La Federación Agraria Argentina señaló que las firmas exportadoras de granos Cargill y ADM continúan “profundizando las distorsiones” en el mercado, luego de que éstas se retiraron de las compras en las operaciones que se realizan en la Bolsa de Comercio de Rosario. Desde hace unos días, distintos actores de la cadena agropecuaria, viene manifestando la no publicación de cotizaciones y precios de referencia en pizarra.

Redacción

La Federación Agraria Argentina (FAA) afirma “la decisión de las exportadoras es gravísima y atenta contra las normas que rigen este mercado y atacan a su transparencia”. El planteo no es equivocado, la falta de precios y políticas de referencia, sin la intervención estatal en el establecimiento de ciertas pautas, allana caminos hacia la formación de posiciones dominantes en los distintos mercados.

Para el caso del comercio exterior de granos y oleaginosas, esa “posición dominante” existe hace varios años con poca oscilación entre las multinacionales intervinientes. Puede decirse sin temor a errarle: existe lo que se llama un oligopsonio en Argentina; es decir, un mercado cuyos compradores son un pequeño grupo de empresas.

Desde la FAA, marcan como un límite a la situación el hecho de que no den a conocer las cotizaciones: “estamos convencidos de que debe existir un indicativo de precios de pizarra en el mercado de cereales y granos, que se condiga con los mercados internacionales y que no se pueda distorsionar de manera discrecional o dirigir la formación de los mismos”, argumentó la entidad, en referencia los precios.

Según ellos, los productores necesitan disponer de “más precios de referencia en producciones que no los tienen y evitar profundizar tremendas distorsiones que afectan a productores y consumidores”. En la declaración señala la responsabilidad del Gobierno nacional respecto de las normativas que luego se reflejan en las dinámicas de las cotizaciones. Afirman que “ha sostenido en reiteradas oportunidades (de manera implícita o explícita) que tiene la intención de distorsionar, desconectar y deprimir los precios de las producciones para desacoplar de los precios internacionales y tener un “mercado burbuja” a disposición, supuestamente, de la “mesa de los argentinos”.

La crítica apunta sin dudas a la aplicación del denominado “dólar soja”. Es decir, la fijación de un precio preferencial equivalente a la quita de retenciones sobre el producto que sólo beneficia a las exportadoras y unidades productivas con granos disponibles, “castigando sin miramientos a los productores, impactando con más fuerza sobre los más pequeños, en los que se acelera la desaparición”, acusó la FAA.

La Federación Agraria insistió en que ante una situación de un mercado distorsionado por el propio gobierno, “socios privilegiados” pretenden hacer “lo mismo” cooptando, distorsionando y manejando el mercado exportador a su antojo. Aseguran que “las ansias de ingresar dólares a las arcas del Tesoro”, dejan lugar “al accionar desmesurado y fuera de lugar de actores desprejuiciados y contrarios a los intereses de todo el país y del sector, que creen estar por encima de la ley y las buenas prácticas”.

Por último, el comunicado sugiere que si el Gobierno nacional permite la “vía libre” a las exportadoras señaladas para operar por fuera del sistema, la FAA sentencia que tales “favores” serán altamente perjudiciales para los argentinos y los productores que – según la FAA – “cobramos U$S 170 por la soja cuyo valor es de U$S 500”.

Para cerrar, tomando en cuenta lo que viene sucediendo en las últimas semanas con las liquidaciones de exportaciones, los volúmenes declarados en las últimas dos décadas, y el altísimo nivel de concentración de operaciones en pocas manos, es evidente que el Gobierno nacional no decide demasiado sobre la dinámica del mercado agroexportador. Solamente aplica una mirada netamente fiscalista sobre el resquicio de resolución que acuerda con las empresas exportadoras.

Más allá de que en la Bolsa vuelvan a constar los precios de pizarra, todo lo anteriormente descripto no va a variar y menos en contexto de baja de rindes por la condición climática. Por lo tanto, el reclamo de la FAA se perpetuará por mucho tiempo. La única posibilidad es que sea el Estado el que ejerza la actividad comercial. Es la única manera de poder establecer en forma concreta precios comprobables y que sean funcionales al sostén de la producción.

Fuente: FAA