovió la incorporación del gen HB4 (oriundo de girasol) al trigo y la soja para hacer más tolerantes a la escasez hídrica. Modificación genética que descubrió la tan afamada científica del CONICET, Raquel Chan, que le permitió a Bioceres pasar de ser una empresa que promoviera innovaciones locales dentro del paquete tecnológico del agro extractivismo, a cotizar globalmente desde los mercados de Estados Unidos.

¿Y qué tiene que ver este asunto con las semillas? Todo. Es muy fácil de explicar, porque tiene mucho que ver con el presente.

En Argentina, desde la célebre gestión de Felipe Solá al frente del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante la presidencia de Carlos Menem, se adoptó el modelo semillero actual. Por supuesto, hubo una evolución hasta aquí de tres décadas, que comenzó con el desprecio y prácticamente desaparición del acervo semillero nacional. Rico en calidad, rendimiento, prestigio internacional; pero fundamentalmente, fruto del trabajo acumulado durante décadas por el agro argentino.

Con la instauración del paquete tecnológico reinante, el de las semillas genéticamente modificadas para responder a estímulos químicos provenientes de fertilizantes, y diversos agroquímicos de patente extranjera, ese semillero nacional fue corrido de nuestros surcos, y se desató una carrera totalmente desregulada y escasos controles que termino por instaurar, el paquete, el sistema, los rendimientos, la organización territorial y por ende , el reformateo de nuestra cadena productiva agropecuaria de cara a los que demandaba y demanda el mercado externo.

Ante la desregulación total del mercado semillero y del resto de la actividad, el sector tendió a ser concentrado por las principales empresas exportadoras y promotoras del modelo; y estas – por lo tanto – adaptar la cadena de valor interna, a su propia cadena de valor internacional y división internacional del trabajo. La misma depende de que la plantita crezca. Si la plantita surge de la semilla que ellos promueven y “come” lo que ellos de tiran, mejor todavía.

Vuelva a leer el párrafo anterior para encarar los que siguen, porque a una desregulación, le corresponde una concentración y a esta una nueva regulación.

“¿Cachai’?” – dirían los hermanos chilenos.

Luego de 30 años, ¿qué pasó? Efectivamente, el “mercado” se concentró en pocas manos, pero no es absoluto. Y dado que los cultores del libre mercado si hay algo en lo que no creen es en el libre mercado, ahora que este está concentrado, quieren “regularlo” para hacerlo prácticamente intangible.

Imagine el lector: las principales semilleras del mundo acapararon todo. El único que les podría romper el corral es el propio Estado Nacional, proponiéndose como semillero y con un paquete tecnológico asociado. Pero, dado que entre liberales de todo signo eso no sucederá, las firmas concentradoras pretenden “blindar” su corral y seguir ganando dinero.

¿Cómo es eso? Simple; y vienen bien los ejemplos del trigo y la soja HB4. Estos cultivos permiten que con parte de la cosecha de la actual campaña, se siembre la campaña del año que viene. Por lo tanto, el productor, compra la semilla una vez, y después va utilizando parte de lo que cosecha para resembrar.

Asimismo, demos como ejemplo el trigo, hay productores que no siembran para la exportación o la industria harinera interna. Lo hacen justamente para venderle semillas a otros productores que sí sembraran para esos destinos. En la jerga, eso de denomina “bolsa blanca”, que se comercializa sin denominación de origen en cuanto a patentes; y por lo tanto, no paga regalías o derechos.

Justamente, esto es lo que las grandes empresas como Bioceres, Don Mario, Syngenta, entre otras quieren cortar y regular. Como ya concentraron el mercado y no quieren que se les “escape”, promueven la sanción de la famosa Ley de Semillas, con el objetivo de instalar el pago de derechos o royalties por parte de los productores.

En criollo: la usura semillera. Vilella es uno de los principales cultores de que eso se lleve adelante; y de hecho, los Ministros y Secretarios de Agricultura anteriores desde 2012 a esta parte, intentaron impulsarla.

Los argumentos son bien elementales. Casi berretas. Argumentan que el complejo agropecuario argentino, para sumar “competitividad y seguridad” ante el mundo, debe tener una normativa “moderna” que proteja y garantice las inversiones en investigación genética y los derechos de propiedad intelectual de las empresas.

Entonces, dicen que como la actual legislación en cuanto a semillas data de 1973, ya es “arcaica” y no contempla los avances tecnológicos que se han desarrollado en el último medio siglo en cuanto a biotecnología. Lo cual es cierto. El asunto es que la despreciada legislación actual protege, resguarda y promueve el acervo semillero soberano nacional. Si bien este fue destruido de facto desde Menem en adelante, la ley tiene plena vigencia, aunque ningún titular de la cartera de Agricultura desde Solá en adelante la hizo respetar.

Las grandes empresas que conducen el complejo agropecuario quieren la ley hace mucho tiempo. El problema es que el royalty pretendido suma costos a la cadena, que en general serán absorbidos por el productor agropecuario.

La puja es interna a la propia actividad. Ninguno quiere asumir las consecuencias de los mayores costos. Si no hay consenso y conformidad, la “bolsa blanca” seguirá circulando. Sino hay una regulación que establezca algún mecanismo de policía que se encargue de controlar y castigar a los díscolos, el conglomerado de exportadoras y sus laboratorios asociados – como Bioceres – perderían mucho dinero.

Es aquí donde a los cultores del libre mercado, ya no les conviene que el mercado sea libre. En criollo, lo del libre mercado siempre fue y será cuento.

Todo indica que con Vilella la ley caminaría. Para eso, nombraría al tipo que metería el gol del campeonato.

Fuente: InfoCampo / Archivo Chasqui Federal