Desde la provincia de Formosa se propuso a las autoridades nacionales, la conformación de un verdadero acuerdo nacional de precios, que involucre a todos los actores de las cadenas comerciales, y contemple las distintas regionalizaciones. Aunque parezca mentira, es la primera propuesta razonable en décadas por parte de integrantes de los poderes Ejecutivos de los diferentes distritos de la Nación.

Redacción

No creemos que se trate de la solución definitiva, pero al menos se trata de un gesto, un impulso, una declaración de intenciones. Desde el Gobierno de Formosa, a través de la Defensoría del Pueblo, y en reunión con referentes empresariales y comerciales de la provincia, y funcionarios nacionales, se solicitó que las industrias alimenticias firmen los acuerdos de precios y garanticen la distribución de sus productos por medio de sus distribuidores oficiales.

Hay un flagelo que es cuantificable, verificable y al cual no se le animan. Haciendo un gran promedio nacional, por cada 200 kilómetros que las mercaderías de alejan vía fletes carreteros, de los principales centros de almacenamiento, distribución y consumo, los precios finales aumentan un 10%. De hecho, parte de esos incrementos, están contemplados en las estadísticas oficiales, cual enfermedad endémica sin solución aparente.

Como el lector se imaginará, la escalada permanente de precios, además del bolsillo, también afecta el pleno abastecimiento. En los centros comerciales alejados de los principales centros urbanos del país (AMBA, Rosario y Ciudad de Córdoba), la ausencia de productos en las góndolas es moneda corriente. A veces, son algunas marcas; en otras, directamente la oferta de productos

Así las cosas, una de las medidas políticas de orden nacional propuestas desde Formosa, es que los distintos acuerdos de precios no solamente contemplen a los integrantes de ASU (Asociación Supermercados Unidos), sino que también involucren a la CGA (Confederación General Almacenera de la República Argentina), entidad que nuclea a los almacenes y autoservicios de todo el país; a la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).

El objetivo es que los acuerdos lleguen a todas las bocas de expendio en el territorio nacional, y que además se despliegue una “Regionalización de Precios”, habida cuenta de los altos costos logísticos. Al respecto, los funcionarios locales, argumentaron que los valores de los productos comercializados en provincias como Formosa, siempre fueron superiores comparados a grandes centros de distribución como Buenos Aires. Los factores históricos que determinan esta situación son los costos de transporte, peajes, combustibles, que terminan pagando los consumidores en las góndolas.

Según la información suministrada por el Gobierno de Formosa, hasta la mañana de ayer, aún no se había logrado conformar un acuerdo a nivel nacional con las industrias alimentarias para la fijación de precios de referencia.

Los representantes de las Cámaras locales incluso avanzaron un paso más: sostuvieron la necesidad para todo el territorio nacional, de determinar la construcción de la cadena de valor, que comprende los pasos que tiene un producto desde la etapa de producción hasta la de distribución. Es decir, debe necesariamente existir un control real de costos hasta el precio de venta por producto, para así localizar las distorsiones de precios, ya que, al productor le pagan siempre un mínimo y en la cadena de distribución se observan importantes aumentos que termina enfrentando el consumidor final.

Por último, según se informó, tales propuestas y solicitudes serían enviadas al secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini y al Coordinador General de la Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios, dependiente del Ministerio de Economía, Guillermo Michel.

Tal lo afirmamos al principio, las propuestas formoseñas no son la solución definitiva, pero al menos son razonables y – sobre todo – superadoras, si se las compara con las políticas de precios internos impulsadas por las diferentes gestiones de Gobierno de los últimos veinte años.

La clave está en varios factores mencionados en las propuestas: primero, el costo de producción de un producto final que luego se comercializará en góndola y mostrador; segundo, los factores logísticos asociados a la distribución equitativa de dichos productos en todo el territorio nacional; y tercero la determinación de quién resuelve el precio de los mismos.

Hasta aquí, los montos los deciden las cadenas de comercialización y distribución. Las mayoristas en principio; y en segundo lugar los supermercados y comercios de cercanía. Es decir, el problema no estaría principalmente en el costo de producción de tal o cual producto, sino en los gastos logísticos (fletes, almacenamientos, conservación, fraccionamiento y distribución).

El problema tiene décadas en Argentina. Algo hay que hacer con urgencia. La solución está en la nacionalización de los factores logísticos, además de que el propio Estado instrumente bocas de comercialización a precio justo y equitativo.

Sin embargo, ante el presente descalabro la propuesta formoseña no es mala. Lo ideal asimismo, sería que cada provincia, y sobre todo las más alejadas del núcleo metropolitano se expresen al respecto.

Mientras tanto, el Gobierno nacional y las provincias podrían aumentar un 150% los salarios. Sin poder adquisitivo del salario, cualquier propuesta de precios será insuficiente.

Para ello, además, hay que “crear” salarios. En criollo, laburo.

Fuente: Gobierno de Formosa / Formosa Ahora