Cómo será el charco que el peludo pasa al trote…

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Cómo será el charco que el peludo pasa al trote…

El copete que viene, no es nuestro: “El 80 por ciento de los pobres del mundo viven en zonas rurales, y muchos de ellos son trabajadores que se enfrentan a graves déficits de trabajo decente, en particular una seguridad inadecuada en sus labores, una baja remuneración, la falta de estabilidad y de seguridad del trabajo, y horas de labor excesivas”. Detalles del modelo agrominero exportador…
Redacción
El trabajo rural; una actividad que en el país que implementó ciertos reglamentos para los hacendados, para el manejo de las haciendas, y el Estatuto del Peón, continúa siendo un trabajo que contiene resabios se esclavitud. Sobre esto, ninguno de los gobiernos de los últimos 45 años ha tomado cartas y medidas sobre el tema, salvo algunos operativos o sanciones tributarias.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dice cosas sobre la tarea rural. También lo hace la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Asimismo, varios organismos supranacionales ocupan parte de sus documentos oficiales en hablar sobre el asunto. Sin embargo, pasa el tren…
A esta altura de las circunstancias, lo único que queda por esperar es que los Estados Nacionales, a partir del ejercicio de la actividad en tanto productores agropecuarios, sean patrones de trabajadores rurales. Así, desde el hacer de la propia tarea – que no tiene que ver con “dar el ejemplo” -, donde el trabajador agropecuario tenga las condiciones que corresponden, puede que la parte privada – por presión o convicción – haga lo que nunca hizo: ceder una parte ínfima de su rentabilidad para poner en condiciones la situación laboral, tanto salarial como sanitaria y en lo que refiere a seguridad.
Ya ven que todavía no mencionamos a ninguna de las denominadas “patronales de campo” ni a sus gremios. Sólo hicimos una introducción al tema.
Según la información oficial del Estado argentino, el 70% de los trabajadores rurales no están registrados. Eso implica que a ciencia cierta, en el año 2022 y en el “gobierno popular”, no se sabe cuánte gente trabaja en la tarea rural. Sin embargo, asegura que la participación en el producto de la actividad – en la “ganancia” – no alcanza al 20%
INDEC asegura que de los 858 mil puestos de trabajo que reconoció el sector agropecuario entre enero y marzo de 2022, 513 mil aparecen como no registrados. Además, asegura el organismo, existen otros 422 mil puestos de trabajo no asalariados que corresponden a patrones y productores familiares. O sea… casi un millón de personas que trabajan en la actividad, pero que la autoridad laboral no tiene bajo su espectro: no aporta a su jubilación, ni a la obra social, ni tiene vacaciones, ni aguinaldo, ni nada.
Así las cosas, mientras la baba socialdemócrata pide renta básica universal o “paritarias” trimestrales para los planes sociales ( lo dicen de otra forma, pero es eso…); la actividad que “inserta a Argentina en el mundo”; que posee un factor de escala de nivel internacional; y que detenta volúmenes de facturación fabulosos, no ponen un mango ni siquiera en aquellos a quienes les hacen ganar el dinero: sus propios empleados.
¿El (o los) Gobiernos? Nada. Dejan hacer. Ponen trompita cuando la cosa se hace muy mediática hasta que surge algún escándalo palaciego que desvía la atención de la población. Por ejemplo: Cristina y Alberto no se quieren; Macri es malo; Larreta es muy malo; Axel es bueno pero Máximo es mejor (aclaramos que los atributos malo/bueno se invertían proporcionalmente durante el gobierno anterior).
Así las cosas, vamos a compartir con todos ustedes, un artículo que analiza el trabajo rural a nivel continental desde una perspectiva “políticamente correcta” y “cristianamente tolerable”. Es útil leerlo.
Siempre tenga en cuenta el lector, que si bien las condiciones humanas en otros países hermanos pueden llegar a ser peores, la desproporción en términos económicas, es encabezada por Argentina casi por escándalo.

LA EXPLOTACIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES RURALES: REALIDADES INDECENTES
Escribe, Eduardo Camín.

Desde hace décadas, el capital financiero profundiza sus tentáculos en el campo, aumentando la concentración y privatización de la tierra, el trabajo esclavo o precarizado, la contaminación con agrotóxicos y la destrucción de millones de hectáreas de selvas y bosques nativos.
El 80 por ciento de los pobres del mundo viven en zonas rurales, y muchos de ellos son trabajadores que se enfrentan a graves déficits de trabajo decente, en particular una seguridad inadecuada en sus labores, una baja remuneración, la falta de estabilidad y de seguridad del trabajo, y horas de labor excesivas.
A su vez, las mujeres y los trabajadores jóvenes son los más afectados, revela un nuevo informe -“Déficits de trabajo decente entre los trabajadores rurales”- de la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), basado en 16 estudios de caso que cubren 15 países en África, Asia, Asia Central, Europa y América Latina.
Desde hace décadas y en plena ofensiva neoliberal, el capital financiero profundizó sus tentáculos en el campo, la mercantilización y financialización de la agricultura provocaron despojos y desalojos, aumento de la violencia y persecución contra las comunidades campesinas, privatización de las semillas, promoviendo trabajo esclavo, destrucción de mercados locales, aumento del hambre y la migración, destrucción de la naturaleza y contaminación, entre otros flagelos.
El informe concluye que:
-La exposición a productos químicos plantea graves riesgos para la salud y de otro tipo para los trabajadores agrícolas, en particular los niños y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Las trabajadoras están desproporcionadamente representadas en la mayoría de los empleos precarios. Las trabajadoras también tienden a tener empleos mal remunerados y poco calificados, son objeto de grandes brechas salariales por motivo de género, y tienen más probabilidades de ser víctimas de acoso y abuso en el lugar de trabajo en comparación con sus homólogos masculinos.
-El trabajo infantil, el trabajo forzoso y la servidumbre por deudas siguen siendo una realidad. Hasta el 95 por ciento de los niños que realizan trabajos peligrosos se encuentran en la agricultura, en particular en los sectores del cacao, el aceite de palma y el tabaco. El trabajo forzoso también es una realidad en algunos sectores y está vinculado con la múltiple dependencia de los empleadores por parte de los trabajadores.
-El escaso diálogo social y los obstáculos para acceder a las organizaciones de trabajadores. En muchos sectores, los sindicatos son inexistentes o se enfrentan a importantes obstáculos para interactuar con otras organizaciones de trabajadores, tales como los grupos y cooperativas de trabajadores. El diálogo social y la representación de los trabajadores del sector informal, ocasionales, estacionales, temporales e independientes, y de trabajadoras, son ámbitos que suscitan especial preocupación, al igual que la representación de los pequeños agricultores.
-La protección social sigue siendo un sueño. La protección social inadecuada es un problema que afecta más en particular a los trabajadores que tienen modalidades de trabajo precarias, incluidos los trabajadores del sector informal, ocasionales, temporales y subcontratados y los jornaleros, que constituyen la gran mayoría de los trabajadores en las plantaciones agrícolas.
A la vez el informe formula una serie de recomendaciones para ayudar a encarar estos déficits de trabajo decente, que incluyen: fortalecer la administración del trabajo en las economías rurales; mejorar la presencia y la capacidad en las economías rurales de los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores de base y lograr la transición de las empresas del sector informal y de las modalidades de trabajo informales a la economía formal.
Asimismo, ratificar los convenios pertinentes de la OIT y otras normas internacionales del trabajo, y adherirse a ellos; integrar los sectores de la economía rural en procesos de diálogo social formales e institucionalizados; fortalecer la preparación para las situaciones de crisis y la protección social en la economía rural, y realizar más estudios y análisis de política para comprender mejor las necesidades y expectativas de los trabajadores rurales y sus organizaciones, y responder a ellas.
Detrás del surco del trabajo (in)decente, la huella de la explotación
Sin dudas que la crisis causada por la Covid-19 ha tenido un impacto devastador en los trabajadores rurales, que ya se concentraban considerablemente en el empleo informal y experimentaban déficits de trabajo decente antes de la pandemia. Al igual que las crisis económicas y financieras mundiales anteriores, ha puesto de manifiesto las limitaciones del paradigma de desarrollo actual para las poblaciones rurales y, más concretamente, para los trabajadores rurales.
Dentro de ese universo de ilegalidad, la precarización es extrema entre los migrantes internos o trabajadores foráneos conocidos en algunas partes como “golondrina”. Hacinados en precarios habitáculos o bajo techos de un mar de plástico, sin luz ni agua potable tras jornadas laborales de 14 o más horas, así sobreviven cientos de miles de trabajadores rurales en muchas partes del mundo, a pesar de las cosechas y ganancias extraordinarias.
El propio informe destaca que se identificaron déficits de trabajo decente en cada sector estudiado y para cada elemento sustantivo cubierto por el marco de la OIT de indicadores de trabajo decente. Los déficits más destacados se observaron en las oportunidades de empleo, el salario adecuado, la estabilidad del empleo, la seguridad en el trabajo, la protección social y el diálogo social. Otra gran preocupación en la mayoría de los países es la igualdad de oportunidades y de trato, en particular para las trabajadoras.
En la mayoría de los países estudiados se señalaron como causas más frecuentes el trabajo infantil, el trabajo forzoso y los horarios de trabajo excesivos. Así pues, el trabajo infantil se detectó por ejemplo en la agricultura en Armenia, en el cultivo de cacao en Costa de Marfil y Ghana, en la producción de aceite de palma en Indonesia, en la producción de plátanos en el Ecuador, en el cultivo de tabaco en Malawi, en la producción de té en Kenia y en la producción de caña de azúcar en Filipinas.
Por lo tanto, no se puede seguir posponiéndose la adopción de un enfoque programático y normativo mundial, regional y nacional para hacer frente a las causas profundas y a la naturaleza estructural y sistémica de la pobreza y el desempleo en las zonas rurales y los índices de explotación de los trabajadores rurales.

¡La revolución verde! … pero con métodos industriales

La propaganda neoliberal incluía la idea del fin de la historia, como parte del intento de despolitización de la sociedad. Y también en el plano agrario, se lanzó la teoría del “fin del campesinado”, sugiriendo que las familias campesinas iban a desaparecer y que solo el agronegocio era capaz de alimentar a la humanidad.
Esta arremetida neoliberal -denunciada en su momento por la Vía Campesina- profundizó los mecanismos de la Revolución Verde, potenciando su capacidad de acaparamiento y destrucción, de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. El verdadero y único objetivo fue en realidad los grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad.
El campo fue el escenario en el cual aumentó la concentración y privatización de la tierra, el trabajo esclavo o precarizado, la contaminación con agrotóxicos, la destrucción de millones de hectáreas de selvas y bosques nativos.
Pero a medida que el proceso avanzó, también fue creciendo la resistencia en el campo, lo que trajo aparejado la persecución y criminalización de campesinas y campesinos. La violencia en el campo es un elemento sobre el que se sostiene el agronegocio: asesinatos y encarcelamiento de campesinas y campesinos, y el redireccionamiento de los recursos públicos hacia el agronegocio, dejando a los campesinos sin posibilidad de acceso a créditos y mercados.
En realidad, los retos vinculados a la tierra, a la agricultura en particular son cruciales, más concretamente vitales en algunos contextos y sobrepasan el marco del simple “instrumento económico”.
Las políticas y legislaciones adoptadas tanto a escalas nacional que internacional, en este ámbito y en otros similares, modos de producción alimentaria, gestión del agua y de los bosques explotaciones mineras, megaproyectos llamados de desarrollo, acuerdos comerciales y de inversión, tienen un impacto decisivo sobre el desarrollo económico social, cultural y medioambiental y en consecuencia sobre el goce de todos los derechos humanos.

Un hito histórico, la Declaración de los Derechos Campesinos

En el plano de la gobernanza internacional el lobby neoliberal impulsó nuevas instituciones, tratados y acuerdos que fueron construyendo un andamiaje de jurisprudencia que en lugar de estar anclada en los derechos humanos y la democracia, está basada en la libertad del capital financiero y todos aquellos mecanismos para blindar a las empresas frente a la resistencia y lucha de los pueblos.
Como denunciaba la Vía Campesina, un claro ejemplo es la UPOV (Unión de protección de obtentores vegetales) que se encarga de legitimar la apropiación de conocimiento genético. El modelo de producción agrícola industrial, así como las políticas de desarrollo económico, en el marco actual del capitalismo globalizado, el beneficio es máximo e inmediato.
Este modelo ignora totalmente las consecuencias a medio o largo plazo, los métodos industriales y productivistas ejercen presiones enormes no solo en los recursos naturales como la tierra y el agua, sino también en las poblaciones afectadas, en particular el mundo rural.
En su enfoque de la participación de los gobiernos, el informe de la OIT-ACTRAV hace hincapié sobre las estrategias para la promoción de políticas y la elaboración de marcos de política, considerando explícitamente las repercusiones de las políticas laborales generales en los trabajadores rurales y apoyando la formulación y adopción de aquellas que promuevan el trabajo decente para dichos trabajadores.
Incluso algunas partes interesadas solicitaron apoyo de la OIT, al ejercer presión y fomentar cambios de política positivos con miras a proteger los derechos de los trabajadores rurales. En realidad, instrumentos jurídicos sobran; lo que falta es voluntad política.
Podemos mencionarla aprobación y adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales adoptada en diciembre de 2018, que representó en su momento un hito histórico para el propio sistema internacional de derechos humanos, así como para las comunidades campesinas del mundo.
Las organizaciones campesinas llevan años resistiendo en todos los rincones del planeta ante el bochorno que se estaba produciendo en la vida de millones de seres humanos. La conformación de La Vía Campesina se da en ese contexto, destacándose la lucha por la tierra y contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de libre mercado que abrían las puertas a las corporaciones en todos los continentes.
Es una evidencia empírica que a medida que avanza la agricultura industrial se agudiza la crisis alimentaria global y también la crisis climática. Así, la discusión sobre los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en su conjunto siempre estuvo ligada a propuestas sobre las políticas agrarias necesarias para poder superar la crisis alimentaria.
Este proceso instaló en el correr de los años varios debates en el seno de Naciones Unidas. En primer lugar, el reconocimiento del campesinado como una clase mundial y significativa que sufre violaciones sistemáticas a sus derechos y, en segundo lugar, el debate sobre si en las legislaciones deben primar los derechos humanos o los intereses corporativos de las transnacionales.
El proceso desde un inicio contó con el apoyo latinoamericana: la propia Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) dio su respaldo así como el GRULAC (grupo de países latinoamericanos en la ONU) al que luego se sumaron el G77, abriendo camino al proceso en Asia y África, donde también tuvo amplio respaldo.
Mientras, los países más subordinados a los intereses de las transnacionales y de carácter imperialista y colonialista se opusieron desde el principio: así Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Japón y una buena parte de la Unión Europea fueron permanentes en su negativa.
Los líderes sin materia prima no han cambiado un ápice su posicionamiento en la esfera mundial: un grito sordo del poder de la sinrazón, un artificio de países dependientes de las materias primas, con la necesidad de acelerar algunas guerras vigentes.

Fuente ALAINET

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