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La cartera de Ambiente del gobierno nacional, aprobó el informe de impacto ambiental de Equinor/Shell para la exploración offshore en Mar Argentino y fue presentado a requerimiento judicial. De prosperar, además del daño a las ballenas, se le sigue entregando territorio, logística y recursos a Inglaterra.

Redacción

A través de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (AyDS) que conduce Juan Cabandié, aprobó mediante Resolución 7/22 el Estudio de Impacto Ambiental Complementario (EIAC) presentado ante la justicia en el marco de la causa Exploración Offshore que el intendente de Mar del Plata y civiles han iniciado contra el Estado Nacional.

Entre los argumentos esgrimidos en la resolución publicada el lunes, se destaca que, en el EIAC, se han ratificado los estudios realizados en el informe previo, pero también se han realizado modificaciones. Entre ellas, que a partir de ahora, las tareas de control estarán bajo la órbita de este Ministerio y no del de Economía, como lo habían aprobado anteriormente; y se deberán esperar 24 meses antes de realizar una nueva prospección en la misma zona y solo si la información recolectada previamente no ha sido suficiente. Así, desde el Ministerio, se considera estar haciendo lugar a los requerimientos del sector pesquero, expresados en la última consulta popular respecto de la valoración de los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos.

Respecto de los requerimientos realizados por la justicia referidos al cumplimiento de normas sobre la preservación de la Ballena Franca Austral, señalaron que se han cumplido y que se ha ampliado el Plan de Gestión Ambiental con la incorporación de observadores locales. Ahora, el juez Santiago Martín quien deberá ahora definir si las medidas incorporadas satisfacen las demandas realizadas para garantizar la sustentabilidad del proyecto.

Por otra parte, la cartera de Ambiente, explicita en la resolución que “se requirió a Equinor la realización de un informe complementario al estudio de impacto ambiental aprobado, actualizando el mismo e incorporando la valoración de los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos para el ámbito espacial y los plazos temporales de la campaña”. De allí, la indicación de que entre estudio y estudio transcurra un lapso no menor a 24 meses.

Respecto de la preservación de la Ballena Franca Austral, la Cámara ordenó que se diera intervención a la Administración de Parques Nacionales para evaluar y velar por el cumplimiento de la legislación vigente y los pactos internacionales. Ambiente, dijo al respecto, que dio intervención al organismo, solicitándole su opinión sobre los distintos estudios de impacto ambiental en trámite; y entretanto, “Equinor procedió a actualizar y mejorar las medidas de mitigación y los programas del Plan de Gestión Ambiental (PGA)”, esencialmente en lo referido a fauna marina y operadores del monitoreo, contratándose personal local. Asimismo, la multinacional dejó constancia que articulará acciones y cooperará con la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina y “con los actores jurisdiccionales que esta última considere”.

Resta ahora que se expida el Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Mar del Plata, luego de analizar si las modificaciones propuestas por el Ministerio de Ambiente y la petrolera Equinor cumplen o no con las exigencias emanadas de la sentencia de Cámara, realizadas con el objeto de dar cumplimiento a los protocolos internacionales de la actividad sísmica en alta mar.

Quienes se oponen al proyecto por los cuestionamientos ambientales, seguramente iniciarán alguna otra acción que les permita “ganar tiempo” aunque desde el Gobierno Nacional y las impresas involucradas en el proyecto (YPF, Equinor y Shell), confían que con lo presentado al juzgado sería suficiente.

Lo que ninguna de las partes está poniendo sobre el tapete, e incluso se esfuerzas por esquivar los planteos al respecto, es el hecho de que permitiendo la presencia de empresas de origen o aliadas a la influencia británica – como la noruega -, la presencia inglesa en nuestras aguas explorando nuestros recursos, refuerza el enclave cada vez más consolidado en Malvinas, islas del Atlántico Sur y la puertas orientales del Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake; sin contar con la proximidad hacia la Antártida.

Con esto queremos decir que la plataforma offshore, no es solamente una cuestión de petróleo o ballenas; es una cuestión geopolítica que perjudica a los intereses del pueblo argentino pone en riesgo tanto al territorio como a los recursos estratégicos de la Nación.

Fuente: Boletín Oficial de la Nación

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