Semanas atrás, a raíz de la realización de una audiencia pública que tendría lugar en la ciudad Salta para establecer actualizaciones y nuevas tarifas para el transporte de pasajeros, se realizó la comparación – y los comentarios – que remiten a la injustificada diferencia entre los subsidios otorgados por el Estado Nacional, a las empresas de Capital y el Área metropolitana y el resto del país.

Redacción

Según la fuente del informe, a mediado del mes de julio, se debatía la posibilidad de que en la capital salteña, el boleto urbano pasará a costar al más de $ 63,50. Inevitable contrastar ese monto con los aproximadamente 25 pesos que significa cada pasaje en la zona más poblada del país.

El mencionado informe destaca los “chispazos” que ha habido entre la capital y las provincias desde la implementación de los subsidios nacionales. La fuente menciona que el inicio del conflicto data desde el gobierno de Néstor Kirchner, cuando éste decide subsidiar para Capital Federal, las tarifas de la luz y gas: “esto comenzó desvirtuando el origen de las privatizaciones porque ya no se podían aumentar las tarifas como realmente correspondía contractualmente, y tampoco las empresas podían cumplir con las condiciones de inversiones que se habían hecho anteriormente”. [Nota del Editor: excusa que les vino fenomenal a los concesionarios, porque pudieron derivar transitoriamente dividendos a sus casas matrices, y “laburar” la guita de los servicios públicos en otros tipo de negocios].

Según la fuente, la política de subsidios “fue potenciándose en algo netamente electoral”; dado que entre el 75 y 80% de lo destinado a subsidios va para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Una ecuación similar se daría en el transporte, donde del total de los subsidios otorgados con ese fin por el Estado nacional, el 82% van al Área Metropolitana de Buenos Aires y el 18%, al resto del país.

En cuanto a la ciudad de Salta, la empresa que opera con los colectivos de corta distancia es SAETA (privatizada en 2005), que mantiene un modelo público-privado. Actualmente posee 600 unidades que prestan sus servicios en toda el área metropolitana en dicha ciudad. En base a los precios del boleto, es la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), la que pone en su nómina el plausible incremento. El informe detalla que según declaraciones del presidente de AMT, Marcelo Ferraris a un diario porteño, “al recibir muchos más fondos CABA, puede tener un boleto más barato porque a los costos del servicio y del sistema, los cubren con subsidios. El incremento también esta amparado por los distintos cambios en los costos del sistema: sube los combustibles, los neumáticos, los lubricantes, la mano de obra, etc. Y es por esto que la inflación y otros factores hacen que se tenga que revisar la tarifa, y al no haber una mejora en los subsidios nacionales y también en los provinciales, marca la cancha para un aumento del boleto”.

El funcionario asimismo, analizó los incrementos paulatinos Además, Ferraris cotejaba que hay una magna diferencia entre los aumentos paulatinos del boleto: en CABA no tuvo un incremento desde 2019 – aunque próximamente se dice que tendría un escalamiento de $18 a los $25 – ; sin embargo, en Salta, este aumento comenzó a profundizarse desde diciembre de 2021 ($25 a $32), luego en febrero de este año subió de $32 a $41. Según la fuente, si el criterio de incremento es del 55% – derivado del acumulado de inflación en junio – , así como en la Capital salteña el boleto superaría los $ 60, en otras localidades de la provincia, el pasaje se acercaría a los $ 200.

Desde el sector gremial, Unión Tranviarios Automotor (UTA) con sede salteña, uno de sus dirigentes manifestó que “se está peleando ahora es que sea equitativo el subsidio dentro de este panorama federal”. Y agregó: “van a llegar a disponer una nueva cuota tarifaria en la audiencia. ¿Qué sistema aguanta si no aumenta el boleto?”.

Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, manifestó al respecto que “el problema es que se distribuyen mal los subsidios entre CABA y las demás provincias. Esto es una asimetría de un federalismo que no estamos observando. En algún momento, esto se tendrá que solucionar”.

Como menciona la fuente en un pasaje del informe, la política de subsidios a los servicios públicos, su criterio y sus sitema, data desde hace dos décadas. Para los favorecidos, el entramado consiste en un “derecho adquirido”; y para las perjudicadas “una soga al cuello”.

La discusión de fondo es la de siempre: existen argentinos de primera, de segunda y de tercera. El punto no es dónde cada lector se encuentra o como se autopercibe; el problema es que la desigualdad negativa existe. Como siempre, desde aquellos inicios de los primeros días de nuestra Patria.