Como cada año, más de tres centenares de naves pesqueras provenientes del gigante asiático se apostan en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina para la pesca ilegal. Por mayores esfuerzos que realice el Estado nacional para custodiar nuestras aguas y recursos, la operatoria de dichas flotas obedece a una lógica geopolítica que avala la Organización Mundial de Comercio.

Redacción

Si bien el Consejo Federal Pesquero ya dió a conocer la aprobación para que la flota pesquera argentina de inicio anticipado a la temporada de capturas del calamar ilex – pautada para el 7 de enero de 2022 -, tanto la Armada como el Ministerio de Defensa anunciaron que se está custodiando y controlando el acceso al Atlántico Sur de una flota de 300 pesqueros provenientes de China. Se trata de la flota que habitualmente se instala más allá de la milla 200, fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

Si bien, la “ventana temporal” entre el comienzo de la operatoria en aguas argentinas de la flota nacional y la actividad depredatoria de las flotas extranjeras se “achica”, lo real es que éstas tendrán un mes de ventaja en la captura.

La cartera de Defensa argentina admitió que el Estrecho de Magallanes registra alto tránsito marítimo debido al paso de la flota pesquera oriental que espera que lleguen a un número cercano a las 350 embarcaciones. Debido a que Argentina no posee control soberano sobre la boca atlántica del mencionado paso oceánico, sólo puede “recibir” a la flota en aguas nacionales, identificar los barcos y “acompañarlos” hasta que superen la milla 200. Según las autoridades navales, más de un centenar de naves han atravesado el Estrecho, entre los de pesca por arrastre, poteros, palangreros; y se espera el apoyo logístico de buques tanque y factoría que permiten que las capturas se hagan de forma ininterrumpida.

Según declaraciones del Ministro Taiana, el control de pesca y custodia de los recursos ictícolas soberanos más allá de las milla 200, depende de lo que dicte la normativa internacional. Afirmó asimismo que “la mayor responsabilidad en materia de depredación en nuestro mar está dada por el otorgamiento de licencias de pesca a 30 años que Gran Bretaña otorga sobre recursos que nos son propios”.

Por otra parte, el Ministro destacó la operatoria conjunta entre la Armada y la Prefectura; y anunció que comenzará a tomar funciones el Comando Conjunto Marítimo, integrado por las tres Fuerzas Armadas para el control del mar. Se anunció y también la aprobación del proyecto de Ley por parte del Congreso, y que se había impulsado desde la Subsecretaría de Pesca de la Nación, para actualizar la normativa de multas y penas para las embarcaciones capturadas en infracción. Según se anunció, los montos están basados en relación al precio internacional del Gas Oil Naval, para poder tener una actualización automática y constante de los resarcimientos.

La pesca “no declarada”, o “no reglamentada”, o ilegal y depredatoria, tiene un fundamento internacional que pone de rodillas a la Argentina: los subsidios que otorgan las naciones a sus flotas para que pesquen en aguas remotas, dado que ya han agotado los recursos en sus propios caladeros. Los países que lideran a nivel mundial estos tipos de políticas son China, España, Corea del Sur y Taiwan; seguidos también por Rusia y Polonia.

La semana pasada, debió realizarse la Conferencia Internacional de la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde entre otros temas debía tratarse la reducción de los subsidios al combustible para las flotas pesqueras. Los países que se oponen fervientemente a dichas iniciativas son China y España, quienes concentran con la complicidad inglesa, el 70% de la captura ilegal en aguas argentinas.

El Atlántico Sur es el caladero más importante del mundo, tanto por la diversidad de la fauna ictícola presente como por la cantidad de la misma. El Mar Argentino posee 6,5 millones de kilómetros cuadrados. Se estima que cada año, entre los permisos de pesca que otorga el Estado Nacional, los permisos ilegales que da Inglaterra desde el enclave invasor en Malvinas, más la depredación de las flotas internacionales; se capturan cerca de 3 millones de toneladas de nuestras aguas.

Estos datos visten por completo la problemática: mientras desde el Ejecutivo Nacional argentino, no se impulse una política soberana de fabricación de buques militares y aeronaves para la custodia y protección del Atlántico Sur, la tarea al respecto del Estado argentino siempre estará supeditada a las autorizaciones de la OTAN en materia de adquisición internacional de armamento y movimiento de tropas para las tareas de patrullaje.

Por otra parte, mientras la normativa argentina supedite sus multas según los cánones que instrumente la OMC para los subsidios a la pesca (combustible naval); y no que las sanciones giren en torno al quebranto que implica la captura ilegal de más de 2 millones de toneladas de recursos naturales alimenticios que pertenecen a nuestro pueblo, cualquier medida de carácter resarcitorio será ineficaz e insuficiente en términos soberanos.

Fuente: Min de Defensa / Revista Puerto