El país hermano vive su peor sequía en 70 años. El gobierno liberal del Uruguay no estimó prioridad la inversión en alternativas a Paso Severino y los proyectos quedaron esperando. Como los idiotas de acá, los de allá dijeron “¡Gastos!”.

Por Gabriel Fernández*

Uruguay vive su peor sequía en 70 años y los expertos anunciaron que si en las próximas horas no llueve de manera copiosa se quedaría sin reservas de agua en pocas semanas. Esta situación comenzó hace algunos meses. La falta de precipitaciones agravó el dilema, pero son varias las interpretaciones que pretenden ir más allá.

En mayo el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) anunció que la sequía que afronta Uruguay desde hace tres años «no tiene precedentes» y es la peor desde principios del siglo XX, cuando se inició tal registro en el país sudamericano. En principio el Ejecutivo local ordenó utilizar agua del Río de la Plata y mezclarla con los fluidos dulces para limpiarla y así atemperar la situación, pero esta medida generó protestas.

Esta semana llegarían las primeras lluvias que podrían aliviar la situación extrema, pero los especialistas sostienen que se necesita un caudal grande de precipitaciones para combatir la sequía.

Cual comentarista ajeno al asunto, el presidente Luis Lacalle Pou reflexionó que «En las crisis nos acordamos de lo que nos hace falta», al participar de la inauguración de una planta de raciones en la Unión Rural de Flores.

Esta expresión fue a principios de junio. Allí recordó que la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) realiza «obras de emergencia para embalsar el agua dulce» e insistió en que «el agua está garantizada, lo que hay que medir es la calidad».

Según la última estimación del ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) el déficit hídrico provocó pérdidas en el sector productivo por 1.800 millones de dólares. Tomando los datos en panorama, la crisis hídrica es mucho más que la consecuencia de la falta de lluvias; deriva de un modelo productivo y de la consecuencia de priorizar los recortes y ajustes en áreas estatales que impactan directamente en las condiciones de vida de la mayoría de la población.

En esa dirección, una investigación del Semanario Brecha dio a conocer datos sobre el uso del agua por parte de las grandes empresas. Para acceder a la explotación de aguas superficiales o subterráneas las empresas necesitan contar con un permiso o una concesión de la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) y describir el uso que le darán y que tipo de obra se realizará.

Mientras que el consumo total de agua de toda la población del país se ubica entre los 231 y 274 millones de m3, el consumo habilitado para uso privado se encuentra en el entorno de los 2.586 millones de m3 por año (dejando por fuera de esta cifra lo que corresponde a extracciones de agua de empresas públicas), es decir casi 10 veces más. Por el uso de esta cantidad de agua las empresas no pagan nada.

Según los datos de Brecha, existen 5.091 habilitaciones vigentes para uso de agua con fines productivos repartidas en todo el país y de ellas, la mitad se concentran en las cuencas del río Santa Lucía (1.203 habilitaciones) y del Río de la Plata (1.378).

Casi la mitad de estas habilitaciones son para riego y una de cada cuatro para otras actividades agropecuarias.

En el total de habilitaciones, 19 empresas utilizan más agua que todos los habitantes del país (296 millones de metros cúbicos anuales para el desarrollo de sus actividades) y solo UPM dispone de más de 129 millones de m3 para su funcionamiento; es decir que esta empresa de la industria forestal se lleva el equivalente a la mitad del agua consumida por los uruguayos.

Mientras tanto las empresas productoras de arroz utilizan unos 1.437 millones de m3 (5 veces el consumo de agua potable de toda la población).

La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) viene denunciando la caída en las inversiones en OSE que ha definido el gobierno. El presupuesto para inversiones en relación con el PBI se ubicó en 0,10 por ciento durante 2021 y 2022.

Se trata de una disminución que es parte de una tendencia de larga data: de 1990 a 2000 representó el 0,23 por ciento del PBI, de 2000 a 2010, el 0,18 por ciento y de 2010 a 2020, el 0,16 por ciento. No se trata de un tema colateral, la falta de prepuesto impacta directamente en la capacidad operativa de OSE.

Se calcula, que en este contexto de crisis hídrica, un 50% del agua se pierde en cañerías y materiales rotos o no es facturada. Como consecuencia de la mala calidad del agua extraída, el costo de potabilización ha subido de manera importante: el aumento en el uso de carbón activado, utilizado para eliminar impureza y contaminantes pasó de representar el 0,27% de los costos operativos en 2008 a significar un 1,65% en 2019.

A su vez, en estos últimos años hay alrededor de 1000 funcionarios menos en el ente y según denuncia FFOSE el gobierno mantiene vigente (en plena crisis hídrica) el decreto 442 del Presupuesto Nacional que establece expresamente el objetivo de reducción de personal en la OSE.

Uruguay, como se observa, vive su menemismo. Construida sobre el gran río, asentada sobre un acuífero profundo y con ríos internos que riegan su llanura ondulada con suavidad, la Banda Oriental no padeció problemas de suministro. Las inversiones priorizadas estuvieron en energía, telecomunicaciones, red vial, combustibles, otros sectores, pero no en el agua.

Es que todo tiene un origen, y un sentido.

Lejos. Allá lejos y hace tiempo, los aguateros resistían obras que afectaran su negocio, hasta que en 1867 el gobierno del Uruguay hizo un llamado para dotar de un servicio de agua permanente a Montevideo y fueron dos argentinos y un uruguayo los que ganaron la concesión para el suministro de agua por tuberías a la capital. El año siguiente arrancó la construcción de una usina de bombeo a vapor, una tubería de casi 60 kilómetros y la instalación de tres fuentes – en plazas montevideanas – que recibían el agua para los vecinos en la ciudad.

En 1950, año del Maracanazo en la banda y del general San Martín en nuestra orilla, nació “Obras Sanitarias del Estado” (OSE), entidad a cargo del suministro de agua potable, con más de 70 plantas destinadas a potabilizar.

De todas, la más importante es la Planta de Aguas Corrientes, ubicada en el departamento de Canelones, a 50 kilómetros de Montevideo, donde se potabiliza el agua que abastece al área metropolitana. Hay 1.700.000 habitantes, del total de 3,5 millones a nivel nacional.

Nunca hubo problemas de abastecimiento, ni objeciones por la tarifa mensual del servicio.

Se ha elogiado la calidad del agua surgida de la canilla para el mate, para cocinar, y aquella que –como en nuestros pagos- se desperdicia en tareas para las que no se requiere que sea potable, como limpiar veredas, lavar autos, regar jardines.

Tres años de sequía, la más larga y pesada de la historia del Uruguay, dejaron a Uruguay sin agua y eso llevó a que las autoridades decidieran combinar esa agua con la que comenzaron a extraer del Río de la Plata, pero eso supone combinar agua dulce con agua salada, y eso comenzó a notarse en el servicio.

¿Qué sucedió?

El gobierno liberal del Uruguay no estimó prioridad la inversión en alternativas a Paso Severino y los proyectos quedaron esperando. Como los idiotas de acá, los de allá dijeron “¡Gastos!”.

A mitad de 2016, el gobierno del Frente Amplio había presentado un proyecto para nueva represa sobre el Santa Lucía, con apoyo de fondos de la Corporación Andina de Fomento y la Unión Europea. La ministra de Vivienda de entonces, Eneida de León, anunció que esa infraestructura permitiría continuar asegurando las condiciones de calidad del agua.

Pero el avance fue trabado en el Congreso, y cuando terminó el gobierno, el presidente saliente, Tabaré Vázquez, entregó a su sucesor Luis Lacalle Pou el proyecto de “Represa Casupá”, como nuevo embalse en el arroyo de ese nombre, afluente del Santa Lucía Grande, para tener como reservorio del sistema de potabilización de agua.

Lacalle Pou señaló que había que recurrir a inversores privados, para concretar una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata al oeste de Montevideo. Los sindicatos reclamaron la estatización del servicio. Amparados en un plebiscito efectuado en el año 2004.

En noviembre del año pasado, pese al rechazo de oposición por involucramiento de privados, el gobierno anunció que “después de una larga peripecia el directorio de OSE ha aprobado el proyecto Arazatí” para “la construcción de infraestructura para potabilizar agua y una inversión de 200 millones de dólares, que podría alcanzar los 500 millones cuando se apruebe el plan de saneamiento para 60 localidades”.

Los privados sintieron calor y se refugiaron en sus aires acondicionados. Los argentinos radicados en Uruguay señalaron este no es nuestro problema.

La situación de sequía se agravó en el verano con costo millonario alto para el sector agropecuario primero y con amenaza al servicio de agua potable después.

El otoño mostró la peor cara de la falta de lluvias con un Paso Severino que se fue vaciando de agua y obligó a extraer agua del Plata, sin poder evitar el alto componente de sal. Autoridades de OSE coinciden en que si se hubiera concretado el plan del gobierno anterior con nueva planta en Santa Lucía, eso hubiera atenuado el problema.

Ahora, se busca agua en pozos y con la expectativa de que finalmente comience a llover. Los meteorólogos, no ven que aparezcan lluvias significativas en lo que resta del año como para revertir el problema.

Encima, la genial administración liberal oriental, pretende salir del MERCOSUR. Gracias a la Argentina y el Brasil, todavía pertenece a la alianza regional.

*Director de La Señal Medios. Redactor de Radio Gráfica. Artículo publicado el 4 de junio de 2023.

FUENTE: La Señal Medios