El Gobierno Nacional no aporta los fondos para el mantenimiento mínimo del sistema vial. El mismo avanza en su deterioro, que al mismo tiempo viene de largo aliento, y de habla de “emergencia vial”. Las provincias solicitaron a Milei asumir la manutención, si es que vienen acompañadas de – por lo menos – la posibilidad de cobrar peajes.

Redacción

El reclamo de los gobernadores y de los trabajadores de Vialidad Nacional es concreto: entre el desfinanciamiento, la quita de decisiones sobre las funciones estratégicas que debe cumplir la dependencia y el vaciamiento del organismo, se confluye en un deterioro avanzado del sistema vial y el perjuicio de circulación de los circuitos de producción en un país altamente dependiente del transporte carretero.

El lector conoce la postura editorial al respecto: en materia de transporte, cualquier distancia mayor a 300 kilómetros que deba recorrer la mercadería, debería ser captada por el sistema ferroviario, fluvial, cabotaje marítimo o la combinación entre ellos. El flete “largo” del camión quedaría afectado a las distancias previamente mencionadas.

El lector dirá, “¿qué tendrá que ver una cosa con la otra?”. Se entrelazan bastante: si la crisis está en el la falta de fondos para el mantenimiento mínimo de las rutas, señalizaciones y control de pesajes; que al mismo tiempo son los tres servicios de mínima que debe prestar Vialidad Nacional; si el sistema de transporte y logística está mayoritariamente asociado a los circuitos viales, la relación es más que clara.

Desde el Sindicato de Trabajadores Viales vienen denunciando que el organismo solicitó una ampliación de presupuesto para el año en curso de algo más de 730.530 millones de pesos. Al no haber promovido el Gobierno una nueva Ley de Presupuesto Nacional, el organismo recibiría la misma suma que en 2023: 475.875 millones de pesos.  Más de un 30% menos de lo solicitado para cumplir con las tareas en términos nominales, sin contar con los efectos devaluatorios propios de la inflación.

Otro aspecto que denuncian es que los fondos provenientes del impuesto al combustible (el SISVIAL), que deberían ir a la estructura de Vialidad Nacional y que reúnen aproximadamente 25.500 millones de pesos, no han sido transferidos al organismo. Tampoco los fondos que derivarían del impuesto PAIS (49.560 millones) o los aportes del Tesoro Nacional (25.370 millones de pesos).

Voces cercanas al organismo insisten que dada la situación integral del sistema vial nacional – que ya no era bueno en el gobierno anterior -, el Estado debería implementar un Plan Estratégico de Obras Viales, donde deben realizarse repavimentaciones, pavimentación de banquinas y terceros carriles para sobre paso, e inclusive el ensanche de rutas actuales.

Por otra parte, desde el propio gremio expusieron que además de las obras menores y el mantenimiento de rutina, se encuentran pendientes de realización los puentes sobre el río Paraná como ser el que une las provincias del Chaco y Corrientes; o bien el de Santa Fe – Paraná. Además, se deben realizar las adecuaciones de los túneles Caracoles y Cristo Redentor, en Mendoza.

A todo esto, los gobernadores se están haciendo escuchar. Los de Río Negro y Neuquén solicitaron al gobierno nacional provincializar las rutas nacionales; a lo que podría sumarse Entre Ríos. Los mandatarios de los distritos patagónicos, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, realizaron el pedido a través de Vialidad Nacional.

En la Patagonia, sin o se prestan siquiera los servicios mínimos de mantenimiento y relevamiento, el riesgo a que la región quede aislada del resto del territorio es muy grade. Sobre todo, teniendo en cuenta lo planteado al principio: no hay servicio ferroviario que recorra la integralidad de la región, como tampoco existe un servicio de cabotaje marítimo conveniente alas necesidades de abastecimiento de la región. Asimismo, corre serio peligro la conexión con Chile y por ende las rutas comerciales que entrelazan a ambos países.

Hay cuestiones elementales que no se hicieron: las sal que se requiere para paliar las heladas invernales, deben ser el resultante de un proceso licitatorio que habitualmente comienza a moverse durante los primeros días de febrero de cada año. Tal licitación todavía no se hizo.

Además, hay temas particulares que afectan a alguna provincia en particular, pro que en realidad están vinculados a Rutas Nacionales. En Río Negro, se frenaron todas las obras que estaban en proceso, relativas a las RN 40, 22 y 23. Sólo en el tramo de la RN 22 que va de Villa Regina (Río Negro) a Neuquén, es transitado por 15.000 vehículos diarios. El 50% de ellos está vinculado a la industria petrolera o al transporte de combustible.

De transferirse las rutas, los gobernadores estarían en condición de cobrar peaje y financiar obras.

En el caso de Entre Ríos, miran con atención el estado de las rutas 12 y 14, por donde transita casi todo el comercio del Mercosur. El gobernador Rogelio Frigerio está dispuesta a hacerse cargo de las rutas, pero sólo si vienen con recursos. Es decir, una postura similar a sus colegas patagónicos: peajes y el proporcional del impuesto a los combustibles.

La posible transferencia encierra un problema potencial que inmediatamente nos remite a la década del ’90: que se postule una solución provincial para algo que debe tener un criterio nacional – federal, no es garantía de buenos resultados.

Fuente: Gobiernos de Entre Ríos, Río Negro y Neuquén / Sindicato de Trabajadores Viales