“Lineamientos para no pagar impuestos” debería haber sido el verdadero título del informe elaborado por un conjunto de asociaciones empresarias de varios sectores de la provincia de Buenos Aires, de cara a socializar las perdidas y privatizar las ganancias bonaerenses.

Redacción

En el marco del encuentro “Somos Industria 2023”, el grupo de empresarios denominados Generación por una Argentina Mejor (GAM), reunió a las seis principales cámaras empresarias bonaerenses, de cara a construir una serie de líneas de acción para lo que ellos denominan, “Lineamientos para un plan de desarrollo de la Provincia de Buenos Aires (PBA)”.

Así, la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Delegación Buenos Aires de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO PBA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA); elaboraron conjuntamente un informe que posee desde la visión de estas entidades, los ejes centrales para un plan de desarrollo sostenible, el esquema de financiamiento, el desarrollo de la actividad productiva y la sostenibilidad fiscal, productiva y social que la provincia estaría necesitando.

Como era de esperarse, los puntos de mayor hincapié fueron los que atendían la matriz general de costos y el esquema fiscal que Buenos Aires implementa para su población. El informe resalta que, la provincia reúne el 49% de los establecimientos industriales del país, participa del 37,3% de las exportaciones argentinas y representa el 38,5% del consumo a nivel nacional. Pero, a pesar de eso, los firmantes expresan que el territorio bonaerense “ha sido históricamente postergado en la distribución de la renta federal”.

Aseguran que mientras los sucesivos gobiernos provinciales refuerzan y fortalecen la recaudación propia y exigiendo una mayor erogación tributaria a los bonaerenses; cuando este recurso resulta insuficiente, la provincia recurre al gobierno federal por transferencias no automáticas discrecionales, lo cual impacta directamente en la relación entre el Poder Ejecutivo Nacional y el gobierno provincial. Afirman que la provincia de Buenos Aires, tiene el 42,3% sobre el total de la deuda de todas las provincias.

Entre las propuestas que esgrimen las seis asociaciones están, la sustitución plena o atenuación del impuesto a los Ingresos Brutos. Según éstas, “aumentaría la competitividad de las industrias en el mundo”. Plantean un esquema de alícuotas crecientes en las cadenas de valor y el ordenamiento de los mecanismos de los agentes de recaudación de retenciones y percepciones, para disminuir la carga sobre los contribuyentes por la generación de saldos a favor.

Otra de las reformas fiscales que proponen, es la de los Derechos de Exportación (DEX) – las “retenciones” – con aplicación de nivel nacional. Las entidades afirman que “resulta imprescindible desarrollar un esquema tributario que impulse la producción, la inversión y la generación de divisas por exportación”.

Más allá de que – cuando no existieron las retenciones eso que auguran jamás sucedió -, lo que proponen a cambio son “adecuaciones del impuesto inmobiliario rural que favorezcan la autonomía fiscal de la provincia”. Algo raro también porque los niveles de mora o no pago, y solicitud de moratorias, posee un nivel alto a pesar del nivel promedio de rentas reales contra valuación fiscal que efectivamente ARBA cotiza.

En cuanto a las ciudades – siempre preocupados por el plano fiscal – lo que plantean en ese informe, es un estudio de cambio de la lógica del impuesto, “migrando desde el esquema actual de costos de reposición hacia un esquema de valores de mercado, es decir, desde un objetivo recaudatorio hacia un objetivo de equidad”.

Respecto al impuesto de sellos, el informe asegura el mismo representa un obstáculo a la formalización. Según las entidades, es el primer tributo a afectar en un esquema de disminución fiscal, tal como ya había sido “abordado en el Consenso Fiscal de 2017”. Es decir, durante el gobierno de Vidal en la provincia.

Entre las conclusiones, se encuentran otro tipo de disparates a tono con el resto del informe, que ya se han probado o se continúan implementando en la provincia desde la década del ’90, y que no han dado ningún resultado positivo.

Por ejemplo, proponen reformar “el modelo actual de gestión de políticas públicas para alcanzar el objetivo de obtener un esquema de financiamiento a largo plazo de la brecha de infraestructura”. En criollo, que la provincia respalde al capital privado para la toma de créditos en el exterior, para financiar las obras de infraestructura, que después no llevará adelante, argumentando “problemas de financiación, mayores costos y pérdida de rentabilidad”. Por lo cual, el Estado provincial se quedará, sin obra, con la deuda y una serie de juicios de parte de los acreedores extranjeros.

También proponen, “una descentralización de la educación para lograr una mayor sostenibilidad social, fiscal y productiva, de manera de reformar el gasto provincial para lograr mayores eficiencias y obtener una presión tributaria razonable que permita el desarrollo productivo y social”.

Es decir, hacer con la educación lo que hicieron con la salud en la década del ’90: reventarla, para que caiga sobre el esquema institucional y sus vinculaciones una desregulación absoluta de acceso a la educación contenidos, proveedores, obras, y demás factores.

Debemos confesar que atento al título rimbombante del informe, nos habíamos ilusionado. Sin embargo, no aparece una línea respecto al desarrollo de un modelo industrial equitativo para la provincia, centrado en la industrialización y transformación de materias primas en origen; sean estas destinadas al consumo local, regional, nacional y la exportación.

Nada nuevo bajo el sol. Sólo no quieren pagar impuestos.

Fuente: GAM / Ámbito Financiero