Panamá se encuentra en franca lucha por la soberanía de sus recursos mineros estratégicos. Es este caso, la multinacional First Quantum y el propio Gobierno y la Asamblea del país acordaron un contrato entreguista con ley incluida.

Redacción

Las protestas en Panamá se vienen multiplicando hace meses, y en los últimos días han tomado una inevitable repercusión internacional. El motivo de las mismas es el rechazo al pacto suscrito entre el Poder Ejecutivo de ese país y la empresa Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum. Según denuncian la oposición gubernamental y las organizaciones populares que llevan adelante las protestas, el acuerdo es “lesivo a la soberanía nacional”.

El proceso viene teniendo múltiples episodios que cargan de nulidad a la maniobra. La mayor repercusión se dio el pasado fin de semana, luego de que el pasado viernes 20, la Asamblea Nacional aprobara en tercer debate el proyecto de ley que habilita el contrato con la multinacional; además de que sorprendió la inusitada celeridad con la que el presidente panameño, Laurentino Cortizo, autorizó su promulgación en gaceta oficial bajo el mote de “Ley 406”.

Ante la recrudecida ola de protestas, el domingo 29, el propio Cortizo, anunció que pediría al Tribunal Electoral (TE) convocar una consulta popular para que el 17 de diciembre de 2023, y que sea el pueblo panameño quién defina el futuro del contrato minero o Ley 406.

Ayer lunes, el presidente del Tribunal Electoral (TE) de Panamá salió a despegarse, y confirmó que no hay condiciones para organizar la consulta popular que pidió el presidente de la República. Además, el Tribunal manifestó que a raíz de la sanción, existen presentaciones en la Corte Suprema de Justicia del país, por demandas de inconstitucionalidad en contra de la citada Ley 406. Las mismas, de resolverse antes de la fecha, harían que la consulta popular fuese “innecesaria”.

Otra de los argumentos presentados, es que la vinculación o no del resultado de dicha hipotética consulta y el cumplimiento o no de lo que ella decida, no es competencia del TE, sino del propio Poder Ejecutivo.

La firma de un nuevo contrato minero con la empresa Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, tiene términos que a los ojos de las organizaciones populares que están en las calles desde el mes de marzo, son “vendepatrias”.

Pero además, el proyecto tuvo varias idas y vueltas. Al momento de conocerse, algunas de las prerrogativas que se tomaba la empresa eran gravosas para Panamá. Por ejemplo: expropiación de tierras; restricción del espacio aéreo; extensión de concesión de tierras; vigencia del contrato por 20 años prorrogables; pago mínimo de 375 millones de dólares.

Estas condiciones causaron cierta conmoción que se trató se dirimir con un par de consultas públicas digitales, realizadas a través de portales no oficiales. Alguna dio a favor del proyecto y otras en contra; obedeciendo más que nada ala capacidad de movilización de las posturas en pugna.

Ante esto, un grupo de diputados panameños que conforman la Comisión de Comercio decidió suspender la discusión del proyecto y recomendó al Ejecutivo retirarlo. El Gobierno lo hizo y al mismo tiempo renegoció el contrato con la minera canadiense.

Según el gabinete presidencial, los nuevos términos tenían una serie de importantes modificaciones. Entre ellas, la eliminación de la cláusula que permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo; la eliminación del derecho de solicitar expropiación y de impugnar títulos considerados ilegales; la eliminación del derecho de Minera Panamá de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido; la eliminación de utilizar el contrato como referencia para otras concesiones minerales; se establecieron mayores restricciones territoriales al ámbito de la operación, y para que sólo extraiga cobre.

El contrato con estas modificaciones entre otras, fue presentado el lunes 16 de octubre en el pleno de la Asamblea Nacional. Dos días después se trató en primer debate, y fue aprobado. Al día siguiente, el jueves 19 de octubre, la discusión en segundo debate se extendió al punto que debieron aprobar una sesión extraordinaria para continuar la discusión en tercer debate, para el viernes 20 de octubre.

Tal como se expuso, ese vienes los diputados aprobaron el polémico contrato que supuestamente tenía las mencionadas modificaciones. Sin embargo, cosa que no fue negada por el oficialismo, el texto incorporado para debatir a último momento, en su contenido era en un “98% igual al original”.

A eso debe sumarse que horas después, con inusitada rapidez, el propio viernes 20, la Ley 406 fue publicada en Gaceta Oficial.

De allí el escándalo que luego de una semana llevó a Cortizo a querer convocar a una consulta pública en el medio de múltiples denuncias de inconstitucionalidad.

Tanto la oposición, como una parte importante de sindicatos y organizaciones populares, manifestaron que se mantendrán “en las calles hasta que se revoque el leonino contrato. No habrá mesa de diálogo. La exigencia del pueblo es clara: derogar la Ley vendepatria que permite el robo de recursos naturales”.

Cuando Canadá nos visita en Nuestra América hace esas cosas. Máxime cuando hay socios locales y cipayos de variado pelo. Además, como siempre decimos, si los canadienses avanzan es porque la Corona británica apoya la medida.

Fuentes: La Estrella / Prensa Latina / TV N2