Previo al fin de semana, el SENASA dio a conocer una resolución sanitaria, de cara a regularizar la cadena de distribución y trazabilidad de la fruta. Si bien la medida sería correcta, su aplicación real y su plazo de regularización dan pie para desconfiar. El problema logístico es determinante.

Redacción

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), estableció a partir de la Disposición Conjunta 1/2021 desde el próximo 15 de marzo para todo el territorio nacional, que los movimientos de fruta fresca de banana originados en un establecimiento inscripto en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) o en un empaque, solo podrán dirigirse a establecimientos debidamente registrados como cámara de maduración o como cámara de frío y la carga deberá estar amparada por el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e)

La medida, aseguran desde el organismo, apunta a mejorar la trazabilidad de esta fruta en el mercado nacional y fortalecer la inocuidad del producto que llega a los consumidores. Sin embargo, la medida trajo polémica.

La fruta viene arrojando una serie de inconvenientes derivados de los altos costos de importación referenciados en la banana ecuatoriana. Su precio a nivel interno, tomando como referencia las cotizaciones publicadas por el Mercado Central de Buenos Aires, superó durante la primera semana de febrero el 23% de una semana a la otra, y nada indica que disminuirá.

Nuestro país posee un promedio de consumo per cápita de 12 kilos anuales, aunque se vuelcan al mercado interno cerca de 600 mil toneladas cada año. La producción nacional centrada en Formosa, Salta y Jujuy, genera alrededor de 250.000 toneladas. Es decir, prácticamente el 60% de la mencionada fruta proviene de la importación.

SENASA por otra parte, informó que la medida se tomó porque el organismo detectó “inconsistencias en la emisión de la documentación lo cual impide certificar la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) indispensables para obtener productos sanos, inocuos y de calidad y proteger el ambiente, la salud de los trabajadores y la salud pública”.

Medida un tanto intempestiva, ya que afecta a los productores regionales y no a las bananas que provienen del exterior. Si bien la mayoría de la cuota que se importa es de origen ecuatoriano, en los últimos años, la fruta ha comenzado a ingresar desde Bolivia, Paraguay y Brasil; y según las fuentes, con menos rigor en los controles.

El malestar

La controversia vino por el lado de la infraestructura instalada en la cadena bananera. La disposición requiere que el tránsito de la fruta, además de los registros de productores, deben tener las declaraciones de circulación. Más allá del engorro que significará fundamentalmente para los pequeños productores tales condicionantes, a través de los organismos provinciales el paso podría ser resuelto en un plazo razonable.

De hecho, el propio SENASA divulgó que en el caso de Formosa – la provincia que encabeza la producción bananera y posee mayor cantidad de productores ligados a la actividad -, las autoridades regionales del organismo se reunieron con representantes del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Formosa, el municipio de Laguna Naick Neck, el Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) y el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), de cara a establecer un plan de trabajo conjunto sobre las nuevas disposiciones y regularizar el comercio de la producción de banana.

El segundo escollo, lo presenta la infraestructura en materia de acopio y acondicionamiento previo a la comercialización en mercados mayoristas y minoristas. A eso se refiere SENASA con la necesidad de que los mercados receptores cuenten con “cámara de maduración y cámara de frío”.

La medida no está mal. Es lo correcto. Lo que genera malestar es lo apresurado de la misma, sin un programa o política adecuada para desarrollar este tipo de infraestructura logística, y que al mismo tiempo, las provincias y municipios adapten sus legislaciones al respecto.

Un caso denunciado recientemente en la ciudad de Salta sirve para graficar el trasfondo. Resulta que, así como la banana subió su precio en el Mercado Central – plaza que fija las referencias -, en la mencionada ciudad el mismo se duplicó. El precio del cajón, pasó de 8 a 16 mil pesos.

El motivo es la escasez de la fruta en la ciudad se debe a la exigencia de las cámaras de maduración en la ciudad. Desde el Mercado Cofruthos explicaron que la Municipalidad de Salta no tiene regulado o reglamentado el tema de las cámaras de maduración, sino de cámaras de frío únicamente.

Por lo tanto, la fruta no sólo no puede ingresar a Salta, sino que tampoco puede hacerlo a Jujuy. Las cadenas de abastecimiento, sino no ingresan a una ciudad, tampoco van a la otra. Parece un disparate, pero el “comportamiento de las cargas” en la actividad logística es así.

Los salteños lo señalan bien: sino no tienen los maduraderos en regla, no pueden obtener las DTVe; y si no tienen estas últimas, no pueden ingresar la fruta al circuito comercial local y regional.

Por mera curiosidad, la pregunta que sigue es la siguiente: ¿quién se beneficia y quién se perjudica con esta medida de SENASA?

Los beneficiarios directos son los importadores por un lado, hasta que los productores regularicen todo el asunto registral. Eso llevará un tiempo de trabajo, donde el mercado interno seguirá demandando bananas, y más allá de los precios, se abre una vía para las importaciones adicionales.

Pero los que más se beneficia, son las empresas logísticas que mayores cuotas de mercado tienen concentradas y que al mismo tiempo poseen mayor capacidad instalada.

El mecanismo está claro: si no hay infraestructura de acopio y acondicionamiento, el productor local no puede vender – tenga o no los papeles al día. Y de cara a vender, si el operador logístico es pequeño o mediano y no tiene el equipamiento requerido, no puede comprarle al productor.

El productor necesita vender sí o sí. El operador logístico no necesariamente tiene que comprarle al productor, ya que, si le conviene trabajar con la banana importada, lo va a hacer. Por lo tanto, tira los precios de la materia prima argentina hacia abajo, hasta que le otorgue mejor margen que la banana extranjera.

Así, el productor se resiente, pierde o directamente no vende. El pequeño acopiador, al no poder recibir mercadería, no factura y también pierde.

Y colorín colorado: gana el importador y el operador logístico más grande (que usualmente, son la misma persona).

Moraleja: si el comportamiento en materia de planificación del SENASA bajo la conducción de este nuevo gobierno, va a programar las medidas de esta manera, es probable que el organismo sirva de ámbito de certificación para la destrucción del sistema productivo nacional.

Las medidas sanitarias son indispensables para mejorar la producción y la logística de cara al bienestar del consumidor. Pero si su aplicación no se planifica en forma integral, el perjuicio que se genera es fulminante.

La logística es demasiado importante para el trabajo argentino y la soberanía nacional, como para dejarla en manos de un puñado de empresas.

Fuente: SENASA / INDEC / El Tribuno / Archivo Chasqui Federal