Columna destinada a mover la cabeza. Si temes hacerlo, no la leas. El ocultamiento de los hechos de la historia no solo abarca a los acontecimientos del siglo XIX o de las primeras décadas del XX. También sucede con los del pasado reciente. Pocos argentinos conocen en profundidad los alcances de los Acuerdos de Madrid frente al Reino Unido. Fueron actos de entrega y de reinstalación de la lógica colonial en Argentina bajo el gobierno de Carlos Menem.
El Editor Federal
Desde la Redacción tenemos un criterio y una posición respecto de este tema, y esta sugerida en la presentación de la nota. Sin embargo, es un tema que posee bastante tela para cortar, desde lo político, lo económico y lo técnico.
Por eso optamos para éste domingo, dotarlos de una camionada de información para que la aborden con tiempo y paciencia. Se trata de tres artículos escritos entre los años 2019 y 2021. En ellos se analiza el tema desde diferentes matices.
Puede que les resulte redundante y repetitivo el contenido, sin embargo, consideramos que es información que debe circular aunque no coincidamos con algunos detalles sobre la manera de encarar las soluciones de fondo. Ya habrá tiempo para explicitarlas en las próximas semanas.
Pasemos a la lectura.

Malvinas: tratado de Madrid -el Versalles argentino-

El oscuro tratado de Madrid a propósito del 2 de abril de 1982-2019.
Por César Augusto Lerena*

Cuando el 2 abril de 1982 la Argentina recuperó Malvinas debió conocer los riesgos de semejante decisión. Era más fácil imaginar que ese General, ex comandante de la VII Brigada de Infantería de Corrientes y, afecto al whisky, podía ser elegido presidente de facto de la Argentina, que suponer que el Reino Unido de Gran Bretaña (R.U.), con su historia y frente al resto de las potencias, aceptaría sin más, abandonar las Islas. Oficiales, suboficiales y soldados argentinos cumplieron la consigna de tomar Malvinas en forma incruenta y, luego, combatieron heroicamente, pese a la incapacidad de la conducción general, una estrategia errónea y, la falta de armamento suficiente y moderno, para enfrentar con éxito a una de las armadas más importantes del mundo. Muertos y heridos fueron un pago lacerante y excesivo de la lucha y, sin embargo, ya nada hacía suponer que algo peor podría suceder (materialmente hablando) que aquel 14 de junio de 1982; pero, la recuperación legítima de 11.410 km2 de territorio argentino, nos llevó -por el pésimo desempeño del Poder Ejecutivo, la diplomacia y los legisladores- a perder gran parte del Atlántico Sur y el Océano Antártico.
Algunos argentinos dicen, que hubiera sido mejor ser colonizados por los ingleses que por los españoles. Todavía no se dieron cuenta, que sí, que -mal que nos pese- nos colonizaron los británicos, los mismos que se quedaron con Malvinas en 1833 y tienen a tiro de misil la Patagonia y la Antártida. Cuando el 12 de agosto de 1806 echamos (o, mejor dicho, los orientales y españoles) a los ingleses de Buenos Aires, comenzó un largo y silencioso derrotero de ocupación inglesa, con la complicidad de gobernantes y la tolerancia o interés de los ciudadanos informados. Nosotros podemos ser amigos del “simpático” Mark Kent, incluso hacerlo de Racing, porque a los ingleses nos une la tradición futbolera e hípica, pero, tenemos memoria.
«De los esfuerzos de este día, depende la suerte de la América del Sud», diría el Gral. Antonio José de Sucre a sus soldados, al iniciarse el 9 de diciembre de 1824, la batalla de Ayacucho, que terminaría con los realistas españoles en América. No sabía, que dos meses después, el 2 de febrero de 1825, se firmaría el «Tratado de Amistad, Comercio y Navegación» entre el R.U. y las Provincias Unidas del Río de la Plata, tratado, que luego repetiría Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, transfiriendo la conducción económica y financiera a los británicos y, ello, no impidió, que entre 1857 y 1955 más de 2 millones de españoles emigraran a Argentina, en su gran mayoría gallegos, de ahí la forma genérica con la que solíamos nombrar, a quienes fueron un importante motor del desarrollo nacional incipiente.
En ese Tratado se estableció una “Perpetua Amistad”, pero no frenó al R.U. que, en forma oscura y traidora, invadió Las Malvinas en 1833 y, estableció, una serie de privilegios, como transformar en inembargables sus posesiones, la libre navegación en mares y ríos, la aplicación de la “cláusula de Nación más favorecida” en todos los negocios, incluso, más que las que pudieran recibir las empresas argentinas. Se ratificó en el Tratado Roca-Runciman suscripto en Londres el 1 de mayo de 1933 y, en las Declaraciones Conjuntas del 19 de octubre de 1989 y, 18/19 de diciembre de 1989 en París, convertidas luego, en el Tratado del 14/15 de febrero de 1990, comúnmente llamado Acuerdo de Madrid y, en el Tratado de “Promoción y Protección de Inversiones” en Londres el 11 de diciembre de 1990, complementario del anterior, convalidado por la Ley del Congreso de la Nación Nº 24.184.
El Dr. Julio C. González (Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas, 1998), a quién aprovecho para rendirle mi más justo reconocimiento, por ser el primero, que en sus artículos de “La Prensa” (15/3/1990) y en “El Informador Público” (1993), desenmascaró con valentía y dignidad ciudadana este ruin Tratado, quien oportunamente entendió que, «el vocablo “declaración” es inapropiado e improcedente, ya que, cuando tal manifestación genera obligaciones recíprocas para los Estados que la suscriben y para terceras organizaciones jurídicas internacionales, el término que debe usarse es “Tratado”, y, por lo tanto, si no media aprobación del Congreso no habrá de ser obligatorio para la República ni tendrá el carácter de ley suprema de la Nación».
El promotor de estos últimos Tratados fue el entonces Canciller y luego Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, con el apoyo de gran parte del arco político nacional.
Estos Tratados terminaron con la Argentina soberana, industrial, tecnológica, científica y dueña de sus recursos naturales y servicios públicos y, la devolvieron, a sus orígenes de proveedor de granos, transgénica, semilla-dependiente y química-fumigada. La Argentina del monocultivo, con los servicios y los recursos naturales privatizados. De la Argentina con un mar territorial de 200 millas marinas, por imperio y defensa de la Ley 17.094 (Roberto Roth) a la Argentina de la Zona Económica Exclusiva depredada por británicos, españoles, chinos, rusos, taiwaneses y coreanos. Un país colonizado, que, pese a tener ocupado por los ingleses 1.639.000 km2 de su territorio marítimo, declara no tener hipótesis de conflicto y desarma sus fuerzas armadas. Un lugar, donde bajo pretexto de la globalización, se extranjeriza el idioma y los hábitos culturales y alimentarios.
La inducción británica es tal, que nadie, a costa de ser calificado “de cabotaje” se anima a denunciar estos Tratados y, muy especialmente el de “Madrid”, aunque sea ignominioso y, hayan transcurrido ya casi treinta años. Por el contrario, una serie de amanuenses siguen abrevándose en él, para firmar declaraciones y acuerdos que profundizan la dependencia nacional.
Estos Tratados se completaron con la sanción de la Ley Nº 23.968 (10/9/1991) de los “espacios marítimos” que determinó las líneas de base y la Ley Nº 24.543 (13/9/1995) que ratificó la CONVEMAR, a cuya sanción -modestamente- nos opusimos sin éxito con el apoyo de un par de Senadores liderados por el Senador Pedro Molina (PJ Santa Cruz), que le permitieron al R.U. considerarse -en forma ilegal- como un país ribereño en Malvinas y, promover, en la actualidad, la multilateralidad regional del control de las pesquerías, para tratar de intervenir, en un pie de igualdad con la Argentina, en la administración de los recursos en el Mar Argentino; motivo por el cual, hoy insistimos en oponernos a la ratificación del Acuerdo de Nueva York y al Convenio del Atún.
Casi todos hacen silencio. Hacen silencio y son incapaces de proyectar una estrategia para salir de esta trampa que sume en la derrota perpetua a quienes creen que todo está perdido y, a una gran mayoría de argentinos, que ignora cuál es la situación del país. Los que solo se enervan cuando se trata de alentar a los connacionales en las competencias deportivas o en las discusiones políticas inconducentes.
Para iniciar las negociaciones que derivarían en el Tratado de Madrid, la Cancillería le encargó al Embajador jubilado Lucio García del Solar, las tratativas con el Encargado británico ante la ONU Sir Crispín Tickell y éste se reunió a solas el 16/17 de agosto de 1989 en Nueva York. El Embajador inglés le dijo al argentino: «le pedimos que la Argentina reconozca que existe, en la práctica, una FICZ (una zona de exclusión pesquera). No le pedimos al gobierno argentino que diga nada en público, simplemente le pedimos que deje que sigan las cosas». A lo que García del Solar respondió: «…El levantamiento de la zona de protección militar es esencial. La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la FICZ». Ello significó la extracción de recursos pesqueros argentinos, desde 1976 a la fecha, por un valor comercial final de hasta 148 mil millones de dólares, motivo por el cual, los habitantes de Malvinas tienen uno de los ingresos per cápita más altos del mundo y, como veremos, el control militar británico lejos de reducirse se amplió. Su intervención en el Tratado de Madrid opacó, lamentablemente, su trabajo en la redacción de la Res. de la O.N.U. Nº 2065.
Argentina y el R.U. acordaron, en primer lugar, aplicar “la fórmula inglesa del paraguas”, con la cual, ambos países aceptaron el tratamiento de distintos temas, en tanto y en cuanto, ello no significara reconocimiento alguno sobre la soberanía de Malvinas. Las consecuencias están a la vista, en 1982 los británicos ocupaban Malvinas y tres millas alrededor, hoy, invaden y explotan las Islas y doscientas millas, crearon una reserva de 1 millón de km2, reivindican derechos sobre la plataforma continental y la Antártida Argentina. Quiebran todas las Res. de la O.N.U. Nº 31/49; 2065/65; 41/11; 3171/73 y 3175/73 y, nosotros permanecemos congelados, declamando ante los foros internacionales.
Dejaron sin efecto la Zona de Protección Militar (FIPZ) alrededor de Malvinas, pero establecieron un «Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíproca», y otros, que de transitorio no tienen nada, que obliga a la Armada Nacional y, a la Fuerza Área Argentina (al Ejército no se lo incluyó) a informar al Comandante de las Fuerzas Británicas en las Islas Malvinas todo movimiento marítimo y aéreo en el Atlántico Sur Argentino entre el paralelo 46º S (altura Comodoro Rivadavia, Chubut) y 60º S (altura de las Islas Orcadas), es decir, cedimos nuestra soberanía territorial, de defensa nacional y autodeterminación, en millones de km2 del espacio marítimo y aéreo argentino a los británicos, frente, a la misma Patagonia y Antártida Argentina. ¿Hay algún argentino informado que se crea que nuestro país tiene solo ocupada Malvinas, las Georgias del Sur y Sándwich del Sur y, que el gobierno de turno le diga, graciosamente, que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto?
Se estableció también, que ambos gobiernos se intercambien información sobre todo el movimiento pesquero entre el paralelo 45º S (altura Puerto Camarones, Chubut) y el 60º S (altura de las Islas Orcadas), es decir, por fuera de las 200 millas ocupadas ilegalmente alrededor de Malvinas por los británicos; además, evaluar en forma conjunta esa información y, buscar formas de cooperación, aún a sabiendas, que el R.U. no tenía capacidad alguna para investigar y conservar los recursos y, por el contrario, la Argentina, a través del INIDEP aportaría sus científicos y buques para hacerlo y, ahora, en este mismo, momento, lo está haciendo.
No es casual que, en ambos casos, los británicos determinaran el límite sur en el paralelo 60º S, ya que es el límite norte del Océano Antártico y el Área de aplicación del Tratado Antártico y de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), donde no se puede realizar ninguna actividad contraria a los propósitos y principios del Tratado Antártico, están prohibidas, entre otras, todas las medidas de carácter militar e interesa preservar el Continente Antártico y las aguas que lo rodean, exclusivamente, para fines pacíficos.
Por otra parte, se pactó la posibilidad de que los isleños puedan tener relaciones comerciales con el continente, lo que es muy razonable, en atención a que, si es un territorio argentino, es lógico entender que las islas puedan efectuar intercambios con esta parte del país, pero, es un absurdo que los visitantes del continente deban sellar sus pasaportes como si ingresaran a otro país o no puedan adquirir propiedades o realizar negocios en Malvinas.
También se acordó comenzar las negociaciones de promoción y protección de las inversiones inglesas en la Argentina y de nuestro país en Gran Bretaña, esta última, de aplicación imposible, pero destinada a dar la sensación de un acuerdo equitativo, donde se estableció, que los inversionistas tendrían la libre disponibilidad de sus bienes; se les otorgaría la condición más favorable que a cualquier otro Estado; se los indemnizaría por la pérdidas; no se podría expropiar o nacionalizar a las empresas británicas; se les garantizará la trasferencia sin restricciones de sus inversiones y ganancias a los países de origen; el sometimiento de las controversias a los Tribunales Internacionales y al CIADI; pudiendo extenderse las disposiciones de este Tratado a Malvinas y otros territorios de Ultramar.
Acordaron la factibilidad de un Acuerdo de Cooperación, que la Argentina rápidamente efectivizó, facilitándole vuelos a y desde Chile y San Pablo a Malvinas; aceptando la puesta en marcha de una Comisión Conjunta de Pesca que les permite a los isleños conocer la biología de los recursos que migran a Malvinas y en el área donde las empresas extranjeras licenciadas por el gobierno ilegal de Malvinas pescan; acordó un área de reserva al este de Malvinas para impedir la pesca ilegal y fortalecer el otorgamiento de licencias pesqueras en Malvinas; aceptó sin queja alguna, la ocupación de facto de 1.900 km2 en un espacio denominado GAP al norte de Malvinas y por fuera de las 200 millas de las islas donde se concentran grandes contingentes de calamar; vedó la captura del calamar a los buques argentinos para asegurar la llegada de esta especie a Malvinas para que pudiesen ser capturados por los buques extranjeros con licencia británica. Una sostenida “colaboración unilateral” de Argentina que nunca tuvo contrapartida británica y, sirvió para consolidar la ocupación inglesa en Malvinas.
Casi nadie está exento de responsabilidades. El recientemente fallecido Dante Caputo fue el gestor inicial del Tratado de Madrid y, no pudo concluirlo porque se aceleró el fin del gobierno en 1989, pero luego, como Diputado, dio su voto afirmativo al Protocolo de Garantías de Inversión en 1992. Los Tratados los terminó concretando Cavallo y, casi todos los diputados y senadores nacionales de las distintas extracciones partidarias transformaron en Ley el proyecto elevado (Mensaje Nº 203) por Carlos Menem, Guido Di Tella, Domingo Cavallo y León Arslanián, que, según Julio C. González «fue redactado por el Foreign Office» (Ob. Cit pág. 129).
A todo esto, nuestra debilidad es creciente, el Proceso echó a “Isabelita” Martínez de Perón y, adujo, que «el país estaba al borde de la disolución nacional» con una deuda externa de siete mil ochocientos millones de dólares y, hoy debemos 327.167 millones de dólares, que representan el 77% del PBI.
En 2016, los Cancilleres Malcorra y Faurie ratificaron el Tratado de Madrid para llevar adelante el pacto Foradori-Duncan y seguir entregando nuestros recursos a cambio de absolutamente nada.
¿Diplomáticos pro británicos? No necesariamente. Política, estratégica, educación y, resultados pro británicos. Nuestros maestros debieran enseñar a sus alumnos, que en 1806 en las “Invasiones Inglesas” no los echamos a los ingleses con aceite, al contrario, ellos se dieron cuenta y volvieron, porque en este gran país, hay muchos recursos naturales para explotar y los argentinos pareciera que seguimos sin darnos cuenta de ello. Mientras tanto, Malvinas, son como el unicornio azul, son nuestras y las queremos.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Corrientes). Artículo publicado en el portal Dossier Geopolítico el 2 de abril de 2019.

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Acuerdo de Madrid: los ocho artículos de la vergüenza del Versalles argentino

Por Enrique Aurelli*

Cuando hablamos de los entramados jurídicos de los enemigos del pueblo, de cómo sus agentes ocuparon puestos relevantes dentro de las estructuras de poder – Decreto 949/20 (1) o designación de un organismo externo como la OCDE sin pasar por el Congreso, en una presunta licitación internacional (privatización a lo Menem) que no hace otra cosa que garantizar la expoliación de las riquezas de la Nación, nos estamos refiriendo a una serie de hechos que a lo largo de nuestra historia fueron dejando una precisa ingeniería de disparadores (2).
Estos disparadores fueron y son construidos desde múltiples dimensiones, constituyéndose en vectores de fuerza que siempre inclinan la balanza para el lado de unos pocos, concentrando la riqueza y excluyendo a los “humanos comunes” que, según los preceptos básicos del capitalismo, deben recibir lo justo y necesario para subsistir y convertirse en la mano de obra barata.
En este plano se construyeron medios de comunicación que generan determinadas percepciones de la “realidad”. Al mismo tiempo, las usinas de pensamiento colonizan otros planos y la academia aporta profesionales construidos en el ideario liberal de las individualidades, del mérito y del sálvese quien pueda. Por supuesto, hay honrosas excepciones que constituyen los pilares fundamentales de independencia y templanza a lo largo de nuestra historia suramericana.
No podemos excluir las conducciones políticas, jurídicas o gremiales, que muchas veces se conforman como verdaderos Caballos de Troya dentro de los procesos emancipadores de nuestros pueblos. En tal sentido, pensamos que entre esos vectores figuran el Acuerdo de Madrid, una verdadera trampa jurídica de política exterior que nos ata a un derrotero de miseria, a perder todos los recursos estratégicos nacionales que aportarían los fondos necesarios para acabar con el sometimiento extranjero, y la imperdonable traición a la patria que llevan adelante sus gamonales locales, que – oliendo bosta – se creen dueños del ganado.
Los hombres y las mujeres de los pueblos debemos aprender de nuestra historia y de nuestros errores. Si los errores son recurrentes pueden darse por diferentes motivos: porque somos brutos, por desidia, por falta de conocimientos o incapacidad o, bien, por la conveniencia de unos pocos que están dispuestos a hipotecar nuestro futuro como país sano, alimentado, libre, justo y soberano.
Para dar orden al tema de estas palabras, permítanme recorrer algunas historias que han sido ocultadas a las grandes mayorías. Trataremos de poner nombres a quiénes son los enemigos de la verdadera independencia de nuestra patria.
En el Tratado anglo-argentino, que se firmó en febrero de 1825, se establecía que “habrá perpetua amistad entre los dominios de su majestad el rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y las Provincias Unidas del Río de la Plata y sus habitantes”.
En síntesis, este tratado creaba lazos forzosos entre nuestro país e Inglaterra, y condicionaba e impedía facultades de defensa económica y bélica ante Gran Bretaña. Muchos años después veremos escrita nuevamente la palabra “amistad” en otro tratado que tuvo al mismo beneficiario.
Ocho años después de esa “amistad” firmada en 1825, los ingleses invaden y ocupan ilegalmente nuestras Islas Malvinas, condicionan la creación del país, “invirtiendo” en las facciones de la encarnizadas luchas interiores en toda Sudamérica, y otorgando préstamos que condicionaban jurídicamente el desarrollo, que tardaríamos más de un siglo en resolver. Podemos rescatar que tales maniobras, de una inteligencia fenomenal, no podrían habernos encorsetado sin la participación del cipayaje local, responsable concretos del aún vigente coloniaje imperante. Por qué decimos esto: solo basta ver las leyes vigentes dejadas como cazabobos. En cada gobierno que respondió al Imperio les aseguraron el control por otros medios de nuestro petróleo, litio, pesca, granos, logística, moneda y territorio. Un ejemplo: el 43% de nuestro territorios marítimos están ocupados, controlados y expoliados por el invasor. Pero esto no acaba ahí, hay que fijarse quiénes son los dueños de las empresas en cada una de estas áreas. Siguen manejando todo mientras jugamos a la democracia liberal y la derecha fascista avanza.
Pero continuemos. En 1982, los empleados del Imperio nos meten en una guerra bajo la legítima pero pomposa proclama de recuperación de nuestras Islas Malvinas, proclama que otra vez se firmaba con sangre de argentinos, para darle sustento a las acciones jurídicas diseñadas para terminar con el asentamiento de las bases para el robo de los recursos de nuestras islas y de la Antártida. El 14 de junio del mismo año todo concluyó con la segunda invasión ilegítima por parte de las fuerzas inglesas y sus aliados de la OTAN a un territorio que no les pertenece.
Las guerras o acciones armadas son parte de la historia de la humanidad. Siempre – aunque disfrazados – sus orígenes fueron político/económicos, teñidas algunas de ellas de raciales o atribuidas a apetencias territoriales geoestratégicas. Desde esa mirada, la Argentina es uno de los países insulares con mejor posición en el globo: tiene amplios territorios, baja población, infinidad de recursos naturales, dos continentes, y dos océanos como salida o tránsito para las rutas comerciales.
Al terminar estas guerras, o conflictos, siempre existieron tratados o acuerdos de paz, como el Tratado de Versalles, mediante el cual las potencias aliadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia obligaron a la vencida Alemania a aceptar, entre otras exigencias, el desarme completo de sus fuerzas armadas, concediendo territorios a los vencedores y pagando exorbitantes indemnizaciones, además de la entrega de la totalidad de sus buques mercantes. Queda claro que los términos firmados entre nuestro país y Gran Bretaña profundizaron las exigencias del invasor.
Recordemos que en el Foreign Office británico suelen planificar a futuro, con varias décadas hacia adelante. El conflicto con la Argentina no estuvo fuera de esa planificación, ya que siempre estuvo en sus planes hacerse con nuestra Patagonia. Solo recordemos su primer intento con Canal de Beagle, en el que Argentina perdió una parte importante de Ushuaia, No sería alocado comparar y recordar que el Tratado de Versalles fue el germen que dio inicio a las hostilidades que habrían de hacer eclosión con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Nuestras islas del sur hoy se ultra-militarizan con armamento nuclear de la OTAN, sofisticada tecnología como el escudo Excalibur y reiterados ejercicios entre las marinas de Estados Unidos y Gran Bretaña. Hasta nos quieren mandar a controlar la pesca ilegal con sus guardacostas.
Para finalizar con el estado de guerra visible desde 1982 entre nuestro país y Gran Bretaña, el Foreign Office británico redactó una serie de documentos que le fueron presentados al canciller argentino Dante Caputo, ministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Raúl Alfonsín. A raíz del precipitado fin de ese gobierno no se llegó a firmar, pero luego pudimos ver las relaciones carnales que mantuvieron con Caputo, quien como diputado votó a favor de los tratados complementarios del Acuerdo de Madrid en 1992.
Pero volvamos a octubre de 1989, cuando se realiza una reunión preliminar en Madrid entre los representantes argentinos y los ingleses. El 15 de febrero del año siguiente, la delegación argentina presidida por el entonces canciller Domingo Cavallo, acompañado por sus asesores Lucio García del Solar, José María Otegui, Jorge Vázquez, Aldo Dadone y Susana Ruiz Cerruti (actual funcionaria en el área de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, encabezada en la actualidad por Daniel Filmus), aparentemente firmaron con su contraparte inglesa, Sir Crispin Tichielle – sin legitimación del congreso argentino y en solo cuarenta y ocho horas – el acuerdo más infame rubricado en la historia de nuestro país, un acuerdo que reconocería lisa y llanamente el derecho posesorio inglés sobre el archipiélago de las Islas Malvinas, Sándwich del Sur, Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Al término de la firma del tratado, la parte inglesa declaraba ante la prensa que “(…) la solución se alcanzó en un tiempo muy breve” y eso fue verdad, simplemente porque los ingleses habían llevado a Madrid ya redactados todos los documentos, y nuestra delegación viajó comprometida a firmar a ciegas, traicionando el futuro de los argentinos.
El documento firmado constaría de dieciocho artículos, cuatro anexos y un total de catorce carillas. El artículo primero establece que “las delegaciones de los gobiernos argentino y británico, de conformidad con lo acordado en Madrid en octubre de 1989, se reunieron en Madrid los días 14 y 15 de febrero de 1990”.
Y en este punto un dato que puede ser de color, pero que resulta llamativo en relación con la autoproclamada orientación “peronista” del gobierno neoliberal de Carlos Menem: por pedido de ese presidente argentino, en el documento oficial del acuerdo se omite la fecha de las reuniones preliminares entre los Estados signatarios, sencillamente porque esa reunión se realizó el 17 de octubre de 1989, fecha que dio origen a nuestro movimiento político que el mandatario afirmaba representar.
Estos ruinosos acuerdos se firmaron en secreto, sin tratamiento del Congreso de la Nación por el que apenas pasaron los tratados complementarios. La rúbrica de la entrega en bandeja a los piratas de nuestro archipiélago, nuestros mares y sobre todo nuestra soberanía se llevaron adelante a espaldas del pueblo argentino, que permaneció ignorante de la estafa a la que un gobierno democrático lo estaba sometiendo de manera ilegítima.
Por otra parte, el artículo tercero del documento manifiesta la expresa vocación de “aumentar la amistad y cooperación entre ambos pueblos”, en clara alusión al tratado de “amistad” de 1825. Este concepto, el de “amistad”, implica que Gran Bretaña mantiene inalterable su derecho de influir en la política exterior, militar y económica de nuestro país, en lo que Alfred Marshall dio en llamar la “ecuación anglo-argentina”.
El artículo cuarto exhibe una supremacía total de Gran Bretaña sobre el territorio de nuestro país, generando que las Islas Malvinas/Gran Bretaña se conviertan en un Estado ribereño vecino a nuestra patria.
En el artículo quinto, por su parte, Gran Bretaña adquiere derechos sobre las Fuerzas Armadas Argentinas, no pudiendo existir movimientos aéreos o navales de parte de nuestro país sin el expreso consentimiento del comandante de las fuerzas británicas en las Islas Malvinas. Aca puede advertirse cómo se desmanteló toda la investigación y la industria militar Argentina.
De haber ensayos militares en aguas argentinas, estos “debían” ser comunicados con veinticinco días de antelación, incluyendo los que se realicen en tierra a 350 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia, Puerto Santa Cruz y de Tierra del Fuego.
El artículo séptimo establece la “bilateralidad económica” para la explotación pesquera entre el paralelo 45 y el paralelo 60, aproximadamente entre Puerto Camarones en la provincia de Chubut y las Islas Orcadas en la Antártida.
Mediante la aceptación de esta cláusula, el Estado argentino aceptaba sumisamente compartir una vasta extensión alimentaria que le pertenece con la potencia continental que le usurpa territorio. Esto explica, entonces, por qué hoy existen empresas extranjeras que tienen el control sobre todos nuestros vastos recursos.
El artículo noveno adiciona otra “bilateralidad” referida a posibilitar los actos comerciales entre las Islas Malvinas y nuestro territorio continental. De esta forma, mientras los argentinos pagamos impuestos, tarifas, peajes, etcétera, los habitantes de las Islas Malvinas están liberados del pago de tasas de aduana por los productos británicos que ingresen a puertos patagónicos.
El artículo doce nos compromete a permitir sin limitaciones las inversiones económicas privadas por parte de capitales provenientes de Gran Bretaña, terminando así con la soberanía industrial, tecnológica y científica propia de nuestra nación y condenando a la Argentina a retomar el rol como mero proveedor de materias primas, aunque siempre dependiendo de las semillas de las multinacionales entre muchas otras.
El artículo dieciséis condiciona la política exterior de la República Argentina en América Hispana y en la Comunidad Económica Europea.
Todas las exigencias que la Argentina habría aceptado en los acuerdos de Madrid han resultado completamente lesivas de la soberanía de nuestro país y no han exigido de parte del invasor contrapartida alguna. La política económica del menemismo, escrita por el “Consenso de Washington“ dedicada de lleno al vaciamiento del patrimonio nacional y al empobrecimiento de los argentinos no es otra cosa que el pago de las indemnizaciones de guerra que como en el Tratado de Versalles, impuso Gran Bretaña a los argentinos.
De acuerdo con los estudios de César Lerena, autor de Malvinas: biografía de la entrega, el mismo Arturo Frondizi llegó a manifestarle al entonces canciller Domingo Cavallo sobre estos acuerdos: “Son una traición a la patria”.
Efectivamente, los acuerdos de Madrid permitieron a los ingleses ocupar y explotar sin limitaciones 1,6 millones de kilómetros cuadrados del sur argentino, un botín mucho más apetecible que los cuatrocientos kilómetros cuadrados invadidos.
Pero la cronología de las traiciones a la patria no terminó en Madrid: el 11 de diciembre de 1990 se firmó en Londres el tratado de “Promoción y protección de inversiones”, complementario del anterior y convalidado por ley del Congreso de la Nación Nº. 24.184.
Casi dos décadas más tarde, el 13 de septiembre de 2016 se firma el último de los acuerdos complementarios, de la mano de la entonces ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Mauricio Macri, Susana Malcorra, y su asesor Jorge Faurie, quien más tarde sería nombrado canciller del mismo gobierno.
El acuerdo Foradori-Duncan establece “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”entre muchos otros.
Tampoco el entonces gerente-presidente Mauricio Macri elevó este acuerdo al Parlamento para su aprobación. Mientras que los tratados firmados por el Estado argentino deben ser aprobados por el Congreso de la Nación, la misma cláusula constitucional no rige para los acuerdos, de allí que el gobierno de Cambiemos haya elegido esa denominación para nombrar lo firmado con Gran Bretaña, documentos que a casi dos años de un gobierno popular aún no fueron derogados.
El acuerdo Foradori-Duncan fue el último acto desembozado de entrega. La sumisión de los dirigentes políticos —algunos de ellos aún ocupan sillones en oficinas y dicen representar al pueblo argentino en torno a la causa de Malvinas— dio por tierra con la soberanía territorial y la independencia económica de nuestro país, condenándonos a un eterno Versalles que desangra a nuestra patria.
Pese a tener 1.639.000 kilómetros cuadrados de territorio ocupado, la dirigencia política argentina sin distinción partidaria declara la no existencia de hipótesis de conflicto, desarmando unilateral y sistemáticamente a las Fuerzas Armadas y dejando al país completamente vulnerable ante el avance constante del enemigo, sobre todo, en lo referido a licitaciones privadas sobre recursos estratégicos, que debieran estar en manos del Estado argentino y sus trabajadores.
Mientras los ingleses tienen el control real sobre la plataforma continental, la Argentina se limita a emitir reclamos ante foros internacionales que son ciegos, sordos y mudos. ¿Los argentinos hemos regalado nuestra dignidad soberana? .
Los traidores solo merecen el escarnio público, pues fue gracias a su accionar que las exportaciones de las Islas Malvinas en el año 2019 ascendieron a más de 300 millones de dólares, principalmente constituidos por productos de mar, elevando el PBI per cápita de las Islas a unos U$S122.000.
Comparativamente la Argentina exporta aproximadamente 520.000 toneladas anuales de productos de mar, por un total de 1.800 millones de dólares, mientras que el PBI per cápita en el 2020 fue de U$S8.500. Al mirar las cifras, se entiende por qué estamos empobrecidos, mientras que el invasor se enriquece explotando nuestros mares.
¿Los argentinos estamos impedidos de defender la soberanía de nuestro territorio? Por un lado tenemos la Argentina marítima y fluvial. Allí, el control del litoral marítimo de la mayor porción está en manos del Reino Unido. Participa de manera aleatoria Estados Unidos con su IV Flota y su reclamo de instalación de una base militar en Tierra del fuego. Su control no implica la ausencia de disputa, pero la ocupación militar es una ventaja extraordinaria en favor de los intereses imperialistas del Reino Unido. El control de nuestro sistema fluvial, está en manos de las distintas potencias imperialistas antes mencionadas a través de la Hidrovía, el comercio exterior y otros mecanismos poco públicos y conocidos.
La otra porción es la continental. El sector continental argentino también está sometido a una brutal disputa por parte de las diversas potencias imperialistas que tienen testaferros, socios e intereses muy poderosos en nuestro país. Basta repasar quiénes son los verdaderos propietarios de extensos latifundios en la Patagonia argentina, el dominio de los recursos petroleros, etc., para comprender el grado de penetración de esas potencias en nuestro territorio continental. Los aeropuertos y latifundios del magnate británico Joseph Lewis son, sin duda, la cabecera de playa para una partición de la Argentina continental, según dicen desde el Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular.
Pasaron más de treinta años desde los primeros acuerdos en Madrid, muchos de los involucrados ya murieron, pero nunca pagaron esta infame traición. Nunca fueron juzgados y quizás no lo sean nunca. La patria no les demandó el cumplimiento de sus deberes de funcionarios. ¿Se los demandará Dios? Creemos que no hay que darle mas laburo al flaco, bastante la tiene complicada con la pandemia, la concentración obsesa de la riqueza, el hambre que nos azota, la pobreza, las guerras genocidas de color llevadas adelante por los mismos de siempre en Colombia, Palestina, África, Chile, Bolivia, Ecuador o Venezuela, por nombrar algunas.
No podemos como pueblo argentino dejar de contar nuestra historia, darle tangibilidad, ponerles nombre a los actores y a sus intereses, desenmascarar a los traidores, combatir con templanza la avaricia de unos pocos. Hoy está en juego la posibilidad de dotar a nuestro país de los instrumentos jurídicos que darán soberanía efectiva para la conformación de una verdadera red troncal de navegación, que vaya desde la Antártida al corazón de nuestra Sudamérica, que pueda poner de pie la principal industria de captación de divisas, el comercio exterior. Nos referimos a una flota fluvial marítima, que hace falta para dar de comer a nuestro pueblo, para el control soberano de nuestros puertos, de nuestros ferrocarriles, ríos y mares.
Es necesario poner fin a esta inexplicable situación neocolonial del decreto 949/20, por la que el puerto de Montevideo, creado en el siglo XIX como un puerto paralelo para expoliar la soberanía de los argentinos, es usado una vez más como instrumento del poder global para el saqueo.
El control, la administración, el cobro, la fabricación y la creación de empresas estatales con trabajadores argentinos que manejen cada área estratégica sobres nuestros recursos nacionales, son algunas de las soluciones para frenar el desmadre del robo sistemático y de los saldos ecológicos que nos matan, mientras los extranjeros se llevan nuestras riquezas.

Referencias
1) https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-949-2020-344621/texto
2) https://www.oecd.org/acerca/miembros-y-socios/

*El autor integra la Mesa de Trabajo por la Recuperación Nacional Templanza Suramericana – La Cámpora. Artículo publicado en el portal Contraeditorial el 19 de mayo de 2021.

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Los acuerdos de Madrid I y II y el pacto de Foradori-Duncan: fundamentos para desestimarlos
Por Eduardo Barcesat y César A. Lerena*

Algunos entienden que hay que desecharlos, otros que no afectan a la soberanía nacional y, hasta hay, quienes opinan que son favorables a Argentina. Conviene entonces agregar luz al respecto.
Mucho se ha hablado sobre la necesidad de desechar los Acuerdos de Madrid I (19/10/1989) y II (15/2/1990) y la llamada Declaración Conjunta de Foradori-Duncan del 12/9/1916 que los perfeccionó en favor del Reino Unido. Algunos entienden que no afectan a la soberanía nacional o han caído en abstracto porque no afectarían al interés de la Nación y todos o casi todos sus efectos no estarían en vigor y, hasta hay, quién opinan que son favorables a Argentina. Conviene entonces agregar luz al respecto.
Empecemos por decir, que ninguna de estas Declaraciones (o Tratados) fueron aprobados por el Congreso de la Nación como bien lo indica el proyecto (Eduardo Barcesat) de Declaración que elaboráramos para ser sancionada por el Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, donde en los artículo 1º y 2º refiere a «desechar los Tratados de Madrid I y II, y la Declaración de Foradori-Duncan, por no haber sido sometidos al Congreso de la Nación, y ser lesivos a la soberanía territorial argentina y el orden público constitucional (Cláusula Transitoria Primera y art. 27, C.N.), así como del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36) y declarar inaplicables en todo el territorio de Tierra del Fuego, las disposiciones de los tratados internacionales inconclusos, conforme la normativa invocada en el Art. 1º de esta ley, y lo dispuesto por el art. 105, incisos 6, 7, 25, 27 y 37 de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego» y la reciente Resolución (AS Nº 412-21), con igual asesoramiento, de la citada Legislatura donde «en sus articulados se invita a los legisladores nacionales de Tierra del Fuego en los términos del art. 105º inc. 6 de la Constitución Provincial y el art. 1° de la Ley Provincial N° 98 y, con el debido debate, a desechar los Acuerdos de Madrid I y II dando cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas y la Declaración de Ushuaia. Del mismo modo, a la derogación de la Ley Nacional N° 25.290 del 13/6/2000 con el objeto de para hacer caer definitivamente el Tratado de Nueva York del 4/12/1995 e igualmente, con el debido debate, en torno a las consecuencias de la vigencia y aplicación del Comunicado Conjunto del 13/9/2016, a desechar el llamado Pacto de «Foradori-Duncan”».
Como hemos dicho, las razones de esta Resolución se fundan, en primer lugar, en el incumplimiento de lo prescripto en la Constitución Nacional y en la Res. 2065 (XX) y, la 31/49 entre otras de las Naciones Unidas. También es conocido, -y puede recurrirse a las actas taquigráficas- la entonces Canciller Malcorra recibió el rechazo de estos instrumentos en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación y, tampoco que estas “Declaraciones” contaron con la debida consulta y aprobación de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego que es parte necesaria en las cuestiones de los archipiélagos.
Se justifica plenamente y se necesita desechar los Acuerdos de Madrid I y II donde, por una lamentable claudicación de los gestores y firmantes del P.E.N. se incluyen por primera vez en éstos a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur con una evidente mala fe del Reino Unido y la ingenuidad o sometimiento del gobierno argentino; cuestión nunca tratada previamente ni estuvieron en disputa en las Res. 2065 (XX), 1514 (XV), 31/49 y otras de la ONU y, los distintos intercambios entre la Argentina y el Reino Unido.
Además de ello, la Constitución Nacional en la Disposición Transitoria Primera refiere con certeza a los espacios marítimos “correspondientes” y no “circundantes” que podría entenderse que circundan o rodea a los archipiélagos, cuestión que se incluye en el Acuerdo de Madrid I, por lo que es absolutamente contrario este término a lo que se estableció en 1994 con precisión en la Constitución, lo que algunos funcionarios (civiles, militares o de fuerzas de seguridad) erróneamente repiten, como si se tratara de una cuestión de innecesaria estrictez en los límites que ponen en juego millones de km2 marítimos argentinos.
No puede dejar de tenerse en cuenta la gravedad de la militarización británica existente en Malvinas, residual de la guerra de 1982 y la firma de los Acuerdos de Madrid, donde se regulan además cuestiones relativas al control de la navegación y comunicación en el Acuerdo de Madrid II que son absolutamente contrarias el compromiso expresado por el Reino Unido de respetar plenamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas, ya que mantiene una base misilística y otros medios militares y navales en Malvinas en evidente violación a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (Res. 41/11 del 27/10/1986 de la ONU) que agravian a la Argentina y, son contrarias a lo previsto (Madrid I, 6, Madrid II, 4) de «crear confianza y evitar incidentes en la esfera militar», además de otras cláusulas lesivas a la soberanía nacional al indicar que el Reino Unido «Eliminaría el actual requisito para que los buques mercantes argentinos entren a la zona de protección y, hacer coincidir los límites de la zona de protección con los de la zona de conservación», en una evidente inamisible acción de administración británica de los territorios argentinos.
Se ejecuta formalmente un evidente “cambio de figuritas” (Madrid I, inc. 7 y 8) donde «el gobierno británico conviene en facilitar el restablecimiento de vínculos de cooperación entre la Argentina y la Comunidad Europea», etc. Una vergüenza este escrito mercantilista, cuando están en juego cuestiones soberanas tan sensibles al pueblo argentino y un acto de humillación y sumisión de los firmantes que enloda a la Argentina. Por muchos menos, muchos pueblos han sobrevivido en la pobreza sufriendo el boicot de otras naciones.
A todo ello, se agregó (Madrid II, inc. 5, A, B, C, D y sus Anexos) una dependencia de las fuerzas armadas argentinas (en el Acuerdo los británicos, incluso, excluyeron al Ejército Argentino) que se deja de manifiesto en el «Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas sobre los movimientos de las unidades de sus Fuerzas Armadas en áreas del Atlántico Sudoccidental», sobre espacios que alcanzan a gran parte del Atlántico Sur y, no solo al área ocupada por el Reino Unido en 1982; el «Sistema de Comunicación Directa entre las Islas Malvinas y el territorio continental con el objetivo de reducir la posibilidad de incidentes, limitar sus consecuencias si ocurrieran actividades y aumentar el conocimiento reciproco de los militares en el Atlántico Sudoccidental» y «Acordar un conjunto de reglas de comportamiento reciproco para las unidades de sus respectivas fuerzas navales y aéreas que operen en proximidad» y «establecer un sistema de intercambio de información sobre seguridad y control de la navegación marítima y aérea». Es decir, administrar nuestros espacios. Sin referirnos el vigente veto del Reino Unido a la compra de armas por parte de la Argentina que, nos impide defender el territorio.
A todo lo acordado se agregó la aceptación lisa y llana de la explotación pesquera británica de los recursos argentinos, como se desprende de los Acuerdos (Madrid I, inc. 10; Madrid II, inc. 7 y 14) que llevaría a que el gobierno ilegal británico en Malvinas capturara, por vía del otorgamiento de licencias pesqueras ilegales a buques extranjeros, un promedio anual de 250 mil toneladas, equivalentes a mil millones de dólares/año; es decir que desde 1989 al firmarse los Acuerdos, a la fecha, los británicos han extraído recursos pesqueros argentinos por valor de 32 mil millones de dólares y lo han hecho comprometiendo el ecosistema, como la propia Consultora Británica MacAlister, Elliot & partners Limited en 2020, especializada en pesca sustentable (Penguin News, Agenda Malvinas, 10/6/2021) lo considera, es decir que la actividad está comprometiendo el ambiente, que era una cuestión que el Acuerdo refería a la necesidad de cuidar.
Como consecuencia de este Acuerdo (Madrid II, inc. 12) la Argentina aprobaría luego la Ley Nº 24.184 de “Protección y Promoción de Inversiones del Reino Unido”, con condiciones muy ventajosas sobre las generales. La palabra “protección” lo dice todo y, se contrapone con la apropiación que los británicos hacen de nuestros recursos. Poco serio.
En el mismo acto de desechar los Acuerdos debería renegociarse una fecha de vencimiento perentorio de la denominada fórmula de paraguas (Madrid I, ítem 2) que congela las cuestiones relativas a la soberanía, cuya vigencia, es contradictoria con la Res. 2065 (XX) de las Naciones Unidas que promueve el diálogo sobre la soberanía; aunque la interpretación de algunos fuera de que “los británicos aceptaron la fórmula y con ello reconocieron la disputa de soberanía” (Clarín, 22/10/1989:9), esta opinión es sesgada, ya que deberíamos recordar que los británicos no la aceptaron sino que impusieron la referida fórmula inglesa, donde de hecho, negaban toda soberanía y obtenían los resultados que están a la vista: siguieron avanzando en la ocupación de territorios y explotación de los recursos, mientras que la Argentina quedó congelada.
Finalmente, el incumplimiento por parte del Reino Unido de la Res. 2065 (XX) de dialogar con la Argentina el mecanismo de reconocimiento de la soberanía argentina de Malvinas, coloca en una situación de absurdo la “fórmula de paraguas” sin fecha de vencimiento para avanzar sobre las cuestiones de soberanía, mientras el Reino Unido viola la citada Res. 2065 (XX) y, muy especialmente, viola la Res. 31/49 de las Naciones Unidas, al invadir en forma creciente nuestros territorios insulares y marítimos y explotar nuestros recursos naturales pesqueros e hidrocarburíferos, pese a que esa Resolución refiere a no innovar respecto a los espacios ocupados por el Reino Unido. Todos actos violatorios de la “Zona de Cooperación y Paz” establecida por todos los países de América y África vinculados al Atlántico Sur.
Derogar la Ley Nacional N° 25.290 del 13/6/2000 y con ello los Acuerdos de Nueva York evitaría la conformación de las denominadas OROP (Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero) que ya están fracasando, que se constituirían en un arma de administración y ocupación del Atlántico Sudoccidental por parte de los países que pescan a distancia subsidiados e ilegalmente (Estados de Bandera) y darían pie la intervención del Reino Unido, quien pretende erigirse como un Estado ribereño a partir de la ocupación de Malvinas en abierta violación a la Disposición Transitaria Primera de la C.N.A.
Desechar el Pacto de Foradori-Duncan, sería en términos prácticos dejar sin efecto la Comisión de Pesca del Atlántico Sur y las investigaciones conjuntas; la Comisión sobre Hidrocarburos del Atlántico Sudoccidental; los vuelos a Santiago de Chile y San Pablo desde Malvinas y viceversa, además de descartar todas las acciones “que favorezcan al desarrollo actual de Malvinas” como indica este Pacto que favorece la consolidación del Reino Unido en los archipiélagos y la apertura al mundo -con los vuelos- a la logística y comercialización de los productos originados en las Malvinas y los espacios marítimos argentinos. La Argentina tiene que promover el desarrollo de los Archipiélagos, pero a partir de la recuperación de la soberanía territorial insular y marítima.

* Eduardo Barcesat es Abogado Constitucionalista. César A. Lerena es experto en Atlántico Sur y Pesca. Artículo publicado en el Diario Perfil el 12 de julio de 2021.

Fuentes: Dossier Geopolítico / Contraeditorial / Diario Perfil