A continuación, compartimos datos sobre cómo se desarrollará, para el año 2023, la política de segmentación de subsidios para los usuarios residenciales de servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por redes.

Redacción
Según el informe oficial emanado de la cartera de Energía dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, da cuenta de la incidencia que tendrían los subsidios para el suministro residencial en todo el país, para el año que recién comienza. El documento presenta las medidas que la dependencia a cargo de Flavia Royón, desarrollará durante el 2023 para profundizar la política de segmentación de tarifas tanto para la electricidad como para el gas de red.

Según datos de CAMMESA, el sector residencial representa aproximadamente el 45% de la demanda de energía del sistema y está integrado por hogares y usuarios residenciales. El informe de Energía, afirma que «el Estado cubrió en los últimos años, en promedio, más del 60% del costo de la energía que llega a los hogares. Ello alcanzó indiscriminadamente a todos los sectores del país independientemente de sus ingresos”.

Según lo que establece el Decreto N° 332/2022, el Estado nacional procuró reorientar los subsidios a la electricidad y el gas hacía aquellas familias que efectivamente lo requieren, según los aspectos socio-económicos de cada hogar y buscando “una mayor eficiencia en el gasto público”.  

Según el informe, además del subsidio general establecido por medio del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), el Estado Nacional subsidia en lo que refiere a los servicios públicos de gas natural por redes y energía eléctrica a: la tarifa social eléctrica en la zona del AMBA, la tarifa social de gas a todo el país, y a los electrodependendientes en provincias que se han adherido a la Ley N° 27.3512.

Respecto de la tarifa social (TS) eléctrica y de gas, la misma ofrece un descuento para usuarios específicos que cumplan con ciertas características socioeconómicas. Luego del Pacto Fiscal 2018, el Gobierno Nacional transfirió la gestión y el financiamiento de la TS eléctrica a las Provincias. Es por ello que hoy existe un esquema diferenciado en cuanto a su aplicación. Mientras que algunas jurisdicciones decidieron aplicar el mismo esquema en cuanto a elegibilidad y beneficio que estaba vigente antes del Pacto Fiscal 2018, otras aplican criterios diversos en cuanto a elegibilidad y tipo de beneficio otorgado.

En términos generales, se continuó con la aplicación de los criterios de elegibilidad para la Tarifa Social Federal (TSF) a los usuarios de electricidad y gas de red, o bien se utilizan criterios similares. Los sectores beneficiados por la TS incluyen a jubilados, pensionistas, beneficiarios de pensiones no contributivas, trabajadore programas sociales, trabajadores autónomos inscritos en el régimen de «monotributo social», veteranos de guerra, trabajadores domésticos, beneficiarios del seguro de desempleo y personas con discapacidad. Los criterios de exclusión incluyen a los usuarios que tengan más de una propiedad (inmuebles), un coche de menos de diez años de antigüedad, un avión o un barco de lujo. Las provincias que no mantuvieron los criterios de la TSF a partir del Pacto Fiscal, que entró en vigencia el 1 de enero de 2019, coexisten diferentes criterios en cuanto a elegibilidad y exclusión, así como de cuanto y que se subsidia.

En el documento se argumenta, que el gobierno nacional tuvo que implementar un proceso de focalización de los subsidios que proteja a aquellos segmentos que lo requieren y solicitan a partir del segundo semestre de 2022; y que para ello diseñó el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). La idea con este sistema era “escenificar” dónde y cómo se distribuyen los subsidios estatales.

Según las cifras divulgadas, para agosto de 2022, “el RASE contaba con 9,28 millones de hogares inscriptos para el servicio eléctrico y 5,83 para gas natural”. Aclara el informe, que los hogares que están unidos al suministro eléctrico son ampliamente mayoritarios respecto del gas, dado que las redes tienen mayor envergadura y desarrollo en todo el territorio nacional. Para el caso del gas, hay provincias o regiones de grandes dimensiones en varias provincias que no cuentan con acceso al suministro vía red.

Para el 2023, debido al contexto de alta volatilidad de precios internacionales, el Gobierno está previendo que haya un tope en los aumentos al costo de la energía para los usuarios finales. Según el documento, la inestabilidad energética es “excepcional”, y el objetivo de la recomposición del PEST es “poder cambiar los hábitos de consumo de los hogares para que mejore el nivel del servicio a la par que puedan reducir consumos ineficientes”.

Tal situación “coyuntural” sería superada una vez que entre en funcionamiento Gasoducto “Presidente Néstor Kirchner”, que permitiría bajar los costos de generación del sistema. Según los precios publicados, es costo tope del PEST para los usuarios N1 se ubicaría alrededor de los 92 dólares por megavatios hora (MWh). El informe estima que el precio promedio para 2023 será de 95 U$S/MWh; y que cuando entre en servicio el gasoducto, el mismo se reducirá a 87 U$S/MWh.

En el caso del denominado Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), el tope dependerá de la calendarización de los aumentos propuesto por hidrocarburos. Así, el documento afirma que se estableció un precio de 28 $/m3 (aproximadamente 3,4 U$S/Millón de BTU), que se asemeja al precio pagado por el Plan Gas a los productores por el gas local.
Finalmente, el documento establece una serie de criterios y objetivos para 2023, donde propone continuar trabajando para la homogeneización de las bases de datos de los usuarios de los servicios, en base a la información obtenida por el RASE; mientras se realizará la actualización de los registros provenientes de organismos con los que se realizan los cruces de información con los entes regulatorios. Asimismo, afirma la voluntad de avance en materia de georreferenciación de los hogares para poder cruzar esta información con otros registros y utilizarlo como herramienta de focalización; y por último, identificar las causas vinculadas a la vulnerabilidad de los hogares, en función del georreferenciamiento.

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación