El presidente peruano enfrentará – al igual que sus últimos antecesores – un proceso de destitución, luego que desde la oposición enviaran la denuncia constitucional al Congreso.

Redacción

El pueblo peruano es un hermano nuestro. Por tanto, lo que sucede en su seno genera preocupación. Independientemente de quién gobierne, y visto desde afuera, pareciera que los sectores de la comidilla política de Perú, han adoptado como deporte nacional el destituir presidentes.

No es una cuestión de defender una democracia en la cual no vivimos, de un país donde no residimos. Pero, es curioso que a los últimos mandatarios se los haya desplazado de la misma forma, al poco andar de comenzar sus gestiones, y con un mecanismo casi calcado: corrupción colusión, tráfico de influencias… Obviamente, y respetando el proceso político e institucional del país hermano, permitan que desde esta Redacción se comparta el asombro.

En cuanto a lo informativo, y según fuentes oficiales de las instituciones peruanas, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó días atrás un denuncia constitucional contra el presidente del país, Pedro Castillo. El Gobierno, por su parte, acusa a la gestión del Ministerio Público politizarse para para “impulsar un golpe de Estado”.

Benavides envió la denuncia constitucional al Congreso, en la que señala al Presidente como presunto autor de delitos de corrupción. Hasta el momento, y más allá que hayan estimado que el proceso – más allá del resultado – tardará alrededor de 90 a 100 días, los distintos órganos de gobierno han mantenido el respaldo al presidente. Por un la lado, la ministra de Cultura peruana, Betssy Chávez, pidió este jueves a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), órgano encargado de nombrar, ratificar y cesar a los fiscales, que destituya a la fiscal de la Nación.

El pasado viernes, la denuncia fue recibida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Resta esperar diez días hábiles para que se elabore un informe de calificación que marcará si esta es procedente o improcedente; es decir, si cumple los requisitos que establece el Legislativo para ser admitida como tal.

El día anterior, el jueves 13, Castillo presentó un recurso de amparo contra el control “arbitrario” y “anticonstitucional” del Congreso, que ya está en manos de la Justicia peruana. El mismo día, el Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró la incompetencia para resolver el recurso y elevó la demanda a la Sala Constitucional.

Es decir, pateó el amparo para el costado, alegando que según el corpus normativo de la la Nación, tales demandas que se interponen contra decisiones de órganos del Parlamento son competencia de “la Sala Constitucional o, si no lo hubiere, la sala civil de turno de la Corte Superior de Justicia respectiva”.

Entretanto, el presidente Pedro Castillo criticó que el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder lo considere cabecilla de una organización criminal tras recopilar la versión de los colaboradores que fueron cercanos a su Gobierno, y desplazados durante el trascurso del mismo.

Fuente: RPP / La República