Durante la tarde de ayer, en la ciudad de Necochea tuvo lugar la presentación de la propuesta de conformación de una firma estatal, en el marco del proceso de un posible nuevo llamado a licitación de las instalaciones elevadoras de granos de la ex Junta Nacional de Granos localizadas en Puerto Quequén.

Redacción

La iniciativa es impulsada por la Asamblea por la Soberanía del Puerto de Quequén. Tal como fue difundido en medios de todo el país durante los últimos días, la organización plantea la necesidad de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no renueve la concesión de la principal terminal elevadora de granos del Puerto Quequén que fuera privatizada por 30 años durante la década del ‘90, y permanece bajo control de la firma Terminal Quequén S.A., integrada por la norteamericana Bunge en forma mayoritaria, haciendo tándem con la también norteamericana Cargill; la francesa Dreyfus; la anglosuiza Glencore – a través de la firma Viterra -, y la firma estatal china COFCO.

Un puñado de “naves insignias” foráneas que operan las instalaciones – o canalizan sus cargas a través de ellas -, asumiendo el control del comercio internacional.

La conformación de un ente estatal que ejerza el comercio exterior de granos, permitiría entre otras cosas, que el Estado provincial posea una firma testigo que participe y ejerza la actividad, habida cuenta que desde hace más de tres décadas el país perdió dicha posibilidad luego de la liquidación del último bastión en el sector: la Junta Nacional de Granos.

Según las estadísticas oficiales, Puerto Quequén registró en el promedio de los últimos tres años, un flujo de cargas entre exportaciones, importaciones y cabotaje marítimo de 7,5 millones de toneladas. Eso equivale a cerca del 8% del movimiento de cargas portuarias nacionales; y al 7% en lo que respecta a exportaciones.

De ese movimiento de Puerto Quequén, más del 80% corresponde a exportaciones de granos y subproductos. La concesionaria Terminal Quequén S.A. opera alrededor del 40% del flujo total, y dicha proporción está afectada solamente a ventas externas.

La concesión de los elevadores y demás instalaciones que pertenecieron a la Junta Nacional de Granos venció en noviembre del 2022. El Gobierno de Axel Kicillof, a través del Consorcio de Gestión que preside Jorge Álvaro, prorrogó por un año más el acuerdo. Si bien los anuncios de la nueva convocatoria a licitación son recurrentes, la contrapropuesta de la Asamblea local está haciendo ruido.

Y no es para menos: en este escenario nacional y provincial, donde ningún vector estratégico para la producción y el trabajo argentino está siendo controlado absolutamente por la administración estatal, que la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén impulse la creación de una empresa estatal exportadora, que se haga cargo del control de las instalaciones y ejerza la actividad de comercio, cambiaría de raíz la forma en que el rubro se viene manejando en las últimas tres décadas.

Según palabras de Miguel Bayón, uno de los referentes de la Asamblea, en la actualidad, ni el Estado Nacional ni los provinciales, tienen “ninguna capacidad para controlar cantidades, calidades y precios de lo que se exporta. De ahí surgen las posibilidades para las empresas privadas multinacionales de producir grandes evasiones impositivas y fuga de capitales generando un perjuicio gigantesco para para nuestro país”.

Las adhesiones son múltiples; y las inquietudes también. De hecho, durante los días pasados, fueron varios los medios que dieron cobertura al anuncio, caracterizaron como “grupo de vecinos” a un ámbito de trabajo y debate donde participan una serie organizaciones y agrupaciones políticas.

El instrumento que tiene en la mano el Gobernador Kicillof no requiere de la erogación de un solo peso. Simplemente, no hay que renovar la concesión ni transformar la ley de puertos. En las actuales condiciones, la creación de una empresa estatal testigo, además del impulso de la Asamblea, depende una decisión política del Gobernador.

De hecho, tal lo afirmó Bayón en una entrevista días atrás, entre otros instrumentos, el Estado para poder armar una exportadora, cuenta con herramientas como YPF Agro que provee aceites combustibles y servicios a muchos productores a cambio de cereales y oleaginosas; la banca provincial; toda una serie de instituciones asociadas en el plano de la actividad agropecuaria; e intendentes que ven o podrían ver con buenos ojos la propuesta.

 “Estamos pidiendo que el estado vuelva a ejercer la operatoria de la terminal y constituya una exportadora, porque Argentina no exporta granos. Eso generaría innumerables beneficios económicos. Habría una empresa testigo. Cuando vos ejerces la administración, tenés el control, las multinacionales actúan por declaración jurada, hay ciertos controles, de la Aduana, AFIP, pero son deficientes, entonces, al mentir las cantidades, y fundamentalmente, los precios, sub facturan las exportaciones, evaden impuestos. Concretamente un tercio de las mismas no se declaran, por lo cual el estado no recauda divisas en concepto de derechos de exportación, retenciones y ganancias”, afirmó Bayón en medios bonaerenses.

Anoche en Necochea, se presentó la propuesta por parte de la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén: la constitución de una firma estatal exportadora que se presente para manejar las instalaciones de la terminal. No hay que cambiar ninguna ley. Es una decisión política del Gobernador.

Fuentes: Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén / Télam / Todo Provincial / Revista La tecla