El presidente de la Federación Nacional de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, se refirió respecto del debate público en torno a la Ley de Alquileres, en una entrevista realizada durante la pasada semana por FM La Patriada.

Redacción

– ¿Cuáles son las mejoras que podría tener la Ley de Alquileres en este período de revisión?

– En principio, es importante mencionar que el dato de los 180 días de prórroga es falso, ha sido una operación para deslegitimar aún más el cumplimiento de la ley de alquileres. Es imposible suspender esta ley porque estaríamos suspendiendo parte del Código Civil y no habría marco regulatorio para firmar contratos de alquiler de vivienda ni comerciales. Con esta operación le están dando al mercado la posibilidad de seguir haciendo lo que quiera, en un contexto donde el Gobierno nacional y, particularmente, el ministro de Hábitat y Vivienda, Jorge Ferraresi, nunca hicieron nada para difundir los derechos conquistados en esta ley ni para regular su cumplimiento.

En cuanto a las posibles mejoras y qué debate se va a dar en el Congreso, por lo general cuando no se menciona el plan es porque no se puede decir. Tanto la oposición como Sergio Massa plantean que la ley fracasó y argumentan con discursos bastantes abstractos. Estos discursos, por cierto, representan más a la derecha que a los proyectos populares, que tiene que ver con certezas para los propietarios, estabilidad para los inquilinos, pero no mencionan cómo lograrlo.

Por otro lado, al ver los proyectos de ley, las declaraciones del mercado y las reuniones que está teniendo el mercado con Sergio Massa y la oposición queda en evidencia que lo que quieren es todo lo contrario a lo que dicen en sus discursos, es decir, entregarle al mercado inmobiliario el control absoluto de las reglas de juego del acceso al alquiler. Entonces, no creo que en el Congreso de la Nación se discuta sobre cómo mejorarles las condiciones a los inquilinos e inquilinas sino cómo solucionarle las cosas al mercado inmobiliario.

– ¿Cuál considera que es el motivo de que haya tan poca oferta de alquiler?

– Actualmente, los alquileres son impagables y esto sucede en todo el país. Esta realidad no tiene que ver con la ley de alquileres, sino con que en Argentina se construyen viviendas para dejarlas vacías. Además, siempre que hay un momento de crisis económica, muchos propietarios salen a vender viviendas. Lo mismo sucedió después del 2001 donde hubo récord de oferta de venta de viviendas y quita del mercado. Hoy la característica es que hay un cepo muy importante en relación al dólar y entonces las viviendas en Argentina se cotizan en dólares y se compran en billete dólar. Otra variable es que solo se construyen viviendas suntuosas para los sectores más altos, por lo tanto, no hay ofertas que solucionen la necesidad de viviendas para los sectores trabajadores.

En CABA, por ejemplo, el 60% de lo que se construye son viviendas para sectores altos y esto ha tenido un nivel de desarrollo enorme, de hecho, hay una vivienda cada dos personas. Además, se construye monoambientes y dos ambientes para tener más renta. Es decir, mayor valuación en dólares, por eso el mercado inmobiliario siempre apuesta a la devaluación porque de un día para el otro las viviendas salen el doble. Los mercados intentan enganchar los alquileres al valor dólar de las viviendas, como si estuviésemos en Miami. Esto explica la crisis habitacional que estamos viviendo en Argentina y los grandes negocios inmobiliarios como Costa Salguero, Casa Amarilla, el proyecto que se extiende desde zona norte hasta Quilmes. En definitiva, desde las organizaciones, lo que vemos es que la ley de alquileres puso en discusión el rol del Estado frente al mercado inmobiliario.

– ¿Considera que es factible la posibilidad de hacer un relevamiento de viviendas ociosas para ponerlas a disposición de aquellos que tienen dificultades habitacionales, tal como sucedió en Alemania?

– Tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el Gobierno Nacional no tienen intención de llevar adelante un proyecto como ese. Además, las diferencias son abismales entre lo que sucede en Argentina con respecto a lo que pasa en Alemania. En ese país, la Constitución, en su artículo 15, plantea la responsabilidad social de la propiedad privada. Este artículo fue copiado por Perón en el 49 cuando plantea la función social de la vivienda. Hay que tener en cuenta que la Constitución argentina del 49 fue derogada luego del Golpe de Estado del 55, mientras que en Alemania continua vigente. Por lo tanto, no habría forma de expropiar viviendas vacías en Argentina, sobre todo después de la reforma constitucional de Menem del 94 que les da ese poder a las provincias. En nuestra Constitución, por encima de todo derecho, está el derecho a la propiedad privada. No creo, entonces, que esté dado el contexto político para que esto suceda, donde además ni siquiera están intentando el cumplimiento de la ley de alquileres. De los tres millones de contratos de alquileres, solo se registraron en AFIP solo 140.000, por lo que ni siquiera en esto tiene voluntad para blanquear el mercado inmobiliario. Un mercado que funciona sobre todo para blanquear guita, proveniente de la evasión fiscal del campo, de las ganancias del narcotráfico en Rosario o en la Ciudad de Buenos Aires de sectores económicos que crean fideicomisos para construir y luego los desarman.

La crisis habitacional en nuestro país se explica por varios motivos: en primer lugar, por la dolarización de las viviendas que viene de la época de Martínez de Hoz, algo que pareciera que no se puede discutir. En segundo lugar, la desregulación del precio del alquiler, que en Alemania está regulado desde el valor del metro cuadrado, etc. En tercer lugar, después de un pequeño avance con la ley de alquileres que, por lo menos, regula la actualización en los contratos, la parte más conservadora del Gobierno presionó para que se salga del decreto que congelaba el precio de los alquileres y la suspensión de desalojos. Ese mismo sector del gobierno es el que está intentando dar marcha atrás al único avance que hubo en la regulación de la renta inmobiliaria después de 40 años, la última vez fue en 1985 con la ley de alquileres de Alfonsín.

– ¿Cómo cree que se deberían actualizar los precios de los alquileres en Argentina?

– Desde las organizaciones, y esto se lo hemos planteado al Gobierno desde antes de la votación de la ley de alquileres en la pandemia, creemos que en un contexto tan grave el Gobierno debería haber seguido con el congelamiento de precios de los alquileres hasta que se recuperen los salarios, sobre todo si tenemos en cuenta que hoy la mitad de los ingresos de un hogar se destinan solo al pago del alquiler. El Gobierno decidió salir de ese decreto y el FMI hizo mucho para que así sea, al igual que hoy presiona sobre la derogación de la ley nacional de alquileres porque su planteo es que no se regulen el precio de los alquileres.

La situación es gravísima en términos económicos y habitacionales y en momentos de emergencias como las que estamos viviendo se necesitan medidas de emergencias. Nada indica que esta sea la línea del gobierno, sino todo lo contrario. De hecho, está evaluando entregarle al mercado la actualización de los precios de los alquileres para que se hagan por cualquier índice, con aumentos mensuales y contratos cortos. Lo que conocemos como flexibilización laboral, lo quieren trasladar a la flexibilización del acceso a la vivienda.

– ¿Cómo ve la posibilidad de que esto tenga debate en el Congreso Nacional?

– Por el momento, solo atendieron y recibieron al mercado y no a las organizaciones inquilinas, por lo que no está claro si habrá posibilidad de un debate y no se dará un acuerdo del massismo con la oposición. Esperamos que las organizaciones tengan el lugar que merecen. De todas formas, aún hay mucho por discutir, plantear y vamos a seguir intentando que el derecho a la vivienda se pelee de forma colectiva y no individual.

– Por último, ¿considera que hay algo más para hacer en relación a lo que va a suceder en relación a las Torres de Costa Salguero y la Ciudad Deportiva de La Boca?

– El proyecto de Costa Salguero, de Barracas y de la Boca parte de un proyecto mucho más grande que comprende Zona Norte, la costa de la Ciudad de Buenos Aires, la costa de Avellaneda, donde ya se empezó a edificar a cargo de Paolo Rocca y también comprende la costa de Quilmes. Creo, repito, que forma parte de un proyecto económico y habitacional mucho más grande.

En CABA, hay un avance en cuanto a lo público. Hace años atrás hablábamos de “la Inmobiliaria Larreta”, y aunque no caía muy bien en algunos sectores, hoy estamos viendo mucho más claro que su proyecto político es fundamentalmente inmobiliario que es el que ordena toda la política pública, pero no se trata solo de CABA. Es una lógica de crecimiento económico sin medir consecuencias, es decir, la construcción genera puestos de trabajo rápidamente y en épocas de crisis por lo general se apuesta a eso, sin importar las consecuencias en materia habitacional, de distribución del ingreso, de desvalorización de la tierra, de los alquileres, de la expulsión de los sectores populares de las ciudades o el hacinamiento y deterioro de la calidad de vida de las personas. Entonces, hasta que no haya una discusión estructural y en términos federales sobre qué proyecto de acceso a la vivienda debe tener un proyecto político popular y nacional, difícilmente haya algo para hacer al respecto.

Fuente: Agencia Paco Urondo