Mucho, poquitito y nada. Fiel a su tradición de entender al mundo del trabajo y la producción como generadores de recursos fiscales, el Gobierno liberal de Alberto Fernández, juega al tute con el aumento de las retenciones agropecuarias.
Redacción
Primero dijeron que no; después que un poquito sí; y ahora capaz que sí y capáz que no. Así, mientras el Gobierno de Alberto Fernández, conducido por su Ministro de Economía Joseph….; perdón, Martín Guzmán, evalúan si van a más o a menos con el incremento de los Derechos de Exportación. Es decir, van a volver a comprarse un conflicto para luego victimizarse.
Lo que seguramente va a suceder, es que echarán mano a lo establecido en el artículo 52° de Ley N° 27.541, denominada “de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, que fuera sancionada el 23 de diciembre de 2019; a pocos días de que tomara funciones Guzmán (y Alberto Fernández también).
¿Qué dice la ley al respecto? Que la alícuota para los granos de sojas no podrá superar el 33% del precio oficial FOB para la soja; o no más del 15% para trigo, maíz, cebada y girasol; o hasta el 5% para los productos agroindustriales provenientes de las denominadas “economías regionales”.
¿A qué le llaman FOB (Free On Board)? Coloquialmente, el costo de la mercadería a exportar, puesta abordo del buque que realizará el flete. Desde ese precio, el fisco “retiene” el porcentaje por derechos de exportación. Por ejemplo, al viernes 11 de marzo en Rosario, la soja cotizó la tonelada US$ 707 ($ 76.356 al cambio oficial).
¿Por qué aseguramos que el Gobierno se comprará un conflicto? Porque jura y perjura que el (posible) aumento no recaerá sobre los productores primarios. Sin embargo, y efectivamente, desde la implementación del impuesto a las exportaciones a fines de 1955, el mismo es trasladado a los chacareros.
Además, porque el Gobierno se hace el distraído respecto de la dinámica del funcionamiento del mercado internacional de granos y la sangría que va generando en los medianos productores agropecuarios (ya no hay “pequeños productores” ligados a la exportación de commodities; les conviene ser arrendatarios).
Esto es así: como ya explicamos existe un valor FOB que responde al mercado internacional y que el Gobierno asume como precio de referencia para liquidar los impuestos. Como la cotización varía día a día porque el Estado argentino no pincha ni corta en los precios – dado que no ejerce soberanía en cuanto a negociación de los términos de intercambio de su comercio exterior -, lo recaudado por tonelada también varía diariamente. Entonces, según la cotización que tomamos más arriba, por cada tonelada exportada, el fisco recibe US$ 233,31 (en pesos: $ 25.197,48).
Ahora bien… existe al mismo tiempo un precio de referencia para toda la actividad hacia el interior de la cadena denominado FAS (Free Alongside Ship). Es el precio por el cual la empresa exportadora pagó la soja por tonelada antes de ser cargada al buque. Ejemplo, los famosos precios de la “Bolsa de Chicago” son los precios FAS de Estados Unidos. Sucede que por su condición de colonización, Argentina toma de referencia los precios internos del imperio al cual tributa.
Sigamos… Los precios FAS o son los mismos que los FOB. Continuando con el caso que venimos desarrollando, el FAS que tomó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para la soja el viernes pasado (11/03) fue de $ 52.984 (US$ 490,59).
La diferencia entre uno y otro, es que el FOB implica el precio FAS, más los gastos portuarios, maniobra y las retenciones.
Entonces ¿qué ocurre? Por la misma situación de subordinación la exportadora “transfiere” a sus proveedores de grano (Cámaras, acopiadores, etc) la diferencia entre FAS y FOB, que para el viernes 11 de marzo fue de 216,41 dólares por tonelada. Estos a su vez lo transfieren a los productores primarios. De allí que cuanto más alto sea el porcentaje de retenciones, mayor es la carga tributaria que cae sobre el productor; o mejor dicho, mayor es el “descuento” por tonelada que se les realiza para cubrir pérdidas de los de más arriba.
Es por ello que se explica que a pesar de todo este abuso, los productores quieran exportar. De allí que pretenden al mismo tiempo, que el valor de los granos cuesten lo mismo para el mercado interno que para la exportación. Porque “compensan pérdidas por transferencia”.
Es ni más ni menos que la aplicación práctica del teorema del palo de gallinero: el de arriba caga al de abajo; y éste al que lo sigue; y ese al que sigue, etc.. Un teorema que al mismo tiempo obedece a la lógica de privatizar las ganancias a favor del más poderoso o mejor posicionado y socializar las pérdidas entre los que menos poder de maniobra y negociación tienen.
Usted que es una buena persona se preguntará: ¿el Gobierno no sabe de todo esto? Sí, claro que sabe. De hecho ya hicieron las cuentas y no saben cómo aplicar la medida. Por eso las dudas propias del Tute: ir a más o ir a menos.
Y dudan por la propia mirada fiscalista que el gobierno liberal de Guzmán/Fernández poseen sobre el aparato productivo: “haremos lo que nos permita juntar más guita de la forma más rápida. Después, vamos viendo”.
¿Cuál es la solución a esto? Tomar las riendas de nuestro propio destino. Los términos de intercambio con el mundo (el valor FOB) los debe definir el Estado Nacional. Y el valor FAS, también a partir de una política de tres líneas fuertes: planificación productiva del territorio, planificación de los saldos exportables, y planificación del proceso productivo. De esa manera, sin tocarle un peso a nadie, todos tendrán precio justo y abundante, cada gallinita cagará en su propio recoveco.

Fuente: MAGyP / BCR / Presidencia de la Nación