Las empresas transportadoras de energía, exigieron en la Audiencia Pública del pasado lunes, un incremento tarifario por su segmento de algo más del 200%. La más representativa concentra el 85% del mercado del transporte. Son los tipos que le ponen precio a las cosas; quién dispone del recurso energético, dispone del resto de la vida moderna.

Redacción

No nos cansamos de decir en estas páginas que la logística es un eslabón fundamental en todo proceso de producción de bienes y servicios. Según se trate, en cuanto a volumen y complejidad, los servicios logísticos no representan menos del 30% de cualquier bien final.

Con las discusiones que el Gobierno Nacional está llevando delante de cara a “actualizar” el régimen tarifario, cosa que entiende como prioritaria porque de lo contrario, “Argentina se quedaría sin energía”.

En ese marco, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) realizó el lunes pasado la audiencia pública convocada con el objeto de “adecuar de modo transitorio las tarifas del servicio de transporte de energía eléctrica”, de cara a que las empresas transportistas pudieran llevar adelante las inversiones necesarias para lograr una mejora en el sistema que en la actualidad se encuentra saturado, y sobre el cual evidentemente no tuvieron tiempo de adecuar en 30 años de concesión.

Según se dijo en la audiencia, las empresas solicitaron una recomposición tarifaria inicial superior al 200% y luego la implementación de un ajuste mensual. Las transportistas de electricidad, para explicarlo fácil, son las empresas que se encargan de trasladar la energía desde las generadoras, como por ejemplo una central hidroeléctrica, hasta los centros de distribución que manejan otras firmas. Estas últimas, son las empresas que distribuyen el servicio domiciliario y residencial.

Desde el gobierno acompañaron la solicitud de las empresas. Por ejemplo, durante la Audiencia Pública, la subsecretaria de Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía, insistió con que el crecimiento del sistema de transporte no acompañó el incremento de la demanda ni de la oferta y que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se encuentra saturado y opera como un “cuello de botella”. A su vez, advirtió que “los costos del transporte fueron trasladados sólo en forma parcial a los usuarios, lo que generó subsidios en este segmento.

Las distintas empresas transportistas tuvieron subsidios del Estado Nacional que van entre el 65% y el 89%”. Las firmas son Transener, Transba, Transco, Transpa, Transnea, Transnoa, Distrocuyo y el Ente provincial de Energía de Neuquén (EPEN). Todas coincidieron en que el sistema se encuentra saturado y que requiere ampliaciones para poder reducir los costos de despacho y lograr la eficiencia esperada.

Llamativos son los casos de Transener y Transba; firmas que operan y mantienen en forma directa el 85% de la red de alta tensión, y supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional argentino. La primera, dentro del proceso de privatización de las empresas de servicios públicos regido por las leyes 23.696​ y 24.065, se apoderó desde 1993, de las infraestructuras de transmisión de energía eléctrica de las empresas estatales HIDRONOR, Agua y Energía y SEGBA.

Transener tiene a su cargo TransBA, y entre ambas administran casi 20 mil kilómetros de líneas de transmisión. Está controlada por Citelec S.A., firma que posee el 52,65% de sus acciones y que forma parte del complejo de empresas que controla Pampa Energía S.A..

Sin embargo, Citelec en este caso es socio del Estado Nacional a través de ENARSA. Asimismo, el 19,57% del paquete accionario está en manos del ANSES; y el resto cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Como parte de su argumentación la representante del Estado nacional, afirmó que dado que desde 2017 que no se realiza la readecuación tarifaria respecto del transporte, y que al mismo tiempo está “quebrado” he imposibilitado de llevar adelante cualquier política de subsidios, lo que corresponde a la logística debería aumentar acorde a lo solicitado por las empresas: un 200%.

Así, según se analizó en el acto, un usuario de la zona metropolitana que consumo 300 kWh por mes, el aumento del componente transporte en la factura, debería ser del $ 208 adicionales por mes. Con esos ingresos, las transportadoras podrán realizar el 64% de las inversiones restantes, que no pudieron hacerse en todos los años anteriores, fundamentalmente desde 2002, donde la demanda acumulada creció un 110%, pero el sistema de transporte sólo lo hizo en un 54%.

Asimismo, las empresas solicitaron “una cláusula de ajuste mensual que evite tener que ajustar los planes de inversión para poder lograr financiar los gastos corrientes”.

Decires que suenan raros

Suena raro que un puñado de empresas que solamente transportan; y sobre todo una que prácticamente monopoliza el mercado de la logística energética, no haya podido invertir en las mejoras del sistema que administra en más de dos décadas.

Si tenemos en cuenta que tiene a todo el país de “clientes cautivos”, más que “sonar raro” la situación es preocupante. Es Estado nacional – otra vez – le está salvando la ropa a las concesionarias que no realizaron las inversiones correspondientes en tiempo forma y lugar.

Pero hay un punto que aquí nos interesa remarcar ante de cerrar la nota: la importancia de la logística en todos los aspectos de la vida.

Mire usted si no es importante: si el que transporta energía no obtiene lo que quiere, está dispuesto a salir a decir que Argentina se quedará sin luz eléctrica en pocos años. A esta altura del campeonato, quién tiene ese poder se convierte en el dueño de la vida y la muerte.

Es inconcebible que los servicios energéticos estén concesionados a empresas privadas. Son atribución irrenunciable del Estado.

Fuente: ENRE / Transener / EconoJournal