El gobierno nacional inicia el proceso de privatización del complejo nuclear argentino autorizado por la Ley Bases. Aquí, una explicación rápida de cómo viene la mano. Al final, una carta de Barceló que es toda una declaración en defensa de la soberanía.

Redacción

Parece ser que el Gobierno resolvió avanzar con la privatización parcial que le permite la denominada “Ley Bases” del complejo nuclear argentina. Una nota publicada en un medio especializado en energía, hace un relato verosímil sobre algunos movimientos de palacio, que durante el día de hoy podrían traer novedades importantes.

Hace una semana, se formalizó la transferencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a la órbita de la Jefatura de Gabinete por medio del decreto 644/24 publicado en el Boletín Oficial. Así, la secretaría de Energía a cargo del Techint boy, Eduardo Rodríguez Chirillo, perdió uno de sus bastiones fundamentales en la cartera, y pasó a manejarlo Guillermo Francos. Por el momento, la conducción de la CNEA, presidida por Germán Guido Lavalle, no tendría modificaciones, pero tampoco hay reaseguro en ello. Hoy mismo puede cambiar la situación.

Según la fuente, el paso siguiente es avanzar con las privatizaciones del complejo y se empezaría con una firma de capitales estatal de enorme importancia estratégica: la operadora de las tres centrales nucleares que existen en el país, Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Recordemos que en la mencionada ley esta empresa figura como “sujeta a privatización”, por lo cual se espera el comienzo del camino hacia la conversión en formato de una sociedad de propiedad participada.

La nota referida, menciona que el ingreso de un accionista privado podría requerir una revisión de la Ley N° 25.018 de Gestión de los Residuos Radiactivos. Otro factor es el financiamiento de la firma: el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó a NA-SA fuera del esquema de regularización de la deuda acumulada por el Estado con las generadoras eléctricas y productoras de gas natural. Es decir, NA-SA no recibirá bonos en dólares AE38 a cambio de la deuda por la energía generada en el primer trimestre del año.

La actividad de Nucleoeléctrica SA es un botín en sí mismo. Entre las próximas obras y acciones, tiene programado detener Atucha I en octubre para comenzar con el proyecto de extensión de vida de la central nuclear, que acaba de cumplir 50 años de operación. Asimismo, la empresa ya licitó tres tramos del fideicomiso NASA IV para la prolongación de vida de Atucha I y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados de Atucha II (ASECG II).

Según la fuente, el fondeo total asciende a US$ 180 millones. La extensión de vida tiene un costo inicial estimado de US$ 450 millones y la construcción del ASECG II tiene un costo estimado de US$ 137 millones. La empresa está buscando financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para estos proyectos.

En este marco, Santiago Caputo, principal asesor del Presidente, tomará el control del área nuclear a través de la designación de Alberto Lamagna como nuevo presidente de NA-SA en reemplazo del titular actual, Luis Fasanella, que llegó al cargo de la mano del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse.

La fuente hace un recorrido interesante de la vida política del aparente futuro designado. Con el mote de “acomodaticio”, definen el currículum de esta forma: “Durante el kirchnerismo fue designado como gerente de Desarrollo Tecnológico de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a partir de su alineamiento con Daniel Scioli. A raíz de eso, tuvo un paso por la Fundar Dar, que impulsaba el armado del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, con el triunfo de Mauricio Macri en 2015 se acercó al PRO por medio del peronismo federal y llegó a la vicepresidencia de CNEA en 2016.

Con la victoria de Alberto Fernández en 2019, volvió a saltar al Justicialismo y siguió en el cargo el organismo atómico hasta 2021. Y ahora logró cautivar a Chaher con la tesis de acelerar la privatización de NA-SA en el segundo semestre del año, un objetivo a priori inviable a no ser que se pretenda rematar los activos y destruir valor dentro del sector nuclear”.

Ante la pérdida de la soberanía nuclear – Por Gabriel Barceló*

La Argentina puede construir casi toda el área nuclear de una central atómica.

Hasta ahora.

Si el gobierno completa lo que intenta hacer con la empresa IMPSA, esa aseveración ya no será cierta.

Le energía es el sustento esencial de una sociedad industrial, la única forma de tener una sociedad realmente inclusiva para todos los habitantes del País. Si queremos enfrentar el cambio climático, la energía nuclear será un componente esencial. Y, hasta ahora, podríamos encarar un aumento de la capacidad de generación nuclear de manera soberana, sin pedir nada a nadie, dando trabajo a argentinos para que fabriquen los equipos necesarios y contando con las capacidades nacionales para proveer el combustible.

Hay tres empresas esenciales para sostener esa capacidad: La planta de agua pesada de Arroyito (Neuquén), parada por Macri, y que todavía se debe recuperar; el conglomerado CONUAR/ FAE, en Ezeiza; e IMPSA, en Mendoza.

La tecnología es un estado cultural que se apoya en conocimientos y habilidades de científicos, ingenieros, empresarios, obreros y empleados trabajando en equipo. Si se pierde, no se recupera más que con tremendos esfuerzos económicos y políticos de la sociedad y sus individuos. IMPSA es depositaria de ese estado cultural en lo que respecta a la fabricación de equipos pesados esenciales para las centrales nucleares. Perderla para los planes nacionales sería un crimen de lesa soberanía.

Y solamente la soberanía asegura la capacidad de decisión para proveer de un futuro sostenible a las generaciones futuras de argentinos. Los nuevos dueños, por lo visto, estadounidenses, si no la desmantelan y la abandonan, podrán desmantelarla y llevársela (junto con el personal más capacitado técnicamente), o, en todo caso, trabajar en Mendoza para el floreciente programa nuclear que están planteando ambas opciones de la política estadounidense.

Pero no para la Argentina. Nunca para la Argentina.

Por otra parte, y siempre en la energía, IMPSA es capaz también de diseñar y fabricar sofisticados equipos pesados para la generación hidráulica y también tiene capacidades en energía eólica. En el mundo que se viene, sediento de energía limpia de emisiones de gases de efecto invernadero, es un caramelo demasiado apreciado.

Ningún marco político o jurídico puede justificar desmantelar las posibilidades de un destino sustentable para las futuras generaciones de argentinos. Cuánto menos un Decreto de Necesidad y Urgencia y una Ley Marco impregnadas de inconstitucionalidades y maniobras turbias de aprobación.

Un futuro gobierno nacional, con vocación soberana, debiera revisar cualquier operación de venta de este o cualquier otro activo esencial para la soberanía energética nacional.

Contamos para ello con la voluntad de los argentinos de bien, que todavía quedan en la política nacional, así como la de todos los argentinos de bien, dispuestos a luchar para permitir un futuro sustentable para sus hijos y nietos.

GABRIEL NORBERTO BARCELÓ
MIEMBRO IESO  / / MIEMBRO CEEN

*El Dr. Gabriel Barceló ha sido miembro del Directorio de NA-SA y gerente de Relaciones Internacionales de la CNEA.

Fuentes: AgendAr / EconoJuournal