Los eufemísticamente denominados “fondos buitres” tuvieron fallo a favor en el juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012. La sentencia salió de un juzgado menor de Estados Unidos, al cual Argentina le cedió oportunamente soberanía jurídica.

Redacción

Imagine el lector que el juzgado cercano a su barrio, o mejor, que el Juez de Paz del pueblo dictamine, que a causa de la invasión militar sobre nuestro territorio, y el saqueo permanente y aberrante que debemos sufrir los argentinos desde 1833 por parte de la corona británica, ese país tenga que resarcirnos con una montaña de guita por los daños ocasionados.

¿Qué supone el lector que harían los ingleses ante una sentencia semejante firmada patrióticamente por Goyo, el Juez de Paz patagónico amigo de esta Redacción? Nosotros creemos que les causaría gracia, y no por subestimar la decisión de nuestro valiente. Sino porque un juzgado insignificante de un país remoto y “supuestamente” dañado – comprendan la ironía por favor, o nos vamos al caño -, viene a decidir sobre nuestra suerte.

Claro… A los británicos no se les ocurriría firmar acuerdos con países extranjeros, donde entre los términos conste que, ante cualquier problema, un simple Juez de paz o de jurisdicción menor, pueda afectar la soberanía de su propia Nación.

Pero en Argentina, entre dictaduras cívico-militares semicoloniales liberales y gobiernos constitucionales – igual de semicoloniales y liberales -, desde 1976 a esta parte ininterrumpidamente, la sesión de soberanía ha sido moneda corriente. Prácticamente todos los acuerdos internacionales suscriptos por Argentina con privados, tienen el detallecito de que los Goyo de alguna parte, puedan ponernos de rodillas con sólo unos kilos de papel y un par de autógrafos.

Ayer se confirmó lo que era “de cajón”: la jueza estadounidense Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, emitió un fallo a favor del fondo buitre Burford Capital – un fondo de inversión con sede en Londres especializado en comprar juicios -, donde determina que Argentina debería pagar hasta 16.000 millones de dólares por la reestatización de YPF en 2012.

Saque “Nueva York” y ponga el nombre de su pueblo, para terminar de dimensionar el disparate.

Además, hay un dato que empeora la situación. Según las fuentes, el fallo no especifica la cantidad de dinero que nuestro país debe abonarle a los mencionados piratas ingleses. Sino que el mencionado fondo especulativo, solicita una “indemnización por la expropiación de las acciones de YPF”, que estos británicos adquirieron después de 2012 – en criollo, compraron el juicio que inició la española Repsol -, y que la cifra mencionada fue considerada por la jueza como “conveniente, apropiado y equitativo».

Las fuentes afirman que para Preska, Argentina ejerció un “control indirecto” sobre las acciones que tenía la petrolera española Repsol el 16 de abril de 2012, por lo que consideró que el interés del 8% anual sobre el capital supuestamente afectado era la postura correcta.

Así, con o sin rodilleras, Argentina deberá acudir a una Corte de Apelaciones – que seguramente está en el barrio de al lado, “del semáforo para allá” -, y acordar con los británicos de Burford Capital y los yanquis del Eton Park – otro grupo usurero que compró juicios de este tipo sobre YPF -.

El planteo que la jueza Preska considera legítimo, es que Argentina debería haber lanzado una oferta de adquisición por todo el capital accionario de YPF, y no solo por el 51%, dado lo que está establecido en los estatutos de la compañía.

Repasemos cómo fueron las cosas: Cristina Fernández ordenó expropió en abril de 2012, del 51% ciento de las acciones de YPF que controlaba la petrolera española Repsol, y pagó por ello 5.000 millones de dólares. En 2015, comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, pertenecientes a Eskenazi, a través de las cuales habían controlado el 25% de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.

Cuando los Eskenazi se declararon en quiebra, los ingleses del Burford Capital ingresaron en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio contra el Estado argentino, en la jurisdicción que indicaban los contratos – barrio “El Picaporte”, distrito de Nueva York, Estados Unidos -, con el argumento de que Argentina tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49% de las acciones restantes, de acuerdo al estatuto de YPF.

Obviamente, Argentina en su momento “aceptó” el juicio por este asunto, argumentando que la cifra en cuestión es de 5.000 millones de dólares. Conocida la sentencia, el Gobierno Nacional comunicó que apelaría la misma, con el objeto de procurar una negociación – desde el vamos desfavorable por supuesto -, por el monto definitivo de la indemnización.

El mismo, no debería superar el tope reclamado. Pero sobre la cifra propuesta por nuestro país, aplicando el 8% anual, el monto a pagar alcanzaría los 9.260 millones de dólares.

Pero el punto no está en la “diferencia de dinero”. La clave se encuentra en el cipayo disparate de ceder soberanía nacional y patrimonio estratégico de Nación a este tipo de escarnio.

Cristina Fernández tendría que haber expropiado el 100% del paquete, y avisar en las condiciones de sumisión en las que nuestro país de encontraba por la sesión de soberanía.

Porque YPF es soberanía energética y vector de industrialización. Es bandera de libertad. Es insignia mundial, ya que fue la primera petrolera estatal de la historia.

Sin embargo, Argentina y petrolera de bandera se encuentran en esta posición de debilidad: invadida y acorralada financieramente por los ingleses, y nuestra petrolera está conducida bajo esquema norteamericano.

Cipayos…

Fuente: Sputnik / Télam