Las discusiones respecto de la importancia para la soberanía nacional de las cuencas hídricas de nuestro territorio, es un tema sobre el cual insistimos en su cobertura, estudio, prédica y tratamiento. A todas ellas, las atraviesan una serie de debates menores y contradictorios, propios de los principales actores que usan estos ríos, y son propietarios de las tierras de sus márgenes.

Por Pablo Casals

Durante la semana recientemente pasada, tuvimos acceso a un artículo de difusión sobre el diagnóstico realizado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), del sistema hidrológico que componen los ríos Limay, Neuquén y Negro. En el mismo, se proponen una serie de mecanismos para garantizar el uso del agua, tanto para riego como para consumo humano, sin alterar el equilibrio de la cuenca.

Los pormenores alrededor de las aguas del río negro y sus afluentes, datan desde principios de siglo XX. Las posturas al respecto han ido cambiando con el tiempo y según la región. Al tiempo que varios actores tradicionales, se arrogan cierto “rionegrismo” o “neuquenismo” para defender el acceso a las aguas por los bonaerenses; para luego derribar esas banderas, ante las solicitudes de las regiones alejadas de las aguas, pero pertenecientes a las mismas provincias: “no se puede; hay que preguntarle a Buenos Aires”.

En síntesis, el federalismo de patrones de estancia y sus letrados administrativos. Según convenga se es federal o se es centralista. La clave está en no planificar ni prospectar; no sea cosa que “después se nos venga en contra”.

Como se dijo, hay varias cuestiones en torno de la cuenca del río Negro, pero el mencionado informe sobre la AIC aborda el tema del posible trasvasamiento de aguas de este río hacia el Colorado en provincia de Buenos Aires. Debate que también tiene sus años.

Los principales impulsores son los carcamanes de estancia del sur bonaerense, liderados por Bahía Blanca y secundados por los de Villarino. El argumento tiene su lógica: las aguas del río Negro, bañan las costas del sur de la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto, los bonaerenses tiene derecho al acceso a las mismas. Eso es cierto; es así y corresponde. Sucede que los reclamantes no postulan el proyecto para los productores de Carmen de Patagones; sino a los que están de 150 a 300 kilómetros más al norte; en la zona de CORFO.

Como se ha dicho, la postura de la provincia de río negro ha sido ambigua al respecto. Si la obra se planifica en forma integral, puede beneficiar a los de Patagones y a los de Guardia Mitre (estos últimos también rionegrinos y con el mismo derecho al agua).

Hay algunas cosas para tener en cuenta primero que nada, que corren para cualquier sistema de riego acueducto se pretenda realizar. Nunca es conveniente mezclar aguas de distintas cuencas que no se unan naturalmente. Las razones de esto son múltiples, pero vamos a mencionar dos. Por un lado, no alterar el equilibrio ecológico que cada cuenca posee en forma independiente. Segundo, la cuenca que aporta el agua, no vuelve a recuperarla. Eso daña a la primera, y a mediano plazo, perjudica a la otra también. Entonces, en lugar de solucionar un problema, se agranda.

Lo que puede planificarse, construirse y mantenerse, es una canalización que vincule ambas cuencas, como forma de prevención o combate en caso de colapsos hídricos o inundaciones que afecten poblaciones y vías de comunicación. Por ejemplo: en 2008 a causa de las grandes lluvias que acontecieron en los valles rionegrinos, la zona que podría determinarse entre Pomona, General Conesa, Colonia Frías, San Javier, Guardia Mitre, Viedma, Carmen de Patagones y el paraje la Querencia; quedaron efectivamente aislados del resto del mundo, porque el volumen de las aguas colapsó puentes y caminos.

De existir mayor infraestructura en materia de canales, drenes, vías y caminos complementarios, la situación hubiese sido con seguridad más leve. Además, esas obras repercutirían positivamente en el sistema productivo.

No somos ingenuos: esas cosas se hacen sobre la tierra; y esa tierra tiene dueño. Propietario que encuentra aliados entre los conservacionistas, que viven de rentas o en torno al aparato estatal de administración. Y ya lo dijo el puestero: “a todos les gusta ver el agua correr, hasta que se les inunda la casa”.

¿Y el estudio qué dice?

Bueno, no sabemos del todo, porque no hemos podido conseguirlo todavía. Sólo hemos tenido acceso a un artículo-comentario, lo oficial publicado por la Autoridad, y a datos de nuestro archivo. Según la AIC, la cuenca “drena una superficie de 140.000 Km2 y cubre casi la totalidad del territorio de la Provincia de Neuquén y parte de las Provincias de Río Negro y Buenos Aires. El río Neuquén, con un módulo de 280 m3/seg, drena un área de 30.000 Km2; el río Limay tiene un módulo de 650 m3/seg. y drena un área de 56.000 Km2. Ambos conforman el río Negro que drena una cuenca de 116.000 Km2, con un módulo de 930 m3/seg.”.

El artículo-comentario, afirma que en junio de 2021, “los representantes técnicos de las provincias de Neuquén, Rio Negro y Buenos Aires y los de la AIC culminaron y pusieron a disposición de los gobiernos de esta área geográfica de la norpatagonia, que tiene además acceso público, el estudio de Planificación del Aprovechamiento Integral y Gestión Sustentable del Recurso Hídrico de la Cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Constituye la única base seria y científica de diagnóstico actual del recurso agua de la cuenca y propone un plan de acción tentativo para el futuro”.

Algo más de diez días atrás, funcionarios de la AIC y del Departamento Provincial de Aguas (DPA) de la provincia de Río Negro, presentaron un informe en la ciudad de Viedma, en el cual se afirmó que la pretensión de Buenos Aires de trasvasar 150 m3 por segundo, es poco menos que disparatada. Tildado de “faraónico y alejado de las posibilidades actuales de la región y del país para financiarlo” – porque jamás hubo interés real de planificar la obra y por ende, su costeo -. También que no posee “ninguna sustentabilidad técnica” – cosa con la cual coincidimos en principio.

Los argumentos giran en torno a que la provincia de Buenos Aires tiene derecho al uso de la cuenca, “pero con un cupo menor en función de sus 60 kilómetros de costa sobre el río Negro, a diferencia de un acceso legítimo y significativo de Río Negro fundamentalmente y de Neuquén, donde están las nacientes de los ríos Limay y Neuquén que con sus aguas conforman el Negro”. Hasta ahí, fenómeno.

También se dice que profesionales y técnicos, “por experiencia a nivel mundial”, afirman lo que dijimos más arriba: que trasvasar agua de una cuenca a la otra no es conveniente porque se pierde el recurso. Los proyectos de uso de una cuenca para riego agrícola mediante canalizaciones, prevén a través de los sistemas complementarios de drenaje, la recuperación del agua no utilizada. Según la época del año y la situación geográfica, dicha recuperación oscila entre un 40 y 60%, dependiendo de que la boca-toma de agua en el cauce del río, asuma un caudal apropiado para el sistema que pretende regar.

Posteriormente el supuesto diagnóstico es contradictorio: la AIC por un lado afirma que la cuenca ya no posee entre 900 y 1.000 m3 por segundo de promedio anual como poseía antes de la construcción de las grandes represas sobre el Limay y el Neuquén. Sin embargo, como citamos más arriba, la AIC asume oficialmente que la cuenca posee un caudal promedio de 930 m3/seg.

Asimismo, se argumenta que sólo por la evaporación del agua en los embalses, ya se pierden los 150m3/seg que pretende trasvasar Buenos Aires. Y agregan: “hoy hay 550 m3 por segundo en el río Negro sobre el Alto Valle y antes de ingresar al sistema de riego del Valle Inferior alrededor de 271 m3/seg.”. leyendo esto, en cualquier momento el río se seca y Patagones continuará sin poder regar; y la logística territorial de producción/poblamiento, sin realizarse.

Luego, continúa con una serie de consideraciones que básicamente están asociadas a que tanto la provincia de Neuquén como la de Río Negro, deberían “poner en marcha un programa de optimización del uso del agua en los sistemas públicos de riego, dado la excesiva ineficiencia de estos, así como las elevadas pérdidas de conducción de los sistemas de riego gravitacionales”.

Esa es la clave del problema. Las áreas de riego están administradas por Consorcios de Regantes (propietarios o arrendatario de chacras); las tareas de mantenimiento jamás son suficientes y las inversión o reinversión en obras depende de los organismos gubernamentales de las provincias o la nación. Como también se imaginará el lector, por fuera de la producción tradicionales de la región (frutas mayoritariamente), no existe ningún tipo de planificación estatal-privada en términos productivos de seriedad. Todo queda en manos del mercado y sus “mecanismos invisibles y reguladores”.

Además, el estudio menciona que “la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro, posee un potencial de áreas para el desarrollo productivo bajo riego cuya demanda de agua promedio anual es mayor que la cantidad de agua promedio anual registrado en la serie histórica desde el año 1901-2021”. Y agrega que para desarrollar el potencial, “se requiere de una mayor capacidad de regulación de los caudales medios anuales, que la existente en el Complejo Cerros Colorados, a los efectos de garantizar los nuevos proyectos productivos”.

Es decir, las represas privatizadas que dotan de energía la destinada al AMBA, han “sacado” de los ríos grandes masas de agua, con el objeto de garantizar el servicio a la capital y el Gran Buenos Aires, en detrimento de una de las regiones más ricas del país. He aquí otro ejemplo del “relativismo federalista” de patrones de estancia, sus letrados y sus mancebos.

Además, recomienda que antes de regar un cantero más, se construyan las “obras multipropósito como Chihuido, Cerro Rayoso y La Invernada”, sobre la traza del río Neuquén.

Por último, la AIC y DPA, recomiendan descartar el proyecto de trasvasamiento, pero llaman a una coordinación integral entre jurisdicciones de cara a nuevos usos de la cuenca. Además, insisten en la realización de los estudios de impacto ambiental, prospecciones y simulaciones hidrológicas antes de futuros cambios.

Consejos razonables, de funcionarios que han estado de un lado y otro del mostrador.  Se dice que, de las aguas utilizadas de la cuenca, el 95% va a proyectos agrícolas, y lo restante a consumo humano, minería e industria petrolera. No nos parecen reales esos porcentajes. Pero no queremos que eso tape el problema real: el territorio, la cuenca hídrica que le da equilibrio, y la producción necesaria.

No es un problema interprovincial. Si se observa la enorme incidencia que tienen los capitales foráneos en la región, el asunto se ha transformado en un asunto geopolítico y por tanto de defensa nacional.

Fuente: AIC / DPA / APP