La Red Argentina de Investigadores e Investigadoras de Salud (RAIIS) advierte sobre los riesgos de dejar la salud en manos del mercado, tal como se intenta desde el Poder Ejecutivo con la vigencia del mega DNU y el fallido proyecto de Ley Ómnibus. Reproducimos una entrevista a dos de las autoras de un documento elaborado por la Red sobre los riesgos que implica la política sanitaria del Gobierno.

Por Vanina Lombardi

Entre los más de 300 artículos incluidos en el mega DNU decretado por el Gobierno del presidente Javier Milei a fines de diciembre del año pasado, algunos de ellos impactan en el sector salud y ponen en riesgo a toda la población. “Cuando se deja de invertir en salud es como cuando se rompe un plato: con una política constante y continua, aunque sea lenta y paulatina, se asegura un nivel sanitario para la población, pero si se corta algo de eso, luego hay que empezar de cero y tratar de subsanar ese error. Fue lo que pasó durante el gobierno de Macri, cuando dejaron de dar la vacuna de sarampión y volvimos a tener brotes después de años”, advierte la bióloga Soledad Santini, presidenta de la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras de Salud (RAIIS), y una de las autoras de un informe técnico que difundió esa organización civil a fines del mes pasado.

“El objetivo de la publicación es generar insumos para el debate legislativo desde una perspectiva científica, se lo hemos acercado a diputados y senadores para que todos partan de una misma base de conocimiento”, agrega Santini, y detalla que el trabajo incluye distintas áreas que se verían afectadas, tanto por el DNU como por el proyecto de Ley Ómnibus, que si bien ya no está en debate, indica un posicionamiento del Gobierno sobre las políticas sanitarias.

En detalle, el informe está dividido en cuatro partes temáticas, dos de los cuales ya están siendo afectadas por el mega DNU denominado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”. Una de ellas es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), que fue “disuelta” por el mega decreto, y la desregulación del sistema de obras sociales y empresas de medicina prepaga, sobre las cuales ya han empezado a circular denuncias por falta de entregas de medicamentos.

Los laboratorios públicos de medicamentos se ven debilitados con la disolución de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) a partir de la vigencia del mega decreto presidencial.

Sobre este segundo punto, el DNU establece que las empresas de medicina prepaga no solo pueden establecer los precios libremente, sino también determinar las condiciones de los servicios que prestan a sus asociados, algo que hasta el momento estaba regulado por el Estado, para evitar abusos de las prestadoras.

Con respecto a las obras sociales, la nueva norma establece que éstas pasan a tener la misma entidad que las prestadoras privadas, lo que implica que cualquier trabajador registrado puede elegir por una u otra, indistintamente. “Eso hará que muchas obras sociales queden desfinanciadas. Es lo que se llama desregulación total, que es lo que se quiere hacer desde los años 90”, explica María José Luzuriaga, vicepresidenta de RAIIS, y recuerda que, hasta ahora, si bien el trabajador podía optar por un servicio de medicina prepaga, era necesario pasar por una obra social que retenía un porcentaje del aporte.

“A partir del DNU, se puede elegir un plan de salud privado, al que solo algunos podrán acceder, y se pierde el mínimo componente de solidaridad que quedaba en el sistema”, lamenta Luzuriaga, que es doctora en Salud Colectiva del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, y advierte que el sistema ya está muy concentrado en unos pocos prestadores, públicos y privados, y que esta desregulación puede provocar la desaparición de los pequeños.

En 2022, en la Argentina, había 14.892.254 personas con cobertura de Obras Sociales Nacionales, 7.178.589 de Obras Sociales Provinciales, 5.188.599 del PAMI y 19.921.618 con Cobertura Pública Exclusiva. Gráfico: RAIIS.

“Las 300 obras sociales que tienen su trayectoria en estos mecanismos solidarios, y que están mucho más reguladas que el sector de las prepagas, van a desfinanciarse completamente, sobre todo las más chicas”, cuestiona Luzuriaga y destaca que la concentración habilita a que las condiciones en que se van a imponer los planes y las prestaciones terminarán siendo definidas por un sector monopólico que definirá las reglas.

Según detalla el informe de la RAIIS, en la Argentina son solo seis las empresas que concentran al 76% de los poco más de 6 millones de abonados a la medicina prepaga. Se trata de Galeno, Medicus, Medifé, Omint, OSDE y Swiss Medical, que entre 2015 y 2022 tuvieron un promedio de ingresos anuales por 6.800 millones de dólares y que, en conjunto, acumularon 44.400 millones de dólares.

“Probablemente, habrá prestaciones mucho más pobres, con más servicios con copago, que serán mucho más expulsivas de población con patologías de alto costo y ni hablar de las personas mayores. Van a tener la libertad para hacer lo que quieran. Es lo más lejano a lo que se promulga como libertad de mercado, adonde todos compiten la igualdad de condiciones, y lo que justamente no hace es generar igualdad de condiciones para competir”, cuestiona Luzuriaga, y agrega que otro cambio relevante para las obras sociales es que deja de ser un requisito el porcentaje mínimo del financiamiento destinado a que se garanticen las prestaciones sanitarias de los afiliados que se encuentran en las distintas provincias del país.

De acuerdo con el Padrón Único Consolidado Operativo (PUCO) por el Programa Sumar, se detalla que hasta agosto 2022 se registraron 14.892.254 personas con cobertura de obras sociales nacionales (31,6%), 7.178.589 de obras sociales provinciales (15,2%), 5.188.599 del PAMI (11,0%) y 19.921.618 poseen cobertura pública exclusiva (42,2%). Asimismo, a mayo de 2021, 6.796.690 personas contaban con cobertura de entidades de medicina prepagas, de las cuales se estima que entre 3,8 y 4 millones de personas derivan sus aportes desde una obra social nacional.

“Ya hubo experiencias de desregulación similares, que han fracasado en otros países”, afirma Luzuriaga y detalla que los casos de Chile y Colombia sirven de referencia: “En esos países el sistema ya no funciona y los cambios que se han propuesto siempre concluyen en que tiene que ser una reforma estructural. No se trata de corregir al privado ni de regular mejor, sino de reducir al mínimo la participación del sector privado, que perjudica al sistema en su conjunto, lo reduce y lo fragmenta, aumenta costos, distorsiona los precios y es expulsivo, porque su lógica es la ganancia y, si es posible, extraordinaria”, sostiene Luzuriaga y reitera la importancia de que la política sanitaria incluya más regulación y presencia del sector público. “Si bien el privado puede existir, tiene que estar muy regulado y quien defina el funcionamiento del sistema tiene que ser el Estado”, concluye.

Fuente: Agencia TSS