Misiones declaró la emergencia por inundaciones por seis meses, ante las constantes y permanentes lluvias sobre las cuencas de los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay. Se prevé un fuerte impacto en el sistema productivo primario, el abastecimiento y la actividad económica integral de la provincia.

Redacción

La provincia de Misiones declaró el estado de emergencia hídrica y agropecuaria por 180 días corridos y prorrogables a raíz de las crecidas producidas en las últimas semanas, según un decreto provincial publicado en el Boletín Oficial.

La medida obedece a las precipitaciones que en forma intensa se vienen sucediendo en el noreste de nuestro país, Paraguay y el sur de Brasil. Las lluvias, según señala el documento, “han provocado un pico repentino de crecida de los Río Iguazú, Paraná y Uruguay, y el resto de los arroyos afluentes provinciales».

Las consecuencias de esta secuencia de acontecimientos también son esperables, habida cuenta de lo infrecuente del volumen de precipitaciones. Así, se han generado cortes de puentes y caminos por prevención o anegamiento; al tiempo que miles de hectáreas se encuentran inundadas con agua en superficie; además de que un número considerable quedarán “sin piso” para poder cultivar en lo inmediato cuando las aguas bajen.

Desde el gobierno provincial evalúan que las pérdidas serán millonarias; no sólo por los posibles daños materiales y de infraestructura, sino las consecuencias sociales que provocan el aislamiento de centros urbanos, la crisis que afectará al sistema productivo y a la actividad económica en general.

La declaración de emergencia hídrica y agropecuaria, tiene como objetivo inmediato asistir a los afectados; al tiempo que implicará también comenzar con la planificación y ejecución de obras, y la implementación de las acciones mitigar los daños producidos o que se produzcan, como consecuencia del fenómeno climático.

El plazo estipulado por la declaración de emergencia, rige desde el pasado 1° de noviembre con una vigencia de seis meses; y «prorrogable en caso de continuar verificándose la situación que diera lugar a la presente declaración», indica el documento.

La norma establece también que están incluidos en los alcances de la resolución, “los habitantes, familias, viviendas, emprendimientos productivos y/o de servicios, reparticiones públicas con sus edificios e instalaciones, infraestructura vial y edilicia, organizaciones civiles y/o religiosas, y toda otra actividad, emprendimiento o infraestructura que hayan sufrido la inundación de manera directa, habiendo llegado el cauce de los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay, y/o sus afluentes a inundar los predios o lugares correspondientes».

La Resolución habilita a todas las reparticiones del gobierno provincial a realizar cuantas gestiones resulten necesarias ante las autoridades nacionales, “a los efectos de obtener de manera inmediata las decisiones administrativas y recursos presupuestarios que resulten necesarios a los efectos de la pronta reconstrucción de las áreas afectadas”.

La contracara de la sequía, tantas veces vaticinada, se está haciendo presente. A las lluvias – o como consecuencia de ellas -, se sucede también la liberación de caudades de agua de las represas hidroeléctricas, con principal significación en Itaipú y Yacyretá. Estas medidas operativas, implicarán crecidas de preocupación de los niveles aguas abajo.

A todo esto, ya están resonando las consecuencias sociales, que no solamente están ligadas con las evacuaciones de familias. Determinados insumos fundamentales como forraje, elementos sanitarios y combustible están escaseando en las zonas comprometidas.

En algunos casos, por impedimento de las aguas. En otros por la propia especulación usuraria. El forraje para la alimentación de los rodeos es más necesario que nunca en situación de campos inundados. El aumento injustificado de sus precios, habla más de una situación límite en materia de mecanismos extorsivos de nuestro mercado interno, que de la inundación misma.

Fuente: Gob de Misiones / B.O.