El ministerio de Economía estableció mediante Resolución la renovación del fideicomiso aceitero, con compensaciones que alcanzarían los 120 millones de dólares para las aceiteras del mercado mayorista. El sector empresario se queja, y asegura que entre flete y góndola es donde los precios se incrementan. Si miramos los números del INDEC, hay que darles la razón.

Redacción

Según lo estipula la Resolución 118/2023, el “superministro” casi presidente, Sergio Massa, renovó el denominado “fideicomiso aceitero” hasta el 31 de octubre del corriente año. Entre los argumentos se menciona que la medida oportunamente instaurada en 2021, ha “cumplido los objetivos” para los cuales fue pensada. Es decir, “contener” el precio del aceite de girasol para el mercado interno.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en su informe sobre los índices de inflación publicado a comienzos de semana, hizo constar que para la Ciudad de Buenos Aires -donde cualquier producto suele ser mucho más barato que en cualquier otro punto del país -, la botella de aceite de girasol de 1,5 litros en los últimos 12 meses aumentó de 305,40 a 814 pesos. Es decir, registró un aumento del 166,5%. En criollo, dos veces y media.

Como era esperable, la industria aceitera elevó sus quejas una vez comida la medida. Sin embargo, el “superministro” extendió la medida de subsidios al precio mayorista de los aceites de girasol, soja y sus mezclas en envases de hasta 3 litros, que se comercialicen en el mercado interno hasta el próximo 31 de octubre.

Con intención de no juntar demasiadas críticas, la “innovación” que presenta la reedición de la medida, es que si bien se propone arrancaría con compensaciones para 29 millones de toneladas (o litros) de aceite, esa cantidad irá disminuyendo progresivamente mes a mes, hasta llegar a un poco más de 20 millones de toneladas en octubre.

Desde el sector productivo, particularmente desde CIARA-CEC, argumentaron – al igual que con el fideicomiso triguero y el “dólar soja” –, que la medida “genera distorsiones en el mercado agrícola y complica financieramente a las empresas aceiteras”.

¿Quiénes son los “beneficiarios” del fideicomiso? Tal como ocurre en el caso de la harina, que va destinado a las empresas molineras que adhieran al programa, en este caso va destinado a las industrias que comercializan aceites vegetales en el mercado local para consumo final. A cambio de las compensaciones, están obligadas a vender el producto con un precio mayorista determinado por la Secretaría de Comercio Interior.

Más allá de que cada cual defiende lo suyo, hay algo menciona el sector empresario que es real, y ni este ni otros gobiernos han querido avanzar en medidas concretas: los descuentos o los topes a los precios mayoristas se diluyen en tres etapas puntuales de su distribución: el almacenamiento y traslado – o sea la logística -, y el destino final de comercialización – hipermercados, supermercados, almacenes, etc. -.

Por otra parte, los fondos que nutren el fideicomiso, provienen del registro de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de soja, girasol y de harina y pellets de soja y girasol.

Ya hemos explicado cómo funcionan las cadenas de valor para los sistemas productivos altamente primarizados y fundados en la exportación: la operatoria del comercio exterior está comandada por monstruos extranjeros en más de un 85% haciendo un promedio. Entonces, al igual de lo que ocurre con las famosas “retenciones”, estos aportes al fideicomiso son abonados al fisco por las firmas exportadoras. Sin embargo, estas trasladan esos impuestos hacia “abajo”, es decir a acopiadores, consignatarios y productores, pagando menos dinero por la mercadería o los servicios prestados. Al tener estas firmas no sólo posición dominante de mercado, sino prácticamente un monopolio u oligopolio según el producto del cual se trate, no hay en principio otro actor al cual venderle la producción o dispuesto a pagarla.

Según emanó de las oficinas del “superministro”, la nueva edición del fideicomiso planea reunir 120 millones de dólares entre febrero y octubre del corriente año; sin descartar “refuerzos o actualizaciones”, si el proceso inflacionario no se detiene.

Explicado ya, dónde se producen y registran los mayores aumentos masivos de precios al consumidor, no hay que ser ingeniero astroespacial, para darse cuenta que la contención de la inflación pasa por otros carriles, y no por un fideicomiso.

Fuente: MEcoN / Boletín Oficial / CIARA-CEC