Previo a los carnavales, los distintos eslabones de la cadena se reunieron en Córdoba para delinear políticas a seguir en este año electoral. Sintéticamente pretenden que el Gobierno Nacional otorgue: previsibilidad en los negocios, precio sostén garantido, libertad para exportar, subsidios indirectos y al mismo tiempo financiamiento concreto. Una nueva forma de decir, “queremos la chancha, los veinte y la máquina de hacer chorizos”.

Redacción

El jueves de la semana pasada, y en el marco de la Fiesta nacional del Trigo, se reunió en la localidad cordobesa de Leones, la Mesa Nacional del sector, y de la cual participaron más de 30 entidades que abarcan toda la cadena del cereal. Del encuentro salió un petitorio que se espera, sea presentado en los próximos días ante las autoridades nacionales.

Los puntos contenidos en el documento final, fueron avalados por las entidades presentes, y fundamentalmente acompañados por el Ministerio de Agricultura y ganadería cordobés, la Sociedad Rural local y la Bolsa de Cereales de Córdoba. El mismo se compone de catorce reclamos, siete puntos de acuerdo y tres líneas de trabajo propuestas, de cara a la campaña triguera 2023-2024, que comenzará a mediados del corriente año.

Entre los pedidos o reclamos, constan todos los “clásicos”, los mismos sin nombrar exigen condiciones que sólo son resorte del Gobierno Nacional, a saber; el primer lugar, eliminar los derechos de exportación (retenciones) que “desalientan la producción” y el compromiso de no intervención del mercado. Segundo, permitir la apertura de importaciones para insumos estratégicos (aunque no está acompañado por el detalle, se presumen que se refieren a agroquímicos, neumáticos, maquinaria, o ente otros). Tercero, establecer y evaluar el costo tributario para cada eslabón de la cadena y evitar las distorsiones para contribuir a la “transparencia del mercado”.

En cuarto lugar, las entidades reclaman financiamiento para toda la cadena, al tiempo que piden “derogar las resoluciones que limitan el financiamiento al sector agropecuario”. Quinto, las entidades reclaman que las autoridades nacionales se hagan presentes en los espacios de interés del sector, impulsados por las organizaciones agropecuarias y cámaras afines.

Sexto, que el Gobierno brinde “previsibilidad”, a partir de la generación de “reglas claras sin modificaciones durante el período de cultivo como mínimo”, eliminando los mecanismos de intervenciones distorsivos formales e informales. Expresaron específicamente, el rechazo a la aplicación de fideicomisos o herramientas similares; y rechazaron asimismo el “desdoblamiento cambiario”. Además, solicitan “comprar insumos al mismo valor del dólar que vendemos”. Esto es así porque venden la mercadería a dólar oficial, pero los insumos deben pagarlos a dólar MEP (o alguna de sus variantes, que cotiza al menos el doble).

La séptima petición es la del análisis del sistema de incremento en las exportaciones de la industria molinera. La federación Molinera, pretende beneficios adicionales para aquellas exportaciones que superen los valores actuales. Octavo, reclaman trazabilidad y transparencia respecto de la producción, solicitando “urgente intervención del estado nacional para frenar la marginalidad” (en este aspecto, sí serviría la intromisión estatal evidentemente).

Noveno, reclaman un plan para el sector, y “que cumpla, aunque sea en etapas, pero concretas y medibles” (no se especifican alcances del plan o cosas a “cumplir”). Decimo, exigen una reforma fiscal equitativa que privilegie impuestos a las ganancias, no a ingresos brutos y a derechos de exportación.

Luego enumeran los últimos cuatro reclamos: impulsar un proyecto de ley para el uso de semilla certificada a través de una doble deducción de ganancias; realizar el “Mapa Nacional de Calidad de Trigo”, con relevamiento gratuito y que sea impulsado desde todos los eslabones de la cadena agroindustrial, y que se permita a los vendedores a concurrir a una cámara arbitral cuando hay diferencias de calidad (casi casi una nueva Junta Nacional de Granos); solicitud de acciones para combatir el contrabando principalmente en la frontera norte del país; y específicamente con Bolivia; requerimiento de trazabilidad, seguimiento y acceso a la información sobre la multiplicación y comercialización del trigo HB4.

En cuanto a los puntos de acuerdo consensuados por la gran Mesa, consisten en un resumen “dado vuelta”, de los catorce anteriores. Así, según el documento, las entidades habrían coincidido en: la construcción entre todos los actores públicos y privados, una “agenda de trabajo que apunte a robustecer y ampliar el horizonte de la política triguera para los próximos años, aspirando a que estos lineamientos sean un compromiso de una política de Estado y una política empresaria a largo plazo y de alto impacto para la sociedad en su comunión con lo urbano y rural”.

Llaman asimismo a incentivar la producción triguera para la próxima campaña; impulsar la marca País TrigAr, colaborando con el Congreso de Asociación Latinoamericana de Molinería, que se realizará en Córdoba durante el corriente año. También se proponen consolidar la agenda legislativa, impulsando: la Ley de semillas y recursos fitogenéticos estratégicos (bancos de germoplasma); la Ley de Promoción de fertilizantes; y una legislación específica que formule un Plan Agroindustrial.

Otro de los puntos acordados es solicitar e involucrar a los organismos públicos, para el fomento de la investigación, desarrollo e innovación en relación a la cadena de trigo, y convocar al INTA, CONICET, universidades, ministerios de Ciencia y Tecnología, entre otros organismos.

También impulsarán políticas de calidad comercial, abordando el comercio internacional por medio de la colaboración pública privada, en función de la demanda de granos, harinas, pastas, productos y derivados de la cadena. Trabajar y mejorar procesos de trazabilidad y transparencia. Trabajar en el abastecimiento del mercado interno. Fomentar acciones para disminuir el riesgo, como seguros.

Impulsarán asimismo acciones comunicacionales para construir una visión sistémica del trigo. Fomentarán las buenas prácticas agropecuarias, promoviendo la simplificación del esquema tributario y de requerimientos; además de incrementar las exportaciones y el valor agregado del trigo, infraestructura e innovación institucional.

En síntesis, un panorama “clásico”, predecible y prácticamente desopilante. Huele más a discurso de presión en un año de campaña electoral, que un plan de acción con bases sólidas para una cadena de valor-producción altamente concentrada, y con múltiples diferencias y dificultades en las distintas regiones trigueras.

Lo que piden en síntesis es previsibilidad en los negocios, precio sostén garantido, libertad para exportar, subsidios indirectos y al mismo tiempo financiamiento concreto. Una nueva forma de decir, “queremos la chancha, los veinte y la máquina de hacer chorizos”.

Fuente: Noticias AgroPecuarias / El ABC Rural