Representantes de las siete provincias tabacaleras se reunieron con Agricultura de cara a que puedan resolver al menos un problema. Entre otras cosas, piden que al menos le adelante provisoriamente un valor que ronda el 80% del costo real de producción.
Redacción
El Gobierno Nacional trata de estirar y alivianar los conflictos lo más posible, mientras ataja otros elefantes más “pesados”. Sin embargo, la dinámica de la amansadora pone en jaque a las economías de baja escala – o regionales – y a sus cadenas y complejos productivos asociados. El tabaco no es la excepción
Cumpliendo su rol, días atrás, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, mantuvo un encuentro “informativo” con representantes tabacaleros de las siete provincias productoras, de cara a atender las necesidades de mayor competitividad del sector, la lucha contra la informalidad y el tráfico ilegal en las zonas de frontera.
Datos promedio de los últimos años, indican que el ranking de provincias productoras, es encabezado por Jujuy (36%), Misiones (29%), Salta (25%), Tucumán (7%), Catamarca (1%), Corrientes (1%) y Chaco (1%). La producción total ronda las 100 mil toneladas, lo que ubica a la Argentina en el 10° escalafón mundial. El 80% se destina a la exportación (a razón de 4.000 dólares por tonelada).
Por otra parte, se estima que entre las siete provincias existen 23.000 productores, que se reparten entre las 70.000 hectáreas promedio que se cultiva. Además, se calcula que el tabaco proporciona empleo directo a 140.000 personas, ya que es un cultivo de gran demanda de mano de obra.
El sector privado asegura que mientras que por campaña, la soja o el maíz requiere 0,45 jornales por hectárea para la producción del cultivo; el tabaco requiere 142 jornales por hectárea por campaña. De allí que los márgenes y los inconvenientes con los pagos en los acopios, más los reclamos del sector rural sean el común denominador en cada temporada.
De hecho, el conflicto en ciernes está atravesado por el precio de kilo de hoja que paga la industria. A la espera del laudo que determine el precio justo, los acopios están pagando el precio de la campaña anterior (2021-2022). Es decir, 287,83 pesos por kilo. Los productores reclaman por lo menos $ 500 de forma provisoria hasta tanto se fije el justo valor.
El reclamo de fondo es simple, elemental y se repite en todas las cadenas productivas: alta inflación, altos valores para la importación de insumos (que se pagan en dólares “reales”), el precio de los fletes; los jornales, etc. Las razones son justas.
Bahillo, no arrojó demasiadas certezas, aunque habría agendado abordar temas como el contrabando; la informalidad en el comercio interno; y la trazabilidad de la producción. Respecto del precio de los insumos, el funcionario sólo habría manifestado que “los importadores no tienen ningún motivo para vender los insumos a un precio del dólar que no sea el oficial”, a la vez que se comprometió a dialogar con las empresas del sector de fertilizantes, que comercializan a 370 pesos lo que deberían cotizar a 211,50.
Los productores, también denunciaron que algunas industrias del tabaco, que tergiversan ventas y disfrazan costos y márgenes de rentabilidad. Según ellos, las industrias declaran un esquema de costos que a los efectos impositivos determina un valor de venta. Sin embargo, en los kioscos, ese precio de duplica. Los primeros cálculos indican que solo por FET, se estarían perdiendo unos diez mil millones de pesos.
El tema promete continuidad dado que la campaña tabacalera está en pleno desarrollo, pero el panorama viene difícil para los productores.
Tras una inflación real que superó largamente los 100 puntos, al día de hoy se encuentran suplicando un precio por el kilo hoja que al menos le cubra el 80%. Es decir, los gastos y los impuestos. Sin embargo hasta aquí vienen funcionando a “precio viejo”; es decir, cubren el 46,5% de los costos.
Fuente: SAGyP / El territorio / Misiones Online