Tras idas y vueltas de múltiples características, finalmente ingresaron al Congreso Nacional los proyectos por el GNL y el hidrógeno de variopintos colores. Parafraseando la jerga futbolera, “todo entrega”.

Redacción

La semana legislativa comenzó con la presentación de dos proyectos de ley en el Congreso Nacional de suma importancia y alerta: el de la ley de promoción para el Gas Natural Licuado (GNL) y el de hidrógeno verde. Ambas iniciativas habían sido sugeridas durante distintos momentos del Gobierno de Alberto Fernández, pero en ningún momento se había generado un clima de dispersión tan grande entre las principales referencias de la gestión.

Así como oportunamente lo hizo Kulfas, luego fugazmente Scioli, y desde hace un año, De Mendiguren, Royón y Massa, lo que buscan esos proyectos es establecer las reglas de juego y condiciones para que la extranjerización de ambas actividades, tenga al menos por los primeros 35/40 años, algún poroto para la caja del Estado Nacional producto de las exportaciones, y adicional a las regalías y demás impuestos y tasas habituales.

Por el lado del “Régimen de Promoción del GNL”, la propuesta abarca también a sus actividades asociadas – almacenamiento, comercialización, transporte y la instalación de infraestructura -. El proyecto establece que Argentina se convertiría en exportador de gas natural licuado, definido como “un combustible intermedio de la transición energética”. Según las fuentes, nuestro país posee 800 trillones de pies cúbicos de gas, lo que implicaría abastecimiento estimado para más de 300 años.

Supuestamente, habría tres multinacionales con proyectos de inversiones que podrían superar los 10.000 millones de dólares, pero exigen un marco regulatorio específico. En principio, lo que trascendió es que una vez aprobada la ley, las empresas tendrán cinco años para presentar proyectos. De ser aprobados, podrán explotar el recurso durante 30 años una vez lograda la licuefacción. Los requisitos básicos serían la inversión de 1.000 millones de dólares y una capacidad mínima de producción de un 1.000.000 de toneladas de GNL por año.

Otros beneficios que tendrían las empresas por más de tres décadas, serían que las firmas accedan a dólares por un monto libre de hasta el 50% de las divisas obtenidas por las exportaciones, con el objeto de destinarlos al pago de capital e intereses, y al pago de utilidades y dividendos. Respecto de los derechos de exportación – las “retenciones” – el proyecto de ley dice que las alícuotas serán móviles “según la cotización internacional del GNL”; y los márgenes irán desde 0% si el precio es menor a los 15 dólares por millón de BTU, y de 8% si es mayor a los 20 dólares. Es decir, un régimen similar al que está estipulado para el sector de hidrocarburos.

Asimismo – y esto es muy importante no tanto por lo que dice, sino por lo que deja entrever -, los permisos de exportación serían autorizados para los 365 días del año según el texto del proyecto; aunque queda para reserva de las autoridades nacionales que con un plazo de seis meses de anticipación se requiera, que para los meses de junio, julio y agosto, las empresas puedan ofrecer al mercado interno el 10% del GNL producido en dicho período.

En criollo, esos 800 trillones de pies cúbicos de gas para más de 300 años de abastecimiento, en ningún momento estuvo en la mente del actual gobierno, ponerlos a disposición de la demanda interna, sea domiciliaria o industrial. Si la letra tuviera un espíritu soberano, la explotación del GNL tomaría al mercado interno como prioridad, y después de ello se podría pensar respecto de la exportación de los excedentes.

Por el lado del hidrógeno verde, el proyecto otorga para las empresas estabilidad fiscal por 30 años; y el 50% de acceso libre a dólares por exportaciones; aunque ese margen podría ampliarse si el porcentaje de exportaciones se incrementan.

En cuanto a los derechos de exportación, las mismas serían de 0% durante los primeros 10 años para el hidrógeno verde y rosa. Luego, irán subiendo y variando el plazo, según la marcha del intercambio; aunque ya se establece que el máximo para el hidrógeno azul, luego de 20 años de exportaciones será de 4,5% de retenciones.

En ambos proyectos está estipulada la “intención de integración nacional tanto en las inversiones como en la participación. Eso está mejor explicado en el de GNL porque YPF pugna por ser socio partenaire de varias multinacionales, tal como ocurre en Vaca Muerta o en la Cuenca Austral. Hasta ahora, sólo manifestó interés formal la empresa anglomalaya Petronas.

Lo del hidrógeno verde y demás colores, aún esta – valga la redundancia – verde. Salvo la oferta de la angloaustraliana Fortescue en Río Negro y alguna otra conversación entre la CONEA y la provincia de Neuquén, aún ningún político en la gestión comprende de qué va el asunto del hidrógeno.

En esta Redacción creemos que tampoco les importa. Pero lo que sí llama la atención es la guita que puede entrar a las cajas estatales.

El lector pensará, “bueno, pero hay una cuestión de soberanía en el medio. Nadie puede venir a hacer lo que quiere con los recursos naturales…”.

Viendo lo que ocurre en Vaca Muerta, la Cuenca Austral y el asunto del litio, el tema de la soberanía parece que “no está en agenda”.

Fuente: Congreso de la Nación / +Industrias / Archivo