El debate definitivo tendrá lugar el próximo miércoles 7 de diciembre, y defina si el mandatario será destituido o no. Para que ello tenga lugar, para lo cual se requiere alcanzar 87 votos.

Redacción

Durante el día jueves, se conoció que el Congreso peruano, admitió el pedido de vacancia contra el presidente Pedro castillo. Se trató del tercer intento de la oposición política de ese país desde que comenzó el proceso del actual mandatario a mediados de 2021.

Por 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, contra el presidente Pedro Castillo por “permanente incapacidad moral”. El debate definitivo tendrá lugar el próximo miércoles 7 de diciembre, y defina si el mandatario será destituido o no. Para que ello tenga lugar, para lo cual se requiere alcanzar 87 votos. El pedido de destitución, fue respaldado de 67 firmas: Acción Popular (12), Alianza para el Progreso (9), Somos Perú (3), Fuerza Popular (24), Avanza País (8), Renovación Popular (9) y no agrupados (2).

Desde esta Redacción venimos siguiendo el proceso acusatorio contra Castillo, pero más que nada, la inestabilidad que viene teniendo el sistema institucional peruano en el último lustro. Independientemente de si las denuncias contra los distintos mandatarios en los últimos años fueron justificadas o no, llama la atención que las misma provengan desde el conservadorismo neoliberal de nuestro hermano país, identificado con el expresidente Alberto Fujimori y alineado con las políticas de Estados Unidos en la región.

Por otro lado, siempre entendiendo que dichos inconvenientes sólo los peruanos sabrán como resolverlo, es dable observar cómo puede utilizarse el entramado institucional de las repúblicas, para incidir en la conformación y continuidad de los gobiernos elegidos por el voto soberano.

En otro sentido, solamente México y Chile, recibiéndolo a Castillo han manifestado solidaridad con el presidente peruano. También lo hizo la Organización de Estados Americanos (OEA).

El organismo continental que visitó Perú durante la semana anterior, elaboró un informe preliminar respecto a la situación política en el Perú ante el Consejo Permanente de dicho organismo supranacional, donde afirma que la “institucionalidad democrática” peruana “está en riesgo”; dificultando la función de gobernar y atender los asuntos más urgentes del país.

La OEA resalta lo que entiende como un “uso excesivo de herramientas de control político”, tales como “mociones de vacancia”, “negación de viaje al exterior del presidente”, “denuncias constitucionales” y “votos de censura”. Además, señaló que existe una “judicialización de la política”, lo que desvirtúa “el rol de los poderes del Estado”.

Si se atiende a los procesos que también se vienen desarrollando en la última década en otros países de la región, la tendencia a este tipo de procedimientos se viene haciendo habituales. Tomen nota entonces los pueblos, ya no sólo existe un saqueo permanente de territorio y recursos, hay un sistema institucional devaluado, donde lo que determinan las urnas es relativizado o ignorado por las estructuras estatales tradicionalmente llevadas adelante por los sectores conservadores, como son la Justicia y lugares estratégicos en los parlamentos.

Fuentes: El Comercio / RPP