En la Legislatura provincial hay dos proyectos que los impulsan, lo que denota cierto consenso en la clase política para aprobarlos. El sindicato de trabajadores viales se opone. Las entidades agropecuarias, demandan un marco jurídico que respalde a los futuros Consorcios.

Redacción

En la provincia de Entre ríos el tema tiene larga cola, y hace tiempo que la política local lo pone y saca de la agenda de discusiones en función de las diferentes coyunturas. En los últimos años, ha sido un tema que se reflota en contextos de proximidad electoral.

Se trata de la iniciativa de las entidades agropecuarias de formar “Consorcios Camineros” encargados de llevar adelante el mantenimiento y mejoras de los caminos rurales de la provincia. Un tema que no sólo es patrimonio entrerriano, sino de las provincias y regiones con intensa actividad rural. De hecho en provincia de Buenos Aires cada tanto asoma el asunto, aunque luego terminan pidiendo la financiación del Gobierno para la realización de obras.

En Entre Ríos, uno de los proyectos es impulsado desde lo formal por el PRO y otro por el Frente Justicialista CREER. En el marco de la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la legislatura provincial, desde ese último espacio, se manifestó que no es un tema nuevo para los entrerrianos, sino que “la necesidad de creación de los consorcios camineros se remonta a los inicios de la Dirección Provincial de Vialidad, hace casi 90 años”, afirmó el legislador Néstor Loggio. Afirma asimismo que el proyecto presentado, mantiene “la centralidad de Vialidad y plantea la figura del consorcista de representación necesaria”.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se destacó que actualmente no hay impedimentos administrativos para la conformación de consorcios. La Federación Agraria de Entre Ríos, manifestó que es necesario “un marco jurídico que dé respaldo a estas organizaciones – los consorcios – y clarifique la cuestión de los recursos”. Desde el gremio que nuclea a los trabajadores viales rechaza la iniciativa y afirma que se trata de “una privatización encubierta”.

Desde el PRO, se propone el sistema a fin de agilizar y transparentar las obras, y darle organicidad a un sistema para mejorar sustancialmente la trama vial para la producción y para las familias rurales”; y define a los Consorcios Camineros como “asociaciones sin fines de lucro constituidas por grupos de productores o vecinos asociados voluntariamente para conservar o mejorar los caminos de la red vecinal o rural”.

Desde el justicialismo, se defiende la iniciativa, argumentando solamente se trata de “la modificación de la distribución actual de los recursos de Fondo de Desarrollo – Conservación Vial, estableciendo un sistema de distribución total de dicho fondo entre Zonales de vialidad y Consorcios constituidos, en virtud y relación a la cantidad de kilómetros mantenidos, y de acuerdo a las características del suelo y del clima de su región, como forma de garantizar a estas entidades la existencia de créditos presupuestarios destinados exclusivamente a los convenios de estos con la Dirección Provincial de Vialidad».

Si bien los fondos estarán bajo control de Vialidad, formarán parte de los convenios de mantenimiento que se establezcan, como una base mínima que se podrá reforzar con mayores aportes de la DPV, cuando las características del trabajo a realizar así lo requieran y las partes lo acuerden. Al mismo tiempo se encargaron de remarcar, que “el aporte que los consorcistas y vecinos deben realizar – en recursos materiales y trabajo de gestión – pueden obtenerse a partir de la realización de obras a otros organismos y privados.

La denuncia de “privatización encubierta” tiene algo se asidero. La DPV entrerriana fue desfinanciada y en cuanto al servicio rural la afectación de personal a esas tareas disminuyó un 60%; y no hay dotación de maquinarias suficientes.

Si bien la figura de un Consorcio no implica propiedad, la administración de lo que ocurra con los caminos queda en manos de ellos. Un disparate de índole logístico cuya motivación de fondo es la de no pagar tasa rural y/o vial de mantenimiento; o bien, que los frentistas se hagan de la bolsa de dinero que implica la recaudación de dicha obligación.

Los Consorcios Camineros que funcionan en otros lugares del país (Córdoba, Mendoza, Santa fe) así lo certifican. Las redes de caminos rurales poseen los problemas lógicos que acarrea el modelo productivo asumido por Argentina desde fines de la década del ’60: eliminar el transporte ferroviario, y sacar de manos del Estado, una actividad geopolíticamente estratégica para una nación productora de materias primas como Argentina, como son el flete, la maniobra y el almacenamiento.

Fuente: Legislatura de Entre Ríos / APFDigital