La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) peruana, aprobó la semana pasada, un informe que pide que el presidente del hermano país, Pedro Castillo, sea inhabilitado durante cinco años y se le acuse por el delito de traición a la patria. La iniciativa deberá cumplir con otros requisitos antes de su eventual votación en el pleno del Congreso.
Redacción
Según la SAC – que en los próximos días también deberá pronunciarse sobre una denuncia constitucional presentada contra el gobernante por la Fiscalía de la Nación por presuntos actos de corrupción – Castillo habría cometió «traición a la patria» al considerar que se podría someter a consulta la entrega de una salida al mar a Bolivia, y otros defienden que solo se trató de una opinión. Desde la oposición peruana sostiene que los dichos del mandatario «ponen en grave riesgo la integridad de la nación» y que habrían afectado la soberanía nacional.

Castillo, por su parte, no negó que en enero pasado, declaró ante la cadena CNN que él reclamó el «mar para Bolivia» durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial. Agregó asimismo, que: «no estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera».

Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición. Sin embargo, Perú – que combatió en dicha contienda aliado a Bolivia – ya ha avanzado en el tema de la salida al mar boliviana: Alberto Fujimori (1990-2000) cedió en 1992 a su vecino, una franja de 5 kilómetros llamada “Bolivia Mar”, en el puerto sureño de Ilo; decisión que fue profundizada en 2010 por Alan García (2006-2011), que renovó, por un periodo de 99 años, una zona franca marítima – aunque sin soberanía – para Bolivia.
La defensa legal de Castillo alega que en tanto gobernante no tomó ninguna acción para implementar su opinión, por lo que consideran que la acusación debe ser desestimada por el Congreso.

Por otra parte, la SAC, también deberá pronunciarse en los próximos días sobre una demanda constitucional que presentó la fiscal general, Patricia Benavides, contra Castillo como presunto líder de una mafia corrupta en el Ejecutivo. Imputa al Presidente de ser el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).

En declaraciones públicas hechas el sábado, Castillo aseguró que el país debe continuar con su rumbo y no hacer caso a distracciones y falsas acusaciones; y que defenderá su Gobierno junto al pueblo que lo eligió como mandatario del país suramericano: “este pueblo nos ha puesto por un periodo (2021-26) y seremos y lo haremos prevalecer juntamente con el pueblo”, dijo.

Castillo aprovechó la ocasión para lanzar una nueva crítica al Congreso por no someter a discusión decenas de proyectos de ley pendientes de debate y aprobación que benefician al pueblo peruano: “queremos recuperar los recursos energéticos que tiene la riqueza del Perú, queremos la estabilidad democrática y la gobernabilidad convertidos en proyectos de ley en el Parlamento, pero le importa un pepino (muy poco) al Parlamento”, al que emplazó a dejar de ponerle zancadillas al Gobierno.

Fuentes: El Tiempo / TeleSur